Casi 700.000 empleos ilegales afloran en la mayor regularización de la historia de España

Dos horas antes de que se cerrara el proceso de normalización de extranjeros, a las diez de la noche de ayer, las oficinas de la Seguridad Social habían recogido 691.059 solicitudes de regularización de inmigrantes presentadas por empresarios. Cada una incluye un contrato de trabajo, lo que hará emerger cerca de 700.000 empleos irregulares que engrosaban la economía sumergida. Frente a las colas de semanas anteriores, la última jornada se desarrolló con fluidez. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calcula que unas 400.000 personas lograrán permiso de residencia gracias a los vínculos familiares con los regularizados.

"Un éxito de todos los españoles". Ésa fue la expresión repetida ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, con motivo del cierre del proceso de normalización de extranjeros iniciado el pasado 7 de febrero. A las siete de la tarde eran 681.243 (de ellos 48.849 durante el día de ayer, hasta esa hora) los inmigrantes que se habían acogido a esta regularización, vinculada al mercado laboral y que buscaba aflorar trabajo irregular.

Sólo en Madrid, donde el ministro acudió a varias sedes de la Seguridad Social para asistir a las últimas horas del proceso, las oficinas de la Administración habían admitido a esa hora 10.241 expedientes. Algunas delegaciones del Gobierno permanecieron abiertas hasta medianoche para recoger la documentación de los rezagados.

Los cerca de 700.000 empleos rescatados de la economía sumergida suponen casi el 90% del total de extranjeros con posibilidades de obtener permiso de residencia y de trabajo, que el Gobierno estimó en un primer momento en 800.000 personas. El viernes muchos inmigrantes optaron por dormir al raso para no perder su última oportunidad y su turno en la cola.

A las puertas de las oficinas de la Seguridad Social de Valencia dormitaron centenares de extranjeros para garantizarse un sitio en la fila, pero el sacrificio resultó innecesario. A las 14.00 horas, apenas una oficina, la más pequeña, en el barrio de Ruzafa, la zona que alberga mayor número de residentes extranjeros en Valencia, presentaba una cola que los funcionarios esperaban despejar en dos horas como máximo.

Casos desesperados

La última jornada del proceso reveló la desesperación de algún inmigrante. Un joven subsahariano esgrimió un billete de avión como único documento para avalar su llegada a España antes del pasado 7 de agosto, fecha límite para acogerse a la normalización. Otro, suramericano, aportó una carta mecanografiada con membrete de una parroquia de Valencia, pero ni la cortesía de la redacción ni la autoridad eclesiástica fueron tomadas en cuenta por los funcionarios.

Sólo la oficina de la localidad de Sagunto, a una veintena de kilómetros de la capital, acumulaba algún retraso a última hora de la mañana. "A las cinco de la tarde cerramos los colegios electorales", bromeaba un responsable de la Seguridad Social. Tres funcionarios se dedicaron en exclusiva a atender las 200 solicitudes que presentó un empresario en las oficinas centrales de Valencia. "Tengo una empresa que provee recolectores de productos agrícolas", comentó el empresario

Situaciones similares se repitieron en otros lugares. En Madrid la jornada se desarrolló con normalidad, sin grandes aglomeraciones. Si el día anterior los inmigrantes en la oficina situada en la avenida del Mediterráneo habían esperado casi 10 horas para ser atendidos, ayer en algunos momentos apenas había media hora de cola.

Esas dependencias habían cerrado el viernes a las nueve de la noche y muchos inmigrantes durmieron en la calle para no perder su turno, ya que no imaginaban que ayer, al atender sin cita previa todas las oficinas, las aglomeraciones fueran mucho menores.

Las oficinas de Almería trabajaron un poco a marchas forzadas para atender las últimas peticiones. A las puertas de la oficina más céntrica de la capital almeriense se agolparon a primeras horas unos 3.000 inmigrantes, una cifra que se rebajó conforme avanzaron las horas.

Muchos de ellos hicieron noche en las inmediaciones de esta oficina esperando que, a primera hora, sus "jefes" vinieran a buscarlos para tramitar sus papeles. En muchos casos llegaron, pero en otros la espera fue inútil. También hubo empresarios que intentaron sin éxito contratar a su inmigrante.

Fue precisamente en esta oficina donde una ciudadana nigeriana, Sofía, que lleva tres años en España, entró en el proceso de normalización de la mano de una inmigrante cubana, Silvia, que la contrató para hacer labores de limpieza. Sofía denunció que su situación "ha sido difícil". "Algunos jefes me estuvieron mintiendo durante algún tiempo, no tenían buena voluntad", se duele. Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Almería, en la provincia se han presentado casi 26.000 solicitudes de normalización.

En Barcelona se celebró a las 19.00 una manifestación, en la plaza de Cataluña, en la que un grupo de inmigrantes pidió al Gobierno una ampliación del plazo del proceso de regularización. Pero ni hubo grandes aglomeraciones ni incidente alguno.

"Ha sido una jornada de las más tranquilas de estos últimos meses", afirmó una portavoz de la Delegación del Gobierno. Tan sólo hubo colas en las dos oficinas de Barcelona dispuestas para que los inmigrantes regularizasen su situación en las últimas jornadas.

En la Oficina de la Seguridad Social de Bilbao también se vivió una jornada tranquila. No más de 30 personas esperaban a media mañana para presentar su solicitud, mientras una pequeña manifestación de SOS Racismo pedía papeles para todos ante la indiferencia de los presentes y del propio Omer Oké, director de Inmigración del Gobierno vasco, que pidió que se prolongase el proceso.

Con información de Carmen López, Patricia Martín, Miguel Olivares y Luis Torner.