Final de proceso

La imprevisión de los empadronamientos por omisión o retroactivos, que empañó en su recta final el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, concluido ayer, no ha impedido que éste alcance su objetivo fundamental: sacar a la superficie la máxima porción de economía sumergida que se sustenta en la contratación fraudulenta de inmigrantes sin papeles. Si las solicitudes de regularización presentadas por los empresarios se acercan a las 700.000, como parece, será difícil mantener la tesis del fracaso, salvo que se quiera cerrar los ojos ante la evidencia de las cifras.

Se trata de la regularización extraodinaria más numerosa de las siete llevadas a cabo en España desde 1990, cinco de ellas por los Gobiernos de Aznar. Ha sido la que ha contado con un mayor apoyo político, social e institucional, en especial de empresarios y sindicatos, y la primera vinculada directamente a la situación laboral del inmigrante irregular, y no sólo a su estancia en España hasta una determinada fecha. Lo cual no ha impedido que haya sufrido como ninguna otra las mayores acometidas por parte de la oposición, en este caso el PP, así como de sectores mediáticos y sociales que han atribuido el proceso a un intento de ganar votos; como si los inmigrantes, incluso regularizados, pudieran votar.

Para hacer el balance definitivo habrá que conocer cuántas de las solicitudes admitidas -hasta ahora sólo un 2% han sido rechazadas- se transforman en altas en la Seguridad Social, para lo que los empresarios disponen de un mes. Tendría poca lógica que quienes han dado el paso de contratar a un inmigrante, y han compartido con él las molestias del papeleo en las oficinas públicas, lo dejaran abandonado en el último momento, situándose ellos mismos en una situación de ilegalidad fácilmente detectable.

El éxito de la regularización iniciada el 7 de febrero conviene a todos. No sólo porque hará más improbable tener que recurrir en el futuro -quién sabe si a un Gobierno del PP- a este tipo de medidas extraordinarias, sólo justificadas por la imposibilidad de hacer frente de otra manera a situaciones humana y socialmente insostenibles y dañinas para la economía, sino porque sería un buen punto de partida para perfilar de una vez una política de inmigración estable y al margen de la lucha partidaria, como corresponde a uno de los fenómenos sociales más complejos de nuestra época.