La UE asume la exigencia de España de recibir el Fondo de Cohesión dos años más

Los vientos negociadores sobre el futuro reparto de fondos europeos soplaron ayer a favor de España por vez primera en año y medio. La presidencia actual de la Unión Europea (UE), que ejerce Luxemburgo, dio la sorpresa al aceptar en un documento oficial que España siga recibiendo dinero del Fondo de Cohesión más allá de diciembre de 2006, cuando concluyen las actuales Perspectivas Financieras. Aunque no concreta cuánto dinero, Luxemburgo propone que España perciba dinero de ese fondo en 2007 y 2008. Abre así la puerta a la principal exigencia de Madrid, que rechazó de plano el plan presentado en enero de 2004 por la Comisión, según el cual España perdería de un día a otro su derecho a acceder a ese fondo, del que los españoles perciben 11.600 millones de euros entre los años 2000 y 2006.

La buena noticia para España está contenida en el documento sobre las próximas Perspectivas (2007-2013) que la presidencia de la UE pondrá a debate en la reunión que los ministros de Exteriores de la Unión mantendrán el próximo lunes en Luxemburgo. En el mismo se recuerda que tendrán acceso al Fondo de Cohesión (ahora España se lleva el 60% del total) los países cuya renta por habitante esté por debajo del 90% de la media comunitaria.

Sin embargo, se añade algo fundamental para España: tendrán derecho a un periodo transitorio de recepción de dinero de ese fondo los países que, de no haberse producido la ampliación de laUE a 25 socios, seguirían estando por debajo de ese 90%.

Es exactamente el caso español. Si la UE tuviera aún sólo 15 Estados, España seguiría teniendo una renta por habitante inferior al 90%, pero, al haberse incorporado países del Este menos desarrollados, ha superado ya ese porcentaje.

En efecto, según los datos de la oficina estadística de la UE (Eurostat), entre 2000 y 2002 España tiene ya una renta por habitante equivalente al 92,9% de la media comunitaria. Es decir, que el país supera esa barrera por puro efecto estadístico al hacerse el cálculo con países menos ricos. El cálculo final se hará sobre la media del periodo 2001-2003, con lo que ese porcentaje será aún más elevado.

El Gobierno español ha reiterado en los últimos meses su exigencia de establecer un periodo transitorio de cuatro o cinco años para no perder de golpe el acceso a esos fondos, y así lo han transmitido a los demás Ejecutivos europeos los ministros de Exteriores y Economía, Miguel Ángel Moratinos y Pedro Solbes, respectivamente, y sus secretarios de Estado, Alberto Navarro y Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La Comisión Europea, apoyada por la mayoría de países en este terreno, ha respondido siempre que "no hay base jurídica" para establecer tal periodo transitorio.

Base jurídica

Sí existe tal base jurídica, y así lo aplicó el Ejecutivo comunitario en su propuesta de enero de 2004, para fijar un periodo transitorio para las regiones que, por el mismo efecto estadístico, no tendrían ya derecho a percibir fondos estructurales, como es el caso de Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla. Estas regiones percibirán alrededor del 66% de lo que les hubiera correspondido de seguir en el Objetivo 1, aunque Luxemburgo propone ahora menos dinero (sin concretar) para ese capítulo. Ahora, la fórmula del periodo transitorio se extiende al Fondo de Cohesión, que no se distribuye por regiones sino por países.

El Gobierno ve así aliviado en parte el impacto que tendrán sobre España las próximas Perspectivas Financieras. Pero está aún lejos de cantar victoria. De entrada, porque Luxemburgo propone que ese periodo transitorio se aplique sólo para los años 2007 y 2008, cuando el Gobierno español reclama que sea durante cinco años. Tampoco dice qué cantidades concretas se adjudicarán. Y, por último, España tendrá que enfrentarse ahora a una mayoría de países, sobre todo los más ricos (Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Suecia y Austria), que siempre han rechazado esa opción.

Además, la clave final de la negociación residirá no sólo en cuántos fondos van para España, sino cuál es el saldo neto final, es decir, cómo quedará el balance entre aportaciones e ingresos. Con la propuesta de la Comisión, los 6.959 millones anuales de saldo neto a favor de España (el 0,91% del PIB) se verían reducidos a 714 millones (0,08%).

El cheque británico

El documento de la presidencia de la UE no hace mención alguna, porque lo deja aparcado para el futuro, al futuro del llamado cheque británico que implica la devolución a Londres de unos 5.000 millones al año. De ellos, 700 los pone ahora España.

También deja abierta, sin propuesta concreta, la modificación del sistema para fijar las aportaciones de cada país a las arcas comunitarias. Hoy, España aporta poco más del 9% del presupuesto comunitario, por lo que las variables al respecto repercutirán profundamente en el saldo neto del país con la UE.

La buena noticia sobre el periodo transitorio para el Fondo de Cohesión se vio matizada por esa rebaja del dinero para la convergencia y también porque Madrid no ve con buenos ojos que la táctica negociadora consista en pactar primero la política de los fondos, que afecta a los países menos desarrollados, para acordar después la política de aportaciones., que es la que afecta a los ricos, y sobre todo al Reino Unido.