La Generalitat aumentará las multas por infracciones de consumo

El Gobierno catalán aprobará un nuevo estatuto del consumidor para proteger los derechos de los usuarios de las nuevas tecnologías. Las reclamaciones sobre telefonía y nuevas tecnologías encabezan, junto con la construcción, las quejas de los usuarios. La normativa actual, que data de 1993, no regula los derechos de los consumidores de estos servicios. La Generalitat elevará, además, las multas a los infractores de las normas de consumo, cuyos importes están congelados desde hace más de una década.

Fuentes de la Administración catalana señalan que se pretende duplicar el importe de las multas en los casos de fraude, engaño y adulteración para que sean efectivas. Las cuantías actuales datan de 1990 y ni siquiera han sido actualizadas con la inflación. El director del Instituto Catalán de Consumo, Enric Aloy, dice que es pronto para decidir el importe de las nuevas sanciones, y asegura: "Tienen que subir de forma importante porque los actuales importes resultan bajos para las grandes empresas". Una falta leve está castigada ahora con multas de hasta 3.000 euros; una grave, con multas de 3.000 a 30.000 euros, y una muy grave, de 30.000 a 600.000 euros.

El Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, que encabeza el consejero Josep Huguet, ya ha empezado las consultas con organizaciones de consumidores y empresariales para tener listo un texto con el máximo de aportaciones posible. "Queremos tener listo un borrador a lo largo de este año", afirma Aloy.

La Generalitat también quiere aprovechar los cambios legales para reforzar las juntas arbitrales, que se encargan de dirimir los conflictos entre consumidores y empresas sin necesidad de acudir a los tribunales. De la misma manera que se ha decidido obligar a los proveedores de la Generalitat a etiquetar sus productos en catalán, ahora Consumo plantea la posibilidad de que que los proveedores de la Administración catalana también se integren en las juntas arbitrales.

Otro de los objetivos de Consumo para impulsar la defensa de los consumidores es aumentar la plantilla de inspectores. Actualmente hay 30 y la previsión es que en 2007 sean 50, además de otros 30 de la red de los consejos comarcales.