Miles de trabajadores bolivianos toman las calles de La Paz

Al menos 12.000 campesinos, indígenas, mineros y maestros rurales bolivianos tomaron ayer La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y que se ponga fin a los deseos de autogobierno de la rica provincia de Santa Cruz. Los cruceños ya han convocado su propio referéndum autonomista para el 12 de agosto, lo que ha provocado la ira de los sectores sociales representados por el Movimiento al Socialismo (MAS), la Central Obrera Boliviana (COB) y los comités de ciudadanos de la ciudad dormitorio de El Alto, principales organizadores de la marcha de ayer

El recelo entre el Altiplano y el este del país se agudiza día a día

Los manifestantes acusaron al presidente boliviano, Carlos Mesa, de no hacer nada para evitar la división territorial y algunos, los más radicales, piden su dimisión. Los paceños, acostumbrados desde hace meses a las multitudinarias manifestaciones que bloquean la ciudad, aprovecharon las primeras horas para llegar a sus trabajos. A las diez de la mañana (16.00 horas en la España peninsular) ya estaba cortada la principal carretera de acceso a La Paz desde El Alto, la díscola población que rodea la sede gubernamental y que debido a las huelgas podría paralizar y aislar la capital por tierra y aire (el aeropuerto está en El Alto). El alcalde paceño, Juan del Granado, decía ayer "que La Paz pierde 1,5 millones de dólares por cada día de manifestación".

El MAS, encabezado por el indigenista Evo Morales, llegó a la ciudad alrededor del mediodía con sus seguidores tras una marcha de más de una semana desde Caracollo (180 kilómetros al sureste de La Paz) para exigir que no se permita la celebración del referéndum de Santa Cruz, por lo menos no antes de que esté constituida la Asamblea que debe reformar la Constitución para atender a las demandas de autonomía provinciales. Morales también quiere una reforma que endurezca la Ley de Hidrocarburos, aprobada hace una semana.

En el asunto del debate autonómico, la reivindicación de los organizadores más radicales de la protesta, la COB y las llamadas Juntas Cívicas de El Alto (una organización vecinal con gran fuerza), coinciden con la de Morales. En la cuestión de los hidrocarburos, sin embargo, tanto los trabajadores como los vecinos de El Alto exigen la nacionalización del sector del petróleo y del gas y la dimisión del presidente Mesa. El líder de la COB, Jaime Solares, así como el de las Juntas, Abel Mamani, acusan a Mesa de "entregarse a las petroleras" y de no hacer nada ante el avance del proyecto autonomista de la provincia Santa Cruz, que consideran secesionista, al que también se le ha unido la de Tarija. A las exigencias de la COB y de los vecinos de El Alto se sumaron ayer 3.500 maestros rurales, que además pedían incrementar el presupuesto para educación.

Los distintos dirigentes de los frentes sociales reunieron a su gente -unas 12.000 personas, según el viceministro del Interior, Adrián Oliva- en la céntrica plaza de San Francisco pasado el mediodía para acercar las posiciones y coordinar las acciones. Los miembros de la COB son los más duros. Agentes de la policía apostados en los alrededores del palacio presidencial señalaron que sus activistas habían provocado los pocos incidentes violentos que se habían registrado hasta la media jornada de ayer. Mientras, dentro de la casa de Gobierno, el presidente Mesa mantuvo reuniones urgentes con su Gabinete. El ministro del Interior, Saúl Lara, dijo a la entrada del palacio presidencial que "la situación en el país está bajo control".

El Comité Cívico de Santa Cruz, que reúne a políticos, empresarios y ciudadanos influyentes cruceños, va por libre y, aprovechando la pasividad del Ejecutivo central, ya ha convocado para el 12 de agosto su referéndum para la exigir autonomía coincidiendo con la elección de los representantes de la Asamblea Constituyente en todo el país. La principal crítica de los movimientos sociales, en especial del MAS, a esta táctica de los cruceños es que si los delegados de Santa Cruz se presentan a debatir la reforma constitucional sabiendo el respaldo popular que tiene su proyecto autonómico, entonces ya no será una negociación entre iguales. Morales llegó a pedir ayer "la intervención militar para frenar a los oligarcas que quieren dividir Bolivia".

El recelo entre las principales provincias del Altiplano boliviano (La Paz, Oruro y Potosí) y las del este del país (Santa Cruz y Tarija) se agudiza día a día. Los habitantes del oeste pobre y con una industria minera en declive son los que componen el grueso de las movilizaciones en contra de la división territorial. En los discursos que ayer se escuchaban en la plaza de San Francisco quedaba patente que una mitad de Bolivia cree que la otra quiere separarse para quedarse con la riqueza de los hidrocarburos, cuando durante todo el siglo XX fue la minería del Altiplano la que financió el desarrollo cruceño. Aquí es donde se juntan todas las reivindicaciones, ya que buena parte de la riqueza cruceña procede del gas y el petróleo. Santa Cruz es la primera productora de hidrocarburos y también la principal zona agrícola y ganadera. Aporta casi el 35% de los 8.000 millones de dólares de PIB del país.

Ante el calentamiento de los ánimos en La Paz, el Ejército boliviano decidió publicar un comunicado para expresar su "preocupación por las tensiones regionales", confirmó su apoyo "al Gobierno legítimamente constituido" y advirtió de que "garantizará el orden social". Los militares han hecho un llamamiento "al diálogo en el marco del mutuo respeto" y recuerdan que "la voluntad mayoritaria tiene que manifestarse a través de los mecanismos constitucionales".