Delitos prescritos

La nueva doctrina sobre la prescripción penal pergeñada por el Tribunal Constitucional tiene alcance general, pero afecta muy particularmente a la Hacienda pública en sus tareas de persecución del fraude fiscal. Hasta ahora, el plazo legalmente establecido para perseguir un delito -de cinco, diez o más años, según su gravedad- se interrumpía por la simple interposición de la correspondiente denuncia o querella. Para el Constitucional, la sola iniciativa del perjudicado, sea una instancia pública o un particular, no basta para detener el reloj de la prescripción; se necesita para ello que medie algún acto judicial: la admisión a trámite de la querella o denuncia, principalmente.

Las consecuencias son obvias. De un lado, la obligación de los perjudicados de acudir lo más rápidamente posible a los tribunales; y de otro, la exigencia de una inmediata respuesta judicial. En el caso concreto que ha servido al Constitucional para elaborar su doctrina -una querella de Hacienda en 1998 contra un matrimonio de Ourense por una deuda tributaria tras vender unas propiedades a una hija y su marido-, la respuesta judicial se produjo dos años después y fuera de plazo por extravío de los papeles de la demanda. El Constitucional no se pronuncia sobre si la demora fue o no imputable al juez o a la Agencia Tributaria, pero la considera una vulneración flagrante del derecho de los querellados a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. En esta situación pueden hallarse actualmente unos 2.000 expedientes por delito fiscal, sobre los que los tribunales aún no se han pronunciado y que quedarían amnistiados si lo hicieran fuera del plazo de prescripción.

A la luz de esta sentencia, Hacienda está obligada a cambiar su modus operandi en la persecución del delito fiscal, apresurándose ante los tribunales sin esperar a que se agoten los plazos. Y los tribunales asumen una gran responsabilidad si no actúan a su debido tiempo provocando que estos u otros delitos queden impunes. Es inadmisible que los tribunales económico-administrativos acumulen en la actualidad 200.000 expedientes tributarios sin resolver y que corren el riesgo de prescribir.