"Ni España ni Cataluña pueden permitirse el fracaso del Estatuto y su financiación"

Antoni Castells (Barcelona, 1950) tendrá que echar mano de su reconocida faceta de tenaz negociador, rayana en la tozudez, para que el proyecto de financiación para Cataluña salga adelante. De momento deberá convencer al partido hermano del PSC, el PSOE, de las bondades del proyecto. Una tarea nada fácil, a tenor de las críticas -a veces el insulto- dirigidas contra el plan del Gobierno catalán por destacados dirigentes autonómicos tanto del PSOE como del Partido Popular.

Pregunta. ¿Piden un modelo de privilegio?

Respuesta. Proponemos un modelo de concepción federal. Nada de lo que contiene la propuesta del Govern va más allá de lo que se puede encontrar en países como Alemania o Canadá, donde el federalismo funciona razonablemente bien. Ésta es la cuestión clave. Avanzar consecuentemente hacia un Estado de inspiración federal. Esto quiere decir un Estado donde se acepta que el poder político está compartido por el Gobierno central y por los Gobiernos autonómicos, y que unos y otros deben responder, también fiscalmente, ante sus ciudadanos. Éste es el paso que hay que dar en materia de financiación. Por esto, un buen modelo de financiación debe garantizar un equilibrio adecuado entre los principios de autonomía y de igualdad. Ninguno de ellos debe imponerse al otro. Cuando ello ocurre, nos desplazamos del modelo federal, o bien hacia un modelo unitario, o hacia un modelo confederal.

"En 1996, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha rechazaron de forma bilateral el sistema de financiación que les propuso el Gobierno"

"Con nuestra propuesta de financiación, ninguna comunidad debería perder en niveles absolutos, porque proponemos cambios sin traumatismos"

P. Su propuesta de financiación ha despertado viejos fantasmas. Se habla de ricos y de pobres, de ciudadanos de primera y de segunda. ¿Cómo encaja el aluvión de críticas, de Esperanza Aguirre a Rodríguez Ibarra?

R. Debemos distinguir el ruido de la realidad. El ruido distorsiona la realidad, alimenta estereotipos y genera sentimientos de agravio y confrontación territorial muy perjudiciales. Algunas críticas se descalifican por sí solas. Polemizar con ellas es darles demasiada importancia.

P. Cada vez que Cataluña ha reclamado más responsabilidad fiscal se multiplican las críticas.

R. La realidad ha demostrado que algunos de los pronósticos agoreros hechos en el pasado no se han cumplido. Algunos deberían aprender de la experiencia. Sin embargo, esta reacción, de la que no quiero hablar más, no me sorprende porque estamos proponiendo un cambio de modelo. Es una propuesta ambiciosa, sólida y, también, responsable y totalmente respetuosa con la Constitución. Es más, a mi entender entronca plenamente con el espíritu que imperaba en 1978, cuando creíamos que la Constitución tenía que resolver el problema de la articulación de Cataluña y el País Vasco en España. Pero es cierto que la propuesta significa un cambio, y todo cambio provoca resistencias. Sin embargo, estoy también convencido de que el modelo que proponemos es bueno para Cataluña, y también para España.

P. Usted distingue el ruido de la realidad, pero en esa realidad también está la resistencia del Gobierno central a ese cambio.

R. El Gobierno central se ha manifestado de forma muy ponderada. Ha dicho que estudiaría la propuesta y que había ciertos aspectos poco claros que debían discutirse entre todos. Creo que cuando se estudie en profundidad se verá que no contiene muchos de los elementos que despiertan temores. Por ejemplo, que el Gobierno central pierda la competencia legislativa sobre los tributos. Entre otras cosas, una propuesta de este tipo sería inconstitucional, y nosotros somos un Gobierno responsable. Es más, aceptamos que fundamentalmente tenemos un único sistema fiscal. Podríamos haber hecho un planteamiento distinto, proponiendo un sistema fiscal del Estado y uno para cada autonomía, como ocurre en algunos países federales. Pero sería absurdo fragmentar un sistema fiscal muy consolidado. Con el actual, el Estado tiene la responsabilidad normativa pero queremos que se habiliten espacios de capacidad normativa para las comunidades autónomas. En cuanto a la multilateralidad y bilateralidad, creo que también hay una gran confusión. La discusión del texto del Estatut viene marcada por el marco institucional establecido en la Constitución: el proyecto debe aprobarse en el Parlament, se remite a las Cortes para su discusión y aprobación y, luego, vuelve a Cataluña para ser aprobado en referéndum. Es un mecanismo que exige un pacto entre Cataluña y el Estado, no entre Cataluña y 17 comunidades. Por otra parte, en cuanto al contenido, a mí me parece claro que el Estatut debe contener un título dedicado a la Hacienda.

P. Lo tiene el Estatuto actual.

R. Sí. En el Estatut se fijan las competencias y es muy razonable que al mismo tiempo diga cómo deben financiarse. Es evidente que este título de hacienda no puede regularlo todo. En él no puede establecerse un mecanismo operativo de forma inmediata, pero tampoco debe quedar tan vago, tan en el terreno de los principios, que pueda dar lugar a modelos radicalmente diferentes o contrarios. Lo que proponemos es un modelo de inspiración federal. Nuestra propuesta es generalizable. No buscamos un planteamiento bilateral de privilegio, ni tampoco pretende ser una imposición. Es lógico que la generalización del modelo quiera hacerse en un marco en el que todos puedan dar su opinión. De hecho, siempre se ha hecho así, aunque la iniciativa la tomara el Gobierno central.

P. ¿El Gobierno del PSOE tiene modelo de financiación para toda España?

R. El PSOE votó en contra del actual modelo y se ha comprometido a cambiarlo. Así lo estableció en su programa. Tengo la impresión de que los planteamientos que hacemos en Cataluña pueden tener importantes puntos de coincidencia con los del programa del PSOE.

P. ¿Se niegan a ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera?

R. El Estatut dice que el modelo se definirá en la Comisión Mixta de Relaciones Fiscales y Financieras, y señala además que deberá hacerse sin perjuicio de los acuerdos que pueda adoptar el Gobierno de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es exactamente lo mismo que ocurre ahora. El Consejo no decide, quien decide son siempre las comisiones mixtas. Por ejemplo, en 1996, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha no se sumaron al acuerdo al que se había llegado en el seno del Consejo y, consecuentemente, sus respectivas comisiones mixtas no lo ratificaron y no se aplicó en estas comunidades.

P. ¿Cataluña tendría más recursos de los que tiene ahora?

R. Existen al menos dos aspectos fundamentales que deberían concretarse para poder cuantificar. Uno son los porcentajes concretos de los rendimientos de los distintos impuestos que deberían corresponder al Estado y a la Generalitat. En la propuesta sólo se indica que el porcentaje del Estado no será superior al 50%. El otro punto es el de las subvenciones de nivelación para hacer efectivo el principio de solidaridad. Y es evidente que no lo podemos decidir en solitario. Nosotros hablamos sólo de ciertos principios: debe garantizarse que las comunidades puedan prestar niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar y que si una comunidad realiza un esfuerzo fiscal mayor esto debe revertir en mayores ingresos para esta comunidad. Es razonable: si los ciudadanos pagan más impuestos, una parte de ellos debe revertir en más ingresos para el Gobierno autonómico, como ocurre en todos los países federales.

P. Plantean que Cataluña dé como máximo un 50% de los impuestos que recaude. ¿Por qué un 50% y no un 30% o un 80%?

R. Cuando proponemos el 50% no es por casualidad. Con este porcentaje el total de ingresos que tendrían todas las comunidades sería algo superior al que tienen ahora. Sería suficiente para que el conjunto saliera ganando y se podrían paliar, además, problemas como el de la financiación de la sanidad.

P. Pero si Cataluña gana más, alguien pierde. ¿Quién gana y quién pierde?

R. Ninguna comunidad debería perder en niveles absolutos, porque los cambios deberían aplicarse gradualmente. Ahora bien, es evidente que todo cambio supone una modificación del statu quo, es decir, modificar las posiciones relativas de partida. De manera que el argumento de que no se puede alterar el statu quo acabaría imposibilitando llevar a efecto cualquier cambio en cualquier circunstancia. Aunque estos cambios fueran necesarios y justos. Y en esto no puedo estar de acuerdo. A veces hay que hacer cambios. Lo que debe intentarse es que éstos se efectúen de forma gradual, sin traumatismos, de manera que, en términos absolutos, nadie pierda.

P. ¿Quiénes pagan los impuestos, los ciudadanos o los territorios?

R. Claro que son los ciudadanos los que pagan los impuestos, por supuesto. Lo que ocurre es que los ciudadanos pagan los impuestos al gobierno central y también al gobierno autonómico. Ésta es la cuestión clave. Nadie discute que siempre son los ciudadanos, y no los territorios, los que pagan los impuestos. Lo que algunos parecen ignorar es la existencia del Gobierno autonómico como un auténtico poder político, que debe relacionarse, también fiscalmente, con sus ciudadanos. Es así como ocurre en todos los países federales, y esto es lo que contempla nuestra propuesta. Aquellos que sólo conciben la relación entre los ciudadanos y un único poder central niegan en realidad el sentido profundo del Estado de las autonomías consagrado en la Constitución.

P. Si Cataluña aplica el modelo, tendrá más recursos y otros menos...

R. Un buen sistema de financiación debe sustentarse en los principios de autonomía y de igualdad. Este principio de igualdad debe garantizar a mi juicio que las distintas comunidades autónomas puedan prestar niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar. Para lograrlo existen mecanismos de subvenciones de nivelación, muy contrastados y que funcionan razonablemente bien. Su aplicación traerá, sin duda, como consecuencia una aportación importante de Cataluña a la solidaridad con otras comunidades. Nosotros no queremos poner límites a la solidaridad, en contra de lo que algunos han dicho de forma abusiva y demagógica. Pero en cambio, lo que es importante es objetivar el debate sobre la solidaridad y ello quiere decir dos cosas: reglas precisas y transparencia. Porque si no ocurre, como ahora, que la opacidad alimenta cualquier prejuicio y es el terreno abonado para la creación de un clima contraproducente de agravios interterritoriales.

P. La Comunidad de Madrid dice que es la que más aporta. Y no se queja ni pide cambios.

R. No me extraña. Con la inversión que hace el Estado en Madrid y con la apuesta que hizo el poder político central del PP por Madrid, no pueden quejarse. Ya quisiera que se gastaran en nuestro aeropuerto, en nuestro AVE y en nuestros cinturones la mitad de lo que se gastan en Madrid. Pero no entraré ahora en polémica con otros territorios.

P. ¿En qué se diferencia su propuesta del Cupo vasco?

R. No tiene nada que ver. Son dos modelos distintos. El Cupo consiste en una cantidad fijada al margen de los ingresos que generen los impuestos. Nosotros no estamos pidiendo esto. Nuestra propuesta tiene cuatro puntos fundamentales. Primero, los rendimientos de los grandes impuestos estatales (IRPF, IVA, Sociedades y especiales) deben nutrir la hacienda autonómica y la hacienda estatal en unos porcentajes a determinar, que serán como máximo del 50% en el caso de la hacienda estatal. Segundo, sobre estos impuestos, que son impuestos estatales, deben habilitarse espacios de capacidad normativa, sabiendo que en algunos, como IVA o Sociedades, este margen será necesariamente limitado. Tercero, la administración de estos impuestos se hará a través de una Agencia Tributaria. Ahí existen distintas alternativas, pero personalmente creo que la mejor solución sería un único ente consorciado entre el Estado y la Generalitat, o el conjunto de comunidades autónomas. Fragmentar la Agencia Tributaria sería contraproducente y dificultaría la lucha contra el fraude. Y en cuarto lugar, debe haber mecanismos de subvenciones de solidaridad, que no podemos decidir solos. Éste es el modelo. Por tanto, ni Concierto, ni Cupo, ni insolidaridad, ni fuera de la Constitución, ni es verdad que dejaremos el Estado sin capacidad normativa, ni es cierto que el Estado desaparece de Cataluña.

P. Visto el nivel del debate, ¿cree que se ha hecho una mala pedagogía desde que empezó el Estado de las autonomías?

R. La verdad es que la crítica sobre la insolidaridad es especialmente lacerante e injusta. Es incluso ofensiva. Cataluña es muy solidaria y lo va a seguir siendo. No se trata de estar recordándolo constantemente, pero tenemos derecho a pedir que no se nos tache de insolidarios. La falta de transparencia provoca que mientras que en Cataluña puede decirse que hay un exceso de solidaridad y un expolio fiscal, otros digan que Cataluña es insolidaria. Por eso sería conveniente la publicación de las balanzas fiscales.

P. ¿Desde el Gobierno catalán se ha echado en falta que el Ejecutivo calmara los ánimos?

R. La reacción del Gobierno ha sido ponderada. No tiene nada que ver con algunas de las manifestaciones que se han producido estos días. Además, creo que el presidente Zapatero ha tenido mucho coraje al plantear la reforma del Estado de las Autonomías. Es cierto que los recelos a ciertos cambios son mayores cuando los planteamientos se hacen desde Cataluña que cuando los hace el presidente del Gobierno. A mi entender, la reforma del Estatut constituye una gran oportunidad. Es así como debe verse. Desde Cataluña apostamos por una España de concepción federal. Cataluña quiere comprometerse con una España federal y, a su vez, pide que ésta se comprometa con la autonomía de Cataluña. Éste es el doble compromiso que proponemos. Por esto, ni España ni Cataluña pueden permitirse que el Estatut y su financiación fracasen. Porque en definitiva, la España que surge de la Constitución de 1978 persigue el propósito, al definir su modelo territorial, de encontrar un acomodo definitivo al problema histórico de la articulación de Cataluña y el País Vasco dentro de la realidad española. Y el balance del Estado de las autonomías no podrá ser plenamente satisfactorio, por mucho que lo sea en relación con otras comunidades autónomas, si los problemas de Cataluña y el País Vasco siguen pendientes de solución. Es por esto, insisto, que un Estatuto como el que proponemos, plenamente respetuoso con la Constitución, supone no sólo encauzar de forma satisfactoria la articulación de Cataluña en España, sino que además constituye la demostración de que esto es posible frente a otras vías que niegan España o la Constitución.

P. Las intensas reuniones con CiU y con el Gobierno central, ¿no pueden retrasar la tramitación del Estatuto más allá de lo que desea el Gobierno catalán?

R. La discusión del Estatut tiene un marco institucional perfectamente establecido. En este momento, lo fundamental es alcanzar un acuerdo en Cataluña. Sin acuerdo en Cataluña no habrá Estatut. Y hoy mismo, es CiU quien plantea obstáculos para alcanzar este acuerdo. El Govern ha formulado una propuesta. Es una propuesta sólida, ambiciosa y responsable, como ya he señalado antes. Nuestra voluntad es la de alcanzar un acuerdo. Existen amplias coincidencias con aquello que propone CiU y por tanto sería imperdonable que este acuerdo no se consiguiera. Pero CiU debe abandonar actitudes maximalistas.