El PSOE pide reducir los trámites para sacrificar y enterrar animales

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha desarrollado en las últimas semanas una ofensiva para implantar sus compromisos políticos en política agraria. El PSOE ha presentado una proposición no de ley para que los ganaderos de vacuno u ovino no deban presentar el certificado veterinario a la hora de enviar animales para el sacrificio, que se implantó con la crisis de las vacas locas. El objetivo es reducir los costes de estos trámites.

El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley para eliminar el certificado veterinario a la hora de que los ganaderos envíen sus animales para el sacrificio. Este certificado se empezó a exigir en 2000 a raíz de la enfermedad de las vacas locas. Agricultura, de acuerdo con las posiciones generalizadas de todo el sector, considera que ya no tiene sentido seguir pidiendo ese certificado, que supone un coste para los ganaderos y que, por otra parte, no ofrece ninguna garantía añadida sobre la situación sanitaria del animal.

A pesar de los esfuerzos de Agricultura, los veterinarios y la Agencia para la Seguridad Alimentaria se han manifestado en contra.

La Comisión de Agricultura dio luz verde igualmente a otra proposición no de ley socialista instando al Gobierno a buscar nuevas salidas frente a la actual exigencia contra los enterramientos de animales. Los socialistas, de acuerdo con el sector, creen que se pueden y deben buscar salidas para destruir los animales en la propia explotación en fosas estancas al efecto, en lugar de la retirada y transporte de animales, lo que supondría un ahorro para el sector y para la Administración, así como una mayor garantía para la sanidad animal.

Esta posición ha supuesto que se aceleren los proyectos de ley aprobados por el Gobierno, junto a una serie de propiedades no de ley complementarias reclamadas por el sector y que no acababan de salir ante las diferencias existentes entre algunos ministerios.

En el campo de los proyectos de ley, en la primera quincena de mayo se iniciarán los debates para la aprobación de la Ley de Arrendamientos Rústicos, donde el Gobierno propone bajar los periodos del contrato de cinco a tres años, fija techos máximos de superficie en manos de un arrendatario en 50 hectáreas en regadío y 500 en superficies de secano y da derechos preferentes a la hora de arrendar a los profesionales.

Según fuentes socialistas, no se descarta la posibilidad de elevar los techos de superficie en manos de un arrendatario. La ley actual entró en vigor el 28 de mayo de 2004 y el Ejecutivo contemplaba aprobar la nueva disposición en el plazo de seis meses.

Igualmente, el pleno ha dado luz verde para el debate en comisión del proyecto de ley por el que se derogará la Ley de Bases de Cámaras Agrarias. El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, negoció con la oposición una serie de enmiendas al proyecto del Gobierno para lograr un acuerdo con la única oposición de los populares.

El Ejecutivo se compromete a elaborar un nuevo sistema de representatividad agraria en el plazo de dos años en lugar de tres y a mantener las actuales reglas de juego ante cualquier nueva convocatoria electoral en una comunidad autónoma.

Finalmente, también se presentará otra proposición para el desarrollo de los biocombustibles con el apoyo de Agricultura.