Las petroleras y los trabajadores acosan al presidente Carlos Mesa en Bolivia

El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, tiene problemas. Por un lado, las compañías petroleras, perjudicadas por la Ley de Hidrocarburos aprobada el martes, advierten de que reducirán sus inversiones e incluso que estudian demandar al Gobierno por el incumplimiento de los contratos. Desde otro flanco, crece la presión de los movimientos indígenas, campesinos y mineros que llegan a La Paz para manifestarse en favor del endurecimiento de la ley energética y para frenar el debate sobre la autonomía de la rica región de Santa Cruz.

La situación es crítica. Hay varias disputas abiertas y el Gobierno no parece capaz de resolverlas. El presidente Mesa delegó en el Parlamento la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y aunque pretende pasar página de ese conflicto con un plan para impulsar la economía nacional, ni las petroleras, por un lado, ni los movimientos sociales, por el otro, están dispuestos a dar carpetazo a la cuestión de los recursos energéticos. Para empeorar la situación, el Congreso, sin dejar que se calmen los ánimos tras el debate y aprobación de la polémica ley, ha iniciado el debate para la creación de autonomías, un asunto que muchos bolivianos rechazan porque consideran que certifica la división territorial. La sesión parlamentaria del miércoles por la tarde, que trató la cuestión autonómica, acabó como el rosario de la aurora.

Los paceños consultados en los puestos de la calle del Comercio, en la Universidad Mayor de San Andrés y en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentra el palacio presidencial, coinciden en el diagnóstico: la situación va de mal en peor. Dicen que Mesa es un indeciso y que Evo Morales, el caudillo del Movimiento Al Socialismo y de las manifestaciones campesinas e indígenas, es un agitador. Aseguran estar cansados de tanta protesta y de tantos cortes de carreteras, y preocupados por la profunda división del pueblo boliviano.

La Paz volvió a sufrir ayer ese descontento: un millar de manifestantes, sobre todo mineros, desfilaron por la capital exigiendo mayor dureza en la Ley de Hidrocarburos y la defensa de la unidad del país. La marcha no fue especialmente violenta, pero los manifestantes se dedicaron a arrojar cachorros de dinamita (la quinta parte de un cartucho) al pavimento. Antes, según la policía, usaban cachorros pequeños, pero ahora algunos emplean casi medio cartucho.

Los mineros piden más severidad en una ley que, para otros, es excesiva. La ministra de Minas y Energía de Brasil, Dilma Roussef, adelantó el miércoles por la noche a la agencia Folha que, aunque la compañía brasileña "Petrobras no tiene ningún interés en retirarse de Bolivia, sí habrá un escalonamiento de los proyectos". Un portavoz de la petrolera estatal brasileña en Bolivia confirmó ayer que la empresa "estudiará minuciosamente sus planes de inversión a medida que calcule con más exactitud el impacto de la nueva ley".

La normativa aumenta la intervención del Estado en el negocio petrolero y crea un nuevo impuesto del 32% sobre la producción y mantiene otro tributo del 18% sobre las regalías. Ninguno de estos pagos es fiscalmente deducible. Petrobras, que desde 1996 ha invertido unos 1.500 millones de dólares en Bolivia, aporta el 20% del PIB boliviano (8.000 millones de dólares).

Fuentes del sector petrolero argentino comentaron que se plantean buscar alternativas a la compra del gas boliviano en vez de aumentar el volumen de las importaciones, como se tenía previsto antes de la promulgación de la ley. Todo está congelado: ni más exploraciones, ni gasoducto a Argentina y, mucho menos, la salida del gas al Pacífico para exportarlo a EE UU. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina a las empresas del sector, ha informado de que "las compañías no ejecutarán los planes de inversión previstos".

Además, cuando todo apunta a que los ingresos del Estado se verán mermados por la menor actividad energética, Mesa presenta un ambicioso plan económico, calificado de "irreal" por los sectores empresariales, sociales y políticos. El Gobierno quiere consolidar un crecimiento anual del 5%, crear 70.000 empleos anuales e impulsar fuertemente las exportaciones.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, dijo que el "plan se presenta en un momento en el que no hay paz social ni confianza en el presidente". Lo dijo antes de que en el Congreso, tanto dentro como fuera del hemiciclo, se desataran los enfrentamientos entre los partidarios de la autonomía regional -una petición de Santa Cruz y Tarija (los más beneficiados por las exportaciones de gas)- y dirigentes sindicales contrarios a la división territorial.