Zapatero y Solbes cuestionan el modelo de financiación que quiere el Gobierno catalán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió ayer de que "los ejecutivos autonómicos y los partidos pueden hacer todas las propuestas que crean oportunas sobre el modelo de financiación autonómica, pero corresponde decidirlo a todo el país. Son unas reglas comunes, cuyos principios básicos están contenidos en la propia Constitución". Fue la respuesta que dio en el Palacio la Moncloa a la propuesta de financiación autonómica que el Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-ICV), presidido por Pasqual Maragall, pretende incorporar al nuevo Estatuto.
Dicha propuesta prevé la recaudación de todos los impuestos por parte de Cataluña y la cesión al Estado de un máximo del 50% de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales. El nuevo sistema incluye también un mecanismo de solidaridad progresiva, que implica que la aportación de Cataluña al Gobierno central crecerá a medida que la renta catalana sea mayor que la media estatal.
Chaves declara que no consentirá privilegios, y Barreda afirma que "no hay que comulgar con ruedas de molino"
El vicepresidente avisa de que la reforma deberá respetar las competencias que la Constitución otorga al Estado
El presidente del Gobierno recuerda que el sistema de financiación autonómica es "algo que decide el conjunto del país"
Zapatero recordó ayer que será el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el organismo que reúne a todos los Gobiernos autonómicos con los ministerios de Economía y Administraciones Públicas- quien decidirá el modelo de financiación autonómica, descartando que ese modelo se pueda decidir por una comunidad concreta mediante su incorporación en una reforma estatutaria.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se pronunció en el Congreso, una hora antes que Zapatero, sobre el procedimiento que pretende seguir el Gobierno catalán para cambiar su sistema de financiación. "La redistribución de recursos que plantea podría tener un margen de negociación". Pero Solbes insistió, como Zapatero, en que "la redistribución debería ser discutida entre las comunidades autónomas con el fin de preservar el principio de cohesión e igualdad que fija el sistema actual".
Respetar la Constitución
Solbes también hizo otra advertencia sobre una parte del contenido de la propuesta del Gobierno catalán: "La propuesta debe respetar la Constitución y las competencias que ésta fija, la aplicación equitativa en las distintas comunidades autónomas y el mantenimiento de la solidaridad y la cohesión entre todas ellas".
El vicepresidente económico aclaró que la competencia de recaudar impuestos, según la Constitución, corresponde al Estado, que es quien pacta con las comunidades autónomas los tributos cedidos. No obstante, tanto Zapatero como Solbes midieron sus intervenciones, que plantearon como advertencias a la Generalitat de Cataluña, y evitaron la confrontación y las descalificaciones hacia el Gobierno de Maragall. Zapatero dijo expresamente que "en varias ocasiones" se ha referido "a la necesidad de tener como norma la prudencia en un recorrido como el de la reforma de los estatutos de autonomía".
El presidente del Gobierno también quitó importancia a la propuesta, al recordar que es un borrador con el que se inicia un largo proceso. "El momento del pronunciamiento y del diálogo será cuando esa modificación avance en sus trámites institucionales y cuando el Parlamento catalán envíe al de España la reforma del Estatuto".
Solbes, a su vez, se limitó a señalar las condiciones que el Gobierno plantea a la propuesta de la Generalitat de Cataluña, y evitó la estridencia y el ataque en la respuesta. También recordó que el programa electoral del PSOE plantea la mejora de la capacidad y la autonomía de financiación de las comunidades autónomas, "aspecto en el que el Gobierno está dispuesto a tomar el liderazgo".
El vicepresidente económico dijo, asimismo, que una vez trazados los "elementos fundamentales" de la propuesta de la Generalitat de Cataluña y de que ésta se discuta en la comunidad autónoma, el Gobierno central la estudiará "con más calma y con mejor conocimiento".
Aunque Solbes calificó de "discutible" que se pueda recoger en los estatutos la propuesta de financiación autonómica, puso una condición para aceptarlas. "No soy contrario, siempre y cuando responda al modelo general que se pacte entre todos y desde el respeto a las competencias que la Constitución otorga al Estado".
La Constitución establece en su artículo 156 que "las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos".
La propuesta del modelo de financiación para Cataluña era conocida exclusivamente por el presidente del Gobierno, el vicepresidente económico y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Miguel Sebastián, el asesor económico de Zapatero, no había sido informado del contenido del proyecto de financiación elaborado por el tripartito.
Zapatero ordenó ayer que sólo Solbes se pronunciara sobre el modelo de financiación autonómica de Cataluña para evitar una dispersión anárquica en las respuestas. Así, el ministro de Defensa y anterior presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José Bono, muy proclive a pronunciarse sobre las cuestiones territoriales, se limitó a decir ayer: "Me han dicho que diga, y estoy de acuerdo, que me remito a Solbes. Lo que diga es lo que yo apoyo".
Pero Zapatero no logró el silencio total. Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó que "no puede haber privilegios de unos territorios sobre otros" y recalcó que esa premisa "vale también para el sistema de financiación autonómica", en referencia a la propuesta del Gobierno catalán.
Chaves hizo esta reflexión durante el acto de presentación en Carmona (Sevilla) del documento del PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz. Al referirse a la modernización del estado autonómico, y tras afirmar que no puede haber "privilegios", añadió la frase de que ese principio "vale también para el sistema de financiación autonómica", lo que fue acogido con aplausos por los asistentes.
Difícil encaje
En Toledo, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el también socialista José María Barreda, mostró igualmente su oposición a la propuesta del tripartito catalán: "No me gusta lo que rezuma de soberanismo fiscal, y tiene difícil encaje en nuestra Constitución y en las directivas comunitarias".
"Esta iniciativa no tiene por qué ir a misa tal y como está formulada, porque no se trata de que comulguemos con ruedas de molino", declaró. La propuesta del tripartito catalán será debatida y modificada, según Barreda, porque la Constitución no se puede ver alterada "en ningún caso y bajo ningún concepto" desde las modificaciones de los estatutos de autonomía.
"Lo que pudieran acordar Cataluña y el Gobierno de España afecta al conjunto, y por tanto, es una cuestión de Estado", añadió Barreda, tras recordar que el actual sistema contó con la unanimidad de todas las comunidades, "por lo que la modificación también" debe ser por unanimidad, informa Isabel Salvador.
El secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, resaltó que "habrá que estudiar algunas de las propuestas" de la Generalitat y "ver el encaje constitucional que tienen". Una comunidad, añadió, no puede unilateralmente decidir apropiarse de los impuestos del Estado y excluir a éste de la recaudación tributaria. "Esto no está previsto en el ordenamiento jurídico", dijo.
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