Una aventura americana

La venta de armas españolas a Venezuela no parece el resultado de una política exterior cuidadosamente estudiada que trata de influir en un continente de gran importancia estratégica para España en un momento particularmente delicado en América Latina. De la reconstrucción de esa operación con fuentes informadas en Madrid, Caracas y Bogotá se desprende más bien que se trata de una gestión improvisada, acelerada por asuntos domésticos, como la crisis de la empresa Izar, y que ha sido, en términos generales, mal acogida en la región.

La venta (patrulleras, buques tanqueros y aviones de transporte concebidos esencialmente para labores de vigilancia) fue acordada en noviembre pasado en las conversaciones mantenidas por el presidente venezolano, Hugo Chávez, durante su viaje a España, con el ministro de Defensa, José Bono. La concreción de la venta y la elaboración del contrato fue efectuada por los propios funcionarios de ese Ministerio y por el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, viejo amigo de Bono desde sus años de militancia en el Partido Socialista Popular (PSP), sin que fuese informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sólo cuando esas gestiones habían concluido y se había proyectado una visita del presidente del Gobierno a Caracas -en una escala en el regreso de su viaje a Chile en enero- para la firma del contrato de venta, conocieron la noticia los responsables de la diplomacia española. En ese momento, Venezuela y Colombia vivían un clima de fuerte tensión por la detención ilegal en Venezuela de Ricardo Granda, un dirigente guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los funcionarios de Exteriores advirtieron a José Luis Rodríguez Zapatero de que una venta de armas en esas circunstancias sería interpretada por Colombia como un gesto de gran hostilidad y podría hipotecar toda la política del Gobierno en América Latina. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, incluso amenazó con presentar la dimisión si no se suspendía el viaje de Zapatero a Caracas y, como mínimo, se retrasaba la venta de armas a Chávez.

El presidente del Gobierno aceptó la solicitud de Exteriores y, convencido del malestar que se había creado con Colombia, accedió a mantener una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para intentar aclarar la situación. Hay versiones distintas en fuentes políticas de ambos países sobre quién tomó la iniciativa de la comunicación, aunque parece que fue Zapatero quien llamó con el propósito de hacer algunas precisiones sobre el carácter no ofensivo del material vendido y sobre la presión que sentía el Gobierno español de parte de los trabajadores de Izar, que se beneficiarían del encargo de los barcos para Venezuela. Uribe expresó su malestar de forma enérgica.

Una cumbre sobre la marcha

Ante el hecho de que la venta de armas era ya inevitable sin hacer un grave desaire a Chávez, la diplomacia española se puso a trabajar en un plan para dar cobertura política a esa operación y evitar, al menos en el plano propagandístico, que la primera acción resonante del Gobierno de Zapatero en América Latina fuera una venta de armas. De ahí surgió la cumbre que Venezuela, Colombia, Brasil y España celebraron el 30 de marzo en Ciudad Guyana (Venezuela), un día antes de la firma del contrato de armamento.

En realidad, este episodio tiene su origen muchos meses antes, en el último año del Gobierno de José María Aznar. Probablemente motivado por su deseo de seguir la política exterior de Estados Unidos, que en América Latina tenía como máxima prioridad garantizar la seguridad de Colombia y reafirmar el Gobierno de Álvaro Uribe, España ofreció a Colombia la venta a un precio meramente simbólico de 41 tanques AMX30 y otros cinco carros de apoyo logístico, además de 200 obuses como munición. Esa oferta despertó un gran interés en el Ejército colombiano, que no dispone actualmente de tanques. Venezuela posee más de 200.

Existe un debate no resuelto en Colombia sobre si el Ejército de ese país necesita realmente tanques para luchar contra la guerrilla. Algunos políticos y expertos creen que los tanques serían eficaces en algunas zonas para asegurar las carreteras y evitar los secuestros; otros opinan que si Colombia no ha tenido tanques hasta ahora es porque la orografía colombiana y la fragilidad de su infraestructura vial los hace inútiles en la lucha antiguerrillera y que los tanques españoles sólo hubieran servido para ser desplegados en la frontera con Venezuela, única zona llana del país.

La venta presentaba, además, el inconveniente de la calidad del material. Los tanques eran unidades dadas de baja por el Ejército español en su proceso de renovación y modernización. Se trata de vehículos producidos en Francia, pero readaptados ampliamente en España. Diversos estudios técnicos revelaron que sólo una docena de los 46 vehículos ofrecidos estaban verdaderamente operativos, al resto les faltaban piezas o requerían reparaciones importantes. Pese a todo, el Gobierno español solicitó y obtuvo el permiso del Ministerio de Defensa francés para realizar la venta, que finalmente llegó a concretarse a un precio de algo más de cinco millones de euros.

