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LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS | La financiación de Cataluña

La Generalitat asegura que su propuesta de financiación "no limita la solidaridad"

El Gobierno catalán destaca el énfasis federal del sistema y afirma que "no pide la luna"

Carmen Pérez-Lanzac

El Gobierno catalán presentó ayer una propuesta de financiación "muy ambiciosa", pero que no rompe tabúes: está, según su criterio, dentro del marco constitucional y no pone límites a la solidaridad. Así presentó ayer el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, un proyecto que da un vuelco al actual modelo de financiación: se basa en recaudar todos los tributos y ceder al Estado hasta un 50% de los ingresos por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales, e incluye un mecanismo progresivo de solidaridad, a la manera de países federales como Alemania o Canadá. "No pedimos la luna", resumió Castells.

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La propuesta "no es la luna, pero está muy arriba". La ambición política del tripartito catalán se vio ayer reflejada en las palabras del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en el Parlamento autónomo. Previamente, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA); el titular de Comercio, Josep Huguet (ERC), y el propio Castells desgranaron los puntos clave de la propuesta, de clara inspiración federal. "Cataluña necesita un sistema de financiación que no proporcione más, pero tampoco menos ingresos de los que obtienen las regiones en países como Alemania o Canadá", explicó Castells.

El Ejecutivo catalán negociará a partir de ahora el nuevo sistema en el seno de la ponencia del Estatuto catalán, y posteriormente con el Estado y el resto de las comunidades. Los representantes del tripartito se mostraron ayer abiertos a negociar el modelo definitivo y contaron con que puede haber "cierta resistencia al cambio", tanto desde el Gobierno central como en otras Administraciones. Pero destacaron que el acuerdo "es posible, si hay voluntad política", tanto en Cataluña como en Madrid, porque la propuesta pivota sobre dos principios básicos: "Está dentro del marco que permite la Constitución y no supone limitar la solidaridad interterritorial", enfatizó Castells.

Bilateralidad

La propuesta catalana es radicalmente distinta de los conciertos de las comunidades forales. De las comparaciones con el cupo vasco se desmarcó incluso desde ERC Huguet, quien definió el modelo propuesto como "un pacto fiscal federal con toques de bilateralidad". El titular de Comercio fue más allá y a la necesidad de completar el sistema de financiación con retoques en instituciones como el Senado y el Tribunal Constitucional. Tras llamar a la "movilización de la sociedad civil catalana" para conseguir el nuevo sistema de financiación, Huguet pidió en este sentido retoques en el Senado y en el Tribunal Constitucional para conseguir "un terreno de juego y un árbitro neutros que garanticen una aplicación equilibrada del sistema".

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Tanto Huguet como Castells y Saura explicaron que su propuesta es bilateral, "porque el Estatuto es un instrumento bilateral por definición", aunque, añadieron, a la vez puede ser extensible al resto de comunidades.

El nuevo sistema de financiación prevé la creación de una Agencia Tributaria catalana, que actuará de forma coordinada o en régimen de consorcio con la estatal y se encargará de recaudar, liquidar, inspeccionar y gestionar todos los impuestos. El texto establece que la Generalitat tendrá capacidad normativa sobre todos los impuestos. Un máximo del 50% de la recaudación de los tributos cedidos parcialmente -IRPF, IVA, especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco), además del impuesto de sociedades- se cederá al Estado. Además, la propuesta incluye un mecanismo de solidaridad de corte federal, que implica que la aportación de Cataluña al Gobierno central crecerá a medida que la renta catalana supere la media estatal.

Los tres consejeros pusieron énfasis en que este mecanismo "no supone poner límites a la solidaridad sino a los impuestos que pagan los catalanes, de manera que una parte del esfuerzo fiscal redunde en beneficio de la comunidad", según Castells. El titular de Economía y Finanzas hizo hincapié en el cambio de enfoque que supone la propuesta: "Los recursos aportados o recibidos para la solidaridad se establecen atendiendo a las necesidades de gasto y al esfuerzo fiscal [de cada comunidad] en relación a la media estatal y con el grado de progresividad que se determine", según el texto del proyecto.

Agencia Tributaria

Castells defendió la fórmula de una Agencia Tributaria catalana en régimen de consorcio con la estatal, a pesar de las primeras críticas que ha recibido ya esta propuesta, pese a que el texto presentado ayer abre la puerta a esta fórmula o a la puesta en marcha de instrumentos de coordinación con la Hacienda del Estado y del resto de las comunidades autónomas. La mayoría de los países federales utilizan la modalidad del consorcio de las agencias tributarias, recordó.

Ante la petición de CiU de una agencia totalmente independiente, Saura argumentó que un mínimo de coordinación "es indispensable", mientras que Huguet explicó que el Gobierno tripartito está abierto a todas las posibilidades, "desde un régimen de consorcio muy acentuado a una fórmula más laxa de coordinación".

De izquierda a derecha, Antoni Castells, Joan Saura y Josep Huguet.
De izquierda a derecha, Antoni Castells, Joan Saura y Josep Huguet.MARCEL·LÍ SÀENZ

El impuesto de sociedades

Una de las grandes novedades de la propuesta del Gobierno catalán es la inclusión del impuesto de sociedades en el modelo de financiación autonómica. A diferencia de lo que ocurre hoy, el Ejecutivo catalán quiere al menos el 50% de la recaudación de este impuesto -que ahora se queda íntegramente el Estado- y capacidad normativa sobre un tributo que ha provocado ya varias reprimendas de Bruselas a los Estados miembros ante la posibilidad de que provoque una ruptura de la unidad de mercado. "La crítica de la ruptura de la unidad de mercado se suele hacer desde una óptica centralista", explicó ayer el consejero catalán de Economía y Finanzas, Antoni Castells.

Castells vinculó la tributación de sociedades con la competitividad y dijo que es "beneficioso que una parte de la recaudación esté donde se genera la riqueza", aunque reconoció que la capacidad normativa relativa a este impuesto o al IVA "tiene que ser más limitada que la que afecta al impuesto sobre la renta".

"Antes también se discutía que las comunidades autónomas pudieran incidir en los impuestos especiales, pero actualmente ya se aplica el impuesto sobre hidrocarburos destinado a financiar la sanidad. Todo es posible si hay voluntad política", concluyó.

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Sobre la firma

Carmen Pérez-Lanzac
Redactora. Coordina las entrevistas y las prepublicaciones del suplemento 'Ideas', EL PAÍS. Antes ha cubierto temas sociales y entrevistado a personalidades de la cultura. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo de El País. German Marshall Fellow.

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