"Empieza a reconocerse el problema español", según Exteriores
El Gobierno español valora la propuesta sobre perspectivas financieras presentada por la presidencia luxemburguesa como "un paso importante" que coloca a Madrid en una posición negociadora "más cómoda", pero todavía "insuficiente". Así lo afirmó ayer el secretario de Estado para Europa, Alberto Navarro, que resumió: "Se empieza a reconocer el problema español".
Navarro precisó que la propuesta "no resuelve el problema" por dos motivos: porque "a España no le bastan dos años de phasing out" (periodo de salida gradual) durante el que la pérdida de fondos le sería parcialmente compensada, y porque, aunque el documento luxemburgués no incluye cifras, cabe temer que la compensación considerada "no sea suficiente", dado "el recorte generalizado" de gastos que se contempla en la propia propuesta.
El Gobierno español pedirá que las compensaciones de salida se extiendan hasta los cinco años y que sean superiores a los entre 1.500 y 3.500 millones de euros que, sospechan los negociadores españoles, podrían considerar como máximo los promotores de la propuesta actual.
Renta media
La virtud del documento luxemburgués reside, según Navarro, en que reconoce por primera vez la existencia de un efecto estadístico que expulsa a España de los fondos de cohesión por el simple descenso de la renta media comunitaria derivada de la ampliación. De no haber paliativos, la salida supondría la pérdida de los casi 12.000 millones de euros que los españoles perciben por este concepto durante 2000-2006.
La necesidad de moderar este efecto estadístico había sido ya reconocida por lo que se refiere a los fondos regionales en la propuesta de la Comisión, con unos baremos de compensación que permitieron a los técnicos españoles calcular que los 48.000 millones de euros captados por España en el septenio actual al amparo de todas las políticas de solidaridad quedarán reducidos a 5.000 millones. Dado que la pérdida de 25.000 millones se asocia al crecimiento natural de la renta española, el efecto negativo potencial neto de la ampliación sobre los fondos españoles se calcula en 18.000 millones de euros.
Ahora, explica Navarro, se trata de reducir esa cifra con el phasing out de la política de cohesión, recién reconocido, y también negociando la política de gastos, concretamente el cheque británico, al que España es el tercer contribuyente, con una estrategia orientada definitivamente a controlar los saldos netos.
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