La hora de la justicia

Dos años después del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, mientras regresaban de una misión humanitaria en Afganistán, podemos decir que se sabe algo de la verdad. Se sabe, por ejemplo, que los militares fueron sometidos a un peligro innecesario, por un concepto de la disciplina militar mal entendido, al obligarles a volar, en contra de su voluntad, en unos aviones estropeados sobre los que habían escrito numerosas quejas a las que sus mandos no prestaron atención.

También se sabe que el avión incumplía la normativa y jamás debió ser autorizado a despegar; que la tripulación, carente de la capacitación y experiencia necesarias para ese viaje, funcionó como era moneda corriente en su proceder, es decir, elaborando un plan de vuelo falso y excediendo las horas de actividad permitidas para evitar la fatiga.

A estas alturas, se conoce de sobra que se faltó al respeto mínimo debido a los difuntos; que el Gobierno de entonces nos dio información falsa a los parientes de las víctimas; que ni el fiscal ni la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios quisieron investigar el caso y que fueron las familias las que tuvieron que poner sobre la mesa pruebas incontestables acerca de los innombrables errores cometidos con los restos mortales de nuestros seres queridos.

Nadie puede ya alegar ignorancia. Todo el mundo sabe que en el funeral celebrado en la base aérea de Torrejón el 28 de mayo de 2003 por la tarde había 30 cadáveres no identificados; que al Rey se le obligó a condecorar erráticamente féretros de militares con los nombres cambiados; que los generales que se responsabilizaron de las tareas de identificación y repatriación de los cuerpos fueron premiados jerárquica y económicamente inmediatamente después de sus desastrosas gestiones por el entonces máximo responsable del Ministerio de Defensa, Sr. D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Se sabe que el entonces ministro sigue siendo diputado y no ha sido reprobado por el Parlamento, a pesar de que le mintió en el caso Yak-42. Se sabe que los militares defendían a todos los españoles y no a ningún color político en particular. Se sabe que hubo seis empresas subcontratadas, que ha desaparecido un contrato y hay otro con el precio borrado; que, además de la desidia en la inspección, la técnica de la "subcontratación infinita" es el terreno abonado para que algún Judas pudiese vender la seguridad de nuestros militares por un puñado de euros; se sabe que, inexplicablemente, ahora como antes, la investigación judicial tropieza con obstáculos y parece empeñada en pasar de puntillas sobre este caso sin entrar al fondo del asunto; se sabe que hubo más responsables de este desastre que los dos generales imputados... Sí, todo esto se sabe, y es una verdad tan amarga como trágica. Pero, ¿qué falta entonces?

Falta un elemento vital. El homenaje de la verdad es un auténtico homenaje, por duro que resulte, pero es fragmentario, sesgado y absurdo, si no se completa con la justicia. Ahora es el turno de la Audiencia Nacional; la hora de la judicatura y de la fiscalía... Ellos también murieron por servir y defender a sus jueces y fiscales. Sírvanles ustedes lo que les falta y se merecen: Justicia.

Alfonso Agulló Canda es presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo del Yak-42