Cinco países europeos planean crear una policía de fronteras

Los ministros del Interior de Francia, Alemania, España, Italia y el Reino Unido -que forman el llamado G-5- se reunieron ayer en París para coordinarse sobre la inmigración clandestina y el control de fronteras. Entre las medidas apuntadas, la creación de una policía de fronteras europea y la propuesta de una reunión con los cinco países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) para incorporarlos a la lucha contra la inmigración clandestina a cambio de ayuda.

Como telón de fondo, la inquietud generada por el reciente proceso de regularización que ha tenido lugar en España, que, según se desprende de las declaraciones de los ministros, no se llevó a cabo de una forma coordinada con los países vecinos.

Creado en 2002, el G-5 se reunía ayer, por primera vez, de forma extraordinaria y con un tema monográfico sobre la mesa: la inmigración. En la sede del Ministerio del Interior francés, el anfitrión, Dominique de Villepin, y sus homólogos español, José Antonio Alonso; alemán, Otto Schily; italiano, Giuseppe Pisanu, y británico, Charles Clarke, acordaron trabajar en la armonización de las reglas sobre la inmigración, desde los requisitos que se exigirán para tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social a los datos que las compañías de transporte podrán solicitar a sus pasajeros por motivos de seguridad sin atravesar los límites del derecho a la intimidad.

En cuanto a la actuación sobre el terreno, además del establecimiento de "controles adicionales" en las rutas de transporte más utilizadas por las redes de tráfico de inmigrantes, Villepin anunció que los cinco planean "la constitución de una fuerza europea de intervención de fronteras", que no tuvo reparo en definir como "el embrión de una policía europea de fronteras".

Según el italiano Pisanu, será una "fuerza de intervención rápida en situaciones de crisis y en todo tipo de fronteras: terrestres, marítimas y aéreas". El G-5 estudiará un protocolo que regule las readmisiones de inmigrantes clandestinos dentro de la UE por el país del que han salido y armonizará los sistemas de visados para los nacionales de países terceros. Preguntado sobre el tema de fondo, la reciente regularización de cerca de 700.000 inmigrantes irregulares en España, Dominique de Villepin reconoció que los ministros habían mantenido una "franca conversación" sobre ello. Insistió en que Francia no realizará regulaciones masivas porque sus anteriores experiencias fueron negativas, pero admitió que cada país tiene problemas diferentes y que España tenía sus razones para hacer lo que hizo, tanto más cuanto, admitió, las personas que han regularizado su situación en España no tienen derecho para trabajar en los demás países de la UE. Sin embargo, De Villepin evidenció que la medida tomada por el Gobierno español había cogido por sorpresa a sus socios europeos al insistir en la necesidad de "concertar" este tipo de medidas y crear un "mecanismo de alerta" que permita coordinar las situaciones de este tipo antes de que se activen las medidas que las desencadenan. Una sugerencia a la que se sumó el alemán Schily, que echó un capote a Alonso al recordar que procesos similares de regularización de inmigrantes se han llevado a cabo en el pasado en Italia y Bélgica sin que hayan creado graves problemas.

Alonso defendió el proceso de regularización español asegurando que ha sido "bueno para España, para Europa, para los empresarios, para los sindicatos, para los propios inmigrantes y para la Administración española" y aseguró que no afectará al mercado de trabajo de otros países. "En la ilegalidad sí que habrían podido ir a otros países. Ahora están vinculados a España", añadió.