La ley que divide a Bolivia

La ley de Hidrocarburos boliviana aprobada por el Congreso el martes, tras 10 meses de debate, ha provocado un profundo malestar social, empresarial y político; ha reavivado las diferencias y los prejuicios regionales y, sobre todo, ha acentuado la inestabilidad del país. La normativa, además de regular un sector clave, se ha situado en el centro de la pugna por el poder político y económico. El petróleo y el gas son los principales recursos económicos de Bolivia, el país más pobre de América del Sur con dos tercios de sus más de ocho millones de habitantes por debajo del nivel de pobreza. Las reservas de gas son las segundas mayores de Suramérica, detrás de Venezuela, y las de petróleo son las quintas más abundantes de la región.

La actividad de la empresa brasileña Petrobras representa el 20% del PIB boliviano

Los sectores populares que exigen la nacionalización del gas ganan apoyo

Toda esta riqueza en hidrocarburos afloró en los últimos nueve años, a partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) llevada a cabo por el Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada. YPFB fue dividida en varias compañías y ofrecida a la inversión privada. La petrolera estatal mantuvo un papel representativo, como gestor y fiscalizador del negocio, y suscribió con 25 grupos extranjeros unos 70 contratos para la explotación del gas natural y petróleo. Las compañías foráneas adquirieron todos los derechos sobre las distintas etapas del negocio (exploración, producción, distribución y exportación) a cambio de una regalía del 18% y un 34 % sobre los beneficios, fiscalmente deducibles. Entre 1996 y 2004, los grupos extranjeros invirtieron unos 3.500 millones de dólares, casi la mitad del PIB boliviano.

"El aumento de la producción de gas gracias a la financiación privada permitió a Bolivia cumplir con el contrato de suministro a Brasil", explica Carlos Alberto López, un analista del sector. "Teníamos en 1996 una necesidad urgente de aumentar las reservas y se consiguió. En contra de lo que se dice, la carga fiscal de los contratos firmados entonces ya estaba entre las más altas de la región. Sólo en concepto de regalías era más alta que las de Brasil, Argentina o Trinidad y Tobago, otros grandes productores", añade. "Lamentablemente, el manoseo político del sector en los últimos años ha echado por tierra el desarrollo del recurso más importantes de Bolivia", concluye López.

El "manoseo" al que se refiere el analista arranca en 2003 con el proyecto de exportar gas boliviano a EE UU a través de un puerto chileno. El plan, puesto en marcha durante la segunda legislatura de Gonzalo Sánchez de Lozada, reavivó los sentimientos nacionalistas más radicales, que se resistieron a que Chile se beneficiara de un oleoducto construido sobre las tierras arrebatadas a Bolivia tras la guerra de 1878, y por la que perdió su salida al mar. En octubre de 2003, tras una revuelta que se saldó con 70 muertos y más de 200 heridos, conocida como la guerra del gas, Sánchez de Lozada huyó del país y su sucesor, Carlos Mesa, convocó el referéndum del gas en julio de 2004, punto de partida de la ley aprobada el martes.

Para Carlos Alberto López, la nueva normativa resta protagonismo al sector privado y pone sobre sus espaldas todo el riesgo, además de castigar la inversión con una carga fiscal real del alrededor del 64% (entre regalías e impuestos especiales y directos). "En Bolivia nos repartimos el gas antes de sacarlo, y para eso se necesita una inversión de 1.800 millones de dólares que, con la nueva ley, difícilmente obtendremos", concluye. López coincide con otros expertos en que la excesiva presión fiscal impulsará a las petroleras a dejar de explorar en campos menos rentables y que esto se agravará si los precios del crudo y el gas bajan de los actuales niveles récord o se reduce la demanda de países como Argentina o Brasil, ya sea porque consumen menos o buscan los recursos en otra parte. Sólo la actividad de Petrobras en Bolivia representa el 20% del PIB del país. Si la petrolera estatal brasileña reduce sus inversiones, como ya ha anunciado, los ingresos públicos menguarán, lo que representa una seria amenaza para la economía boliviana. Por otra parte, estos expertos creen que la imposición sobre las petroleras para que modifiquen los contratos, que deberá hacerse en 180 días, acarreará un sin fin de demandas contra el Estado.

Carlos Arce, especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, opina que "había una necesidad real de aprobar una nueva ley de hidrocarburos porque la vieja dejaba en manos de las empresas todas las ganancias". Además, sostiene que la normativa "no es tan perjudicial para las petroleras como algunos sectores la pintan". Arce cree que el Ejecutivo de Mesa suavizará mucho la ley a través del reglamento y que permitirá que las compañías deduzcan fiscalmente el pago de los tributos. Por otra parte, la nueva norma, según Arce, aún "deja en manos de las petroleras la fijación de precios y no pone límites al volumen de exportaciones". Este experto asegura que sólo a las pequeñas empresas puede perjudicar esta ley, y no a Repsol YPF, Petrobras o la franco-belga Total.

Los movimientos indigenistas encabezados por Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya han advertido al Gobierno de Mesa de que debe trasladar la ley al reglamento sin alterar el "espíritu" de la norma. Al mismo tiempo, el MAS impulsa la revisión de los dos puntos que mencionaba Arce: la fijación de precios y los límites a la exportación. Los representantes de estos movimientos han dicho que si con la antigua ley el Estado recaudaba unos 280 millones de dólares anuales en impuestos petroleros, con la nueva tiene que ingresar más de 600 millones. Arce reconoce que los sectores populares que exigen la nacionalización de los hidrocarburos ganan apoyo día a día. Dentro de lo que queda de la estatal YPFB hay un grupo, según el analista, que simpatiza con la idea de crear una petrolera pública que pueda asociarse a la venezolana PDVSA o la argentina Enarsa.

Los hidrocarburos han supuesto un gran respaldo para los Gobiernos de Venezuela, México, Argentina, Brasil, Colombia e incluso Ecuador, puesto que a pesar de que los movimientos sociales derrocaron al ecuatoriano Lucio Gutiérrez, no fue por una crisis económica, sino por el malestar político. El barril de crudo ha pasado de 10 a 50 dólares desde 1998 y el del gas se ha revalorizado un 350%, lo que se ha traducido en ingentes sumas de dinero a las arcas públicas.