Ese contrato representaba una opción política de Aznar que, a la larga, terminaría pesando en los acontecimientos posteriores. El PSOE criticó entonces la venta de tanques a Colombia y respaldó una iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida para evitar la ejecución del contrato, cosa que hizo en cuanto llegó al Gobierno. Venezuela también protestó por esa venta. Y, finalmente, consciente de que la operación estaba condenada al fracaso, el propio Uribe renunció públicamente a la adquisición de los tanques.

El episodio de los tanques a Colombia dejó, sin embargo, alguna secuela en los primeros meses del Gobierno de Zapatero, cuando se trataba de fijar visiblemente un nuevo rumbo en la política exterior española. Ese trasfondo es inseparable de la iniciativa de Bono de vender otro material militar, aparentemente menos bélico, al contrapunto de Colombia en América Latina, Venezuela.

El memorándum interno de Uribe

Sobre la marcha, la diplomacia española tuvo que ir haciendo frente a los problemas que esa iniciativa iba a generar. Por lo que respecta a Colombia, el pragmatismo acabó por imponerse. En un memorándum interno preparado a puño y letra por Uribe poco después de participar en la cumbre cuatripartita de Ciudad Guayana, el presidente de Colombia escribió lo que resume su doctrina ante esta crisis:

1. Colombia no tiene manera de impedir que España o Rusia vendan armas a Venezuela.

2. Colombia, presente en el debate, puede exigir condiciones.

3. Colombia también necesita armas.

4. Colombia trabaja los siguientes temas:

a) Negociación pública de armas en el mercado legal, no en el mercado negro.

b) Uso de las armas:

-Contra el terrorismo, el narcotráfico y la violencia.

-Para proteger a la población.

-Evitar que armas nuevas o viejas lleguen a terroristas.

c) Imponer controles.

d) Equidad: con nuestra posición carecerán de razones para no vendernos armas.

Particularmente sobre la participación en la cumbre venezolana, el presidente Uribe anotó en ese informe privado, no conocido hasta ahora, una serie de razones en pro y en contra de acudir.

- En contra:

-Nos aíslan.

-Parecemos apéndices USA.

-Riesgo (¿ELN?) ponga agenda Colombia.

-Indiferencia o rechazo a la política de seguridad democrática.

- A favor:

-Nos integramos, nos respetan.

-Como aliados de USA nos abrimos a otros aliados.

-Nosotros ponemos las condiciones.

-Obtuvimos apoyo a la seguridad democrática.

Las palabras de Uribe revelan que Colombia ha aceptado como un hecho inevitable la venta de armas a Venezuela, pero anticipan también el riesgo de una carrera armamentista, que probablemente no estaba entre los riesgos considerados por el Gobierno español cuando puso en marcha esa operación.

El desencanto de la oposición

Algo más previsible podía resultar el desencanto con que la iniciativa española fue recibida entre los rivales de Hugo Chávez dentro de Venezuela. Para la oposición venezolana, tanto la calidez demostrada en la visita de Chávez a España como la venta de armas, confirmaron un hecho desde su perspectiva lamentable: Zapatero se había hecho amigo de quien para ellos es un caudillo que está liquidando la democracia venezolana. "¿Sabe la opinión pública española que antes de Zapatero sólo otros dos líderes políticos han hablado ante el Parlamento durante el mandato de Chávez, que son Fidel Castro y el presidente Jatamí de Irán?", pregunta Alfonso Marquina, dirigente de Acción Democrática, un partido socialdemócrata, estrecho aliado del PSOE cuando estaba a su frente el ex presidente Carlos Andrés Pérez y que actualmente es el mayoritario entre los escaños de la oposición.

Para medir la oportunidad de la política de Zapatero en lo que respecta a sus efectos en la política interna venezolana sería necesario calibrar verdaderamente la graduación democrática del régimen de Chávez, cosa en la que discrepan drásticamente los amigos y enemigos del Gobierno, pero que parece baja, a tenor de la acumulación de testimonios sobre el control de los poderes por parte del régimen. Chávez ha ganado con mayoría todas las elecciones a las que ha concurrido desde 1998, incluido un referéndum revocatorio. En parte, gracias a la ineficacia de una oposición atomizada y vocinglera que no ha sido capaz nunca de articular una alternativa moderada y creíble. Pero es difícil, sólo con eso, concederle al régimen venezolano la homologación de democrático. El comentarista Teodoro Petkoff, que pasó de dirigente guerrillero a ministro en el segundo mandato de Rafael Caldera, es quien quizá hace un balance más imparcial: "Ésta no es una dictadura a lo Pinochet ni un régimen totalitario a la cubana. Es un régimen ambiguo con una pierna en aguas democráticas (forzado por distintas circunstancias) y otra pierna en aguas francamente autoritarias (con tendencia a profundizar este aspecto). Es un régimen personal y caudillista. Ahora bien, la política de Zapatero es más útil para nosotros que la de EE UU".

Existen periódicos libres -incluso ocupando el espacio tradicional de los partidos de oposición-, pero los periodistas son amenazados por fuerzas del régimen, que copa de forma absoluta los medios de comunicación públicos. "Podemos informar de lo que queremos pero a un precio muy alto. En estos momentos nos enfrentamos a medio centenar de juicios para defender nuestros derechos, y con la nueva ley de televisión la situación se va a poner mucho más difícil", dice Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, la emisora más combativa. Zuloaga y sus periodistas están preocupados por la nueva Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión que, entre otros aspectos discutibles, le da al Gobierno el control de cinco horas y media de la programación de todos los canales. El Gobierno, por el contrario, cree ser demasiado tolerante con los medios. "Si en España hay una televisión que apoya a Tejero, la cierran", apuesta el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel.

El Ejército es una fuerza leal, no al presidente, sino a la revolución bolivariana encabezada por Chávez. Y para mayor garantía de su control personal, el ex coronel golpista ha comenzado a desarrollar unos llamados Batallones de Reserva que pueden llegar a convertirse en una especie de guardia pretoriana. Rangel advierte de que la fuerza de reserva es "para mantener a la gente entrenada" por si EE UU "intenta una invasión de Venezuela", pero sobre todo para garantizar la supervivencia de la revolución bolivariana. "Aquí no se va a repetir un 11 de abril (fecha del fracasado golpe contra Chávez), eso lo puede escribir mil veces, ni se volverá a producir el sabotaje del paro nacional; nuestro pueblo y nuestro Ejército están preparados para hacerles frente", afirma el vicepresidente.

No hay presos políticos (a menos que se quiere atribuir tal denominación a algunos militares acusados de conspirar contra el Gobierno o de ayudar a Colombia en la detención del dirigente de las FARC), pero el margen para la disidencia se está haciendo cada día más estrecho y difícil. Fuentes de intereses muy distintos coinciden en que los firmantes del referéndum contra Chávez están sufriendo discriminaciones y hasta persecuciones.

En este estado de cosas, ¿es correcta la política de Zapatero con Chávez? ¿Qué tipo de relación es la más adecuada con un líder como Chávez? "Una relación en la que se le obligue a respetar los cauces democráticos, una relación en la que Zapatero mantenga los ojos abiertos, sabiendo donde está, sabiendo que esto no es una democracia", responde Petkoff.

"¿Diálogo? Zapatero no entiende"

Durante su visita a Caracas Zapatero se reunió con representantes de los principales grupos de la oposición venezolana, con excepción precisamente de Acción Democrática, que esperaba un trato preferencial de parte del presidente socialista en correspondencia a la estrecha relación histórica con el PSOE. "Zapatero no entiende a Chávez", concluyó uno de los participantes en aquella reunión, el veterano político Rafael Simón Jiménez. "Vino aquí a pedirnos consenso y diálogo sin darse cuenta cómo se rieron de su discurso los miembros del Gobierno", dice Jiménez. Según Rangel, entre Zapatero y Chávez se ha establecido "una fuerza de atracción mutua".

La diplomacia española actúa en la región, como en su día hizo José María Aznar, con la confianza de poder ejercer una influencia positiva sobre Chávez, pero la misión no es sencilla. Chávez no es un político que esté dudando entre elegir el camino de la democracia o de la revolución; optó por este último hace tiempo y, simplemente, intenta hacer compatible su proyecto con los tiempos y el espacio en que le ha tocado desarrollarlo. En opinión de Petkoff, "Chávez ha inventado una cosa que los cubanos llevaban buscando durante mucho tiempo". El chavismo ha penetrado ya profundamente en la sociedad venezolana, pobre (más de 70% de índice de pobreza, y la mitad de esa cifra, en extrema pobreza) y clientelizada. Con una oposición desecha tras su cadena de fracasos, Chávez es el único capaz de desarrollar verdadero activismo político en el país. Con el apoyo del Ejército y el instrumento del petróleo -garantizado tras la purga efectuada con el despido de más de 20.000 de los 35.000 empleados de la empresa Petróleos de Venezuela-, su supervivencia en el poder se antoja larga. Ésa parece ser también la apuesta de la política exterior española.