Los ingenieros denuncian que el volumen de obra pública se dispara en años electorales

Los representantes de las asociaciones de ingenieros vincularon ayer el incremento de la contratación de obra pública a la proximidad de los ciclos electorales. En la última sesión de la comisión de investigación sobre el hundimiento del túnel del metro en el Carmel y la adjudicación de obra pública, dos expertos destacaron que, tras los comicios autonómicos de 2003, observaron un brusco descenso en la contratación que ha perjudicado a las empresas del sector. Los comparecientes reclamaron al Gobierno la elaboración de planes de inversiones para evitar estas oscilaciones. Los parlamentarios finalizaron ayer sus trabajos sin haber hallado rastro del pago de comisiones ilegales.

El presidente de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), Josep Narcís Arderiu, cifró en torno al 30% la caída, en 2004, de los contratos firmados con la Administración autonómica respecto a 2003, cuando se celebraron elecciones autonómicas y CiU fue desalojada de la presidencia de la Generalitat. Según explicó en el Parlament, las empresas a las que representa, encargadas de elaborar proyectos de ingeniería, han quedado "tocadas" por este descenso. Y más si se tiene en cuenta que los contratos con la Administración representan cerca del 70% del total de su facturación. "Las empresas aún no están en situación límite, pero necesitan nuevos contratos", aseguró Arderiu.

"Cuando se acercan elecciones, se tiene que acabar todo y después de un tiempo viene la sequía", coincidió en denunciar José Enrique Vázquez, presidente de la Asociación Catalana de Ingenieros y Consultores Medioambientales (Acecma). Ambos solicitaron al Gobierno catalán que elabore planes de inversiones plurianuales con el máximo nivel de detalle. Eso les permitiría, aseguraron, ajustar mejor las plantillas y presentarse a menos proyectos, pero mejor preparados.

A preguntas del diputado socialista Joan Ferran referentes a la concentración de empresas en la adjudicación de obra, los dos representantes afirmaron que las compañías grandes acaban por obtener la mayoría de los concursos. Esta situación obedece exclusivamente, según Arderiu, a que las ingenierías potentes cuentan con más y mejores profesionales. Otro factor que contribuye a la marginación de las pequeñas empresas es "la complejidad de los procesos de licitación", que suponen un enorme esfuerzo económico, afirmó Vázquez.

Los responsables de Asinca y de Acecma apostaron por la fórmula del concurso restringido para favorecer así la concurrencia de más empresas y pidieron a la administraciones que en sus adjudicaciones primen la calidad de los proyectos. Con un proyecto de calidad, aseguraron, se evitan modificaciones posteriores y, por lo tanto, se impide un aumento de los costes iniciales. No es esto lo que ocurrió en el caso del proyecto de ampliación de la línea 5 del metro, la que generó el hundimiento en el barrio del Carmel, según la auditoría de GISA.

Los dos expertos consideraron que los criterios técnicos están "poco valorados", y Arderiu situó en el 70% el peso deseable de la oferta técnica respecto a la económica.

Excesivo trabajo en GISA

Los ingenieros también encontraron objeciones al funcionamiento de la empresa pública GISA. "Quizá los técnicos de GISA tienen una carga de trabajo demasiado elevada y eso no permite fijarse en todos los aspectos", denunció Arderiu, quien añadió que la supervisión de las obras que efectúan estos técnicos es "mejorable".

Igual que el resto de los comparecientes, Arderiu y Vázquez negaron rotundamente tener conocimiento alguno del presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública bajo la Administración de CiU. De esta forma, la comisión de investigación cierra el capítulo de comparecencias sin tener prueba alguna del polémico 3% y sin haber llamado a declarar a ningún responsable político, tras el pacto tácito alcanzado entre el tripartito y CiU.

El presidente de la comisión, Joan Boada (ICV), se mostró ayer optimista sobre la posibilidad de "consensuar" las conslusiones y anunció que el informe final podría elevarse al pleno del Parlament "el 26 de mayo o el 2 de junio".