"En mi pueblo no hay homosexuales"

Gimenells i el Pla de la Font está en los antípodas del Gaixample, de Chueca o del neoyorquino barrio de Chelsea. Este pueblecito del Segrià, de poco más de 1.000 habitantes, es una zona libre de gays y lesbianas. No hay ni uno. O por lo menos así le consta a su alcalde, José Manuel Pardos, del PP, tras haber mantenido conversaciones informales con otros concejales y con los propios lugareños sobre la cuestión.

A Pardos ya le va bien que en el pueblo sus vecinos no deban convivir con homosexuales. Y no porque los desprecie. Al contrario, sostiene que siente el "máximo respeto" hacia este colectivo, aunque no comparta "sus creencias". Simplemente, el alcalde remarca, medio en broma, que así evitará enfrentarse a la difícil tesitura de oficiar un enlace entre dos personas del mismo sexo, tal como recoge la nueva ley del matrimonio homosexual, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, si alguuna pareja en Gimenells se decide a oficializar su salida del armario, el alcalde asegura que acatará la normativa. "Faltaría más", añade. Pardos tiene un problema con el léxico (dice que el vocablo matrimonio debe reservarse a la unión de un hombre y una mujer), pero aboga por que los homosexuales tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Esta posición es mayoritaria en aquellos municipios catalanes donde el PP tiene la alcaldía (seis) o donde gobierna en coalición con otros grupos (en menos de 20).

Lejos de las declaraciones del alcalde de Pontons, Lluís Caldenteny (que llamó "tarados" a los gays) los responsables municipales del PP manifiestan una escrupulosa tolerancia hacia la opción sexual de cada cual. "No tengo nada en contra de ellos, son libres de hacer lo que quieran", dice Rogelio Martín, concejal popular en El Morell (Tarragona). "Tengo grandes amigos homosexuales", defiende Víctor Ros, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, la localidad más importante de las regidas por el PP en Cataluña (8.700 habitantes).

No obstante, como otros compañeros de partido, Ros se muestra reacio a celebrar enlaces entre homosexuales por motivos de conciencia. Por ello, ya avisa que delegará esta responsabilidad en otros ediles "con distinta sensibilidad", que estarían dispuestos a hacerlo "con mucho gusto".

Si fuese alcalde de Tarragona, Ros podría confiar perfectamente esta tarea a Esteve Ortiz, responsable del departamento que gestiona los enlaces civiles en la capital tarraconense. Ortiz aplaude la nueva ley del matrimonio homosexual. Considera que está "superbien hecha" y que debería haberse aprobado hace ya mucho tiempo.

Con mayor o menor entusiasmo, lo que está claro es que los ediles del PP no se saldrán ni un ápice del Estado de derecho: "Tendremos que acatar la ley", se apresuran a señalar. Aunque para Ramon Taribó la cosa es distinta. Es alcalde de Les Avellanes i Santa Linya, otro pueblecito leridano situado a 69 kilómetros al norte de Gimenells.

Taribó ya anunció, cuando llegó al Ayuntamiento, que prefería no casar a nadie, ni a homosexuales ni a heteros. Es una forma más de evitar quebraderos de cabeza con los matrimonios. Unas jaquecas que, a juicio del alcalde José Manuel Pardos, están injustificadas. Pardos dice que Gimenells, su pueblo, ya le da suficiente trabajo. Por eso, obvia las polémicas que "hacen perder el tiempo" cuando en realidad "hay muchas cosas por hacer".