Reglamento del Congreso, una oportunidad histórica

Asumir situaciones de ridículo o freakismo -términos con que nos obsequian algunos opinadores por reivindicar en el Parlamento español nuestros derechos lingüísticos como catalanohablantes- no nos infunde, a los republicanos catalanes, ningún tipo de complejo. Desde la misma tarde que anunciamos, también en parte en catalán, el apoyo a la investidura del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quedó clara nuestra oferta a la izquierda española para rehacer todo aquello que los ocho años de José María Aznar desconstruyeron.

Este primer año de legislatura hemos soportado las situaciones violentas que genera la voluntad de superación de una anormalidad que, en los umbrales del siglo XXI, ya no resiste más el paso del tiempo. Hoy día, aunque disguste a algunos, modernidad, cultura y europeísmo son sinónimo de plurilingüismo, y todo aquello que se aleja de esta ecuación orillea la marginalidad.

Hoy en día, modernidad, cultura y europeísmo son sinónimo de plurilingüismo

Durante este primer tramo de la nueva etapa parlamentaria hemos intentado reflejar dicha anomalía con nuestros posicionamientos en la Cámara, defendiendo el uso de nuestra lengua. Lo hicimos con el convencimiento que encontraríamos en los diputados de las izquierdas la suficiente complicidad para cerrar una etapa que había convertido las lenguas catalana, gallega y vasca en invisibles en España, lo cual más allá de no contribuir a socializarlas en el conjunto del Estado, ha debilitado su normalización y amenaza su capacidad para atender a los retos que impone la globalización.

Como prueba de que estamos inmersos en una nueva coyuntura de progresos, seis grupos parlamentarios (CiU, ERC, PNV, IV, Mixto y Coalición Canaria) -que a nadie escapa que representan mucho más de lo que su suma aritmética de diputados pudiera parecer- acordaron hace unos meses en Sitges una actuación conjunta para los trabajos del nuevo Reglamento. El acuerdo incluye, ente otros, los derechos lingüísticos de los electos y el reconocimiento de la capacidad de la ciudadanía y de las instituciones a relacionarse con el Congreso en cualquier lengua cooficial. Pero debe remarcarse que los grupos parlamentarios firmantes del acuerdo de Sitges dejaron bien claro que la lengua prioritaria de trabajo del Parlamento español debe ser la castellana, de igual manera que la inglesa debería ocupar la primacía funcional en Bruselas o Estrasburgo. El Reglamento, una vez reconocidos los derechos lingüísticos, deberá ser suficientemente sabio como para regular el uso de las distintas lenguas, que podría quedar reducido a las sesiones plenarias.

No obstante, resta por conocer cuál será la posición final del Grupo Socialista en el Congreso. ¿Optará por dar el paso definitivo hacia el plurilingüismo y apoyará las enmiendas acordadas por todos los grupos -excepto PP y PSOE, claro está- en Sitges? De ser así, sin duda estaríamos ante la materialización del compromiso adquirido por el presidente Zapatero en respuesta en una de las últimas sesiones de control a los portavoces Puigcercós y Erkoreka que le demandaban cómo haría compatible su compromiso en favor de las lenguas en Europa y su plasmación en las instituciones españolas. Compromiso reforzado aún más con su denuncia en París en pro de la riqueza plurilingüe (porque ante la Asamblea Nacional francesa preconizar el valor de las lenguas "regionales" sin duda adquiere el valor de denuncia). Podría darse el caso de que los socialistas optaran por manifestar su incapacidad por zafarse de la influencia del PP y pretendieran demorar o aparcar la solución, trasladando toda la presión al presidente de la Cámara, el cual -como es bien sabido- debe dar respuesta a una petición firmada por todos los grupos de tradición democrática, en la cual se le insta a permitir intervenciones breves en lengua no castellana seguidas de inmediata traducción, tal como él mismo durante dos semanas había tolerado.

Sin embargo, deberíamos deslindar la anécdota de la categoría. El nudo gordiano se halla en la incorporación en el Reglamento de los derechos lingüísticos y a tal efecto corresponde al PSOE definirse al menos con la misma claridad que lo ha hecho ERC. El Grupo parlamentario de Esquerra puso también sobre la mesa la cuestión en la primera reunión bilateral PSOE-ERC celebrada hace 15 días escasos, en la cual se demandó concreción de cinco gestos que permitieran explorar acuerdos parlamentarios de mayor calado: publicación de las balanzas fiscales, colocar en la hoja de ruta la descentralización de la gestión de los aeropuertos, