Miles de refugiados cruzan la frontera de Uzbekistán para escapar de la represión
El Ejército sella los accesos a la ciudad de Andiyán, donde estalló la revuelta islamista
Andiyán vivió ayer un día relativamente tranquilo y de luto. Los accesos a esta ciudad uzbeka del valle de Ferganá continuaban bloqueados por el Ejército, y los soldados mantenían el control de la ciudad y patrullaban las calles céntricas. Muchos vecinos dedicaron el domingo a buscar a sus familiares desaparecidos y a sepultar los cuerpos identificados. En la Escuela Número 15 de Andiyán había unos 500 cadáveres, según declaraciones de una doctora recogidas por diversas agencias. Miles de personas cruzaron ayer a Kirguizistán después de que este país abriese sus fronteras.
La escuela permanecía bloqueada por policías y soldados, mientras la gente desesperada, buscaba a sus seres queridos entre los cadáveres alineados en el patio. La operación militar realizada el viernes por orden del presidente Islam Karímov habría dejado, además, unos 2.000 heridos, según cálculos de la doctora que, atemorizada, habló en condiciones de anonimato.
La plaza principal, donde en los días anteriores se habían manifestado miles de personas, ayer permanecía vacía y, según algunos habitantes locales, estaba rodeada por blindados y policías. Poca gente se veía en las calles, excepción hecha del lugar donde se encuentra la morgue: también allí los vecinos llegaban en busca de sus familiares. La comprobación independiente de las cifras de muertos es prácticamente imposible: a la entrada de los hospitales y la morgue hay gran número de policías y soldados, que piden documentos a todos y no dejan pasar a nadie que no esté empadronado en la ciudad. Las autoridades han expulsado a los periodistas de Andiyán y a lo largo del país mantienen un férreo control de la información; los uzbekos ahora ni siquiera pueden ver la televisión rusa.
En las regiones fronterizas la situación se va normalizando. En la zona de Kará-su (Agua negra), donde ayer hubo desórdenes que terminaron con incendios de algunos edificios administrativos, las autoridades han cedido a las exigencias de la población de abrir la frontera. La ciudad que antes de la desintegración de la URSS formaba una sola unidad, fue dividida entre una parte uzbeka (Ilichovsk) y una kirguiza (Kará-su), dividida por el río Shajrijansái. El puente que los unía, fue destruido y ahora los habitantes del sector uzbeko lo reconstruyeron con sus propios medios para poder huir a territorio kirguizo en busca de refugio. Kirguizistán ha decidido permitir el cruce de la frontera, pero los uzbekos son registrados minuciosamente al otro lado del río para evitar que se infiltren extremistas armados. El régimen de libre paso continuará durará mínimo cinco días, según las autoridades kirguizas, lo que se espera sea suficiente para que puedan cruzar las miles de personas que esperan en el lado uzbeko.
Mientras tanto, a la localidad de Barash, adonde lograron cruzar el sábado más de 500 uzbekos, han llegado ya representantes de la Cruz Roja. Al menos 15 refugiados uzbekos han sido hospitalizados con heridas de bala.
Los desórdenes que comenzaron en la madrugada del viernes fueron provocados por el juicio contra 23 empresarios locales, que estaban acusados de pertenecer a la secta extremista Akromia, de terrorismo e intento de golpe de Estado. En los días anteriores había habido multitudinarias manifestaciones exigiendo su libertad. En la noche del jueves al viernes, una treintena de extremistas atacó primero un puesto de policía y luego una unidad militar, y con las armas allí recogidas se dirigieron a la cárcel, donde dejaron salir a todos los presos.
Ya a las siete de la mañana del viernes el presidente Karímov estaba en Andiyán. Las negociaciones con los rebeldes que se habían atrincherado en la sede de la Administración provincial estuvieron a cargo del ministro del Interior, Zakir Almátov. Karímov afirma que a los extremistas se les ofrecieron autobuses para que pudieran abandonar la ciudad llevando sus armas. Pero según Kalbudzhón Parpíyev, uno de los líderes de las protestas, el ministro no tenía intención de negociar; por el contrario, en su conversación telefónica se habría mostrado prepotente y les habría dicho que no le importaba si perecían "200, 300 o 400 personas". Ante la negativa de los rebeldes a rendirse, Karímov dio la orden de aplastarlos, después de lo cual regresó a la capital, Tashkent. Los principales organizadores lograron huir.
Curiosamente, muchos de los delincuentes que fueron liberados por los extremistas el viernes, se han dirigido a la policía con intención de entregarse y volver a la cárcel. Pero les han dicho que se registren y que regresen a sus casas. "Esperen hasta que los llamemos; igual no tenemos que alimentarlos en la prisión", explicó un policía que dio a un delincuente un documento certificando que éste había ido voluntariamente a entregarse a la justicia.
Llamadas a la moderación
EE UU y Reino Unido, dos países que han sido acusados de apoyar al régimen impuesto por el presidente Karímov en Uzbekistán dentro de la guerra contra el terrorismo, han realizado llamamientos a la moderación.
EE UU mostró su preocupación a través del portavoz del Departamento de Estado Richard Boucher, "principalmente por la fuga de presos, en particular de posibles miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán, una organización que consideramos terrorista". Boucher pidió "moderación", para "evitar innecesarias pérdidas de vidas". Karímov ignoró esa recomendación, porque sabe que aunque EE UU critica las violaciones de derechos humanos, no dejará de apoyar a Uzbekistán. En la nota del Departamento de Estado sobre las relaciones con Uzbekistán, se dice que Washington lo "valora como una fuerza estable y moderada en una turbulenta región", y pide "más reformas para lograr una estabilidad duradera y prosperidad".
Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, hizo un llamamiento para un cambio democrático en Uzbekistán. En declaraciones a la BBC, recogidas por la agencia Efe, Straw denunció que ha habido "un claro abuso de los derechos humanos" en la represión de la revuelta. "La situación es muy grave", dijo Straw.
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