El Estado ha pagado los 240 millones de la reparación de Aznalcóllar

El Gobierno y la Junta de Andalucía han pagado los 240 millones que ha costado la reparación del vertido de Aznalcóllar. La empresa sueca Boliden, propietaria de la balsa de lodos tóxicos que se rompió en 1998 y causó el mayor desastre ecológico hasta entonces, ha declarado en quiebra a su filial en España y no ha pagado las multas impuestas por la Administración. El Tribunal Supremo ha confirmado que debe pagar 43,7 millones al Gobierno, que no ha abonado. La Junta intenta, por el momento sin éxito, embargar sus bienes en el extranjero.

El 25 de abril de 1998 se rompió la balsa minera que la empresa Boliden Apirsa tenía en Aznalcóllar (Sevilla). La balsa liberó seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y agua ácida al valle del Guadiamar. El Estado empezó a pagar la reparación mientras buscaba en los juzgados que pagase Boliden.

El Consejo de Ministros impuso en agosto de 2002 la mayor multa por un vertido: 45,06 millones de euros a la filial española, Boliden Apirsa. La empresa recurrió poco antes de declararse en quiebra. En noviembre de 2004, el Tribunal Supremo rebajó la multa a 43,7 millones. Fuentes del despacho Garrigues, que defiende a la empresa, confirmaron que no ha pagado: "Boliden Apirsa está en quiebra. Su único capital es la demanda que ha formulado contra Dragados (hoy ACS), Intecsa y Geocisa, a las que considera responsables de la rotura de la balsa y mientras no llegue esa sentencia no podrá pagar". Estas fuentes añaden que con el expediente de quiebra, la empresa saldó sus deudas.

La Junta de Andalucía optó primero por la vía penal contra la empresa. Perdió allí y en la vía civil. Luego, recurrió a la contencioso-administrativa contra la matriz sueca Boliden, no contra la filial española. En agosto de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una fianza de 108 millones que Boliden nunca ha pagado. La Junta abrió una vía de apremio para intentar embargar los bienes de la empresa fuera de España, porque en España no le quedan.

Tras el desastre, la Junta de Andalucía creó un seguro para las balsas mineras con el fin de cobrar en caso de vertido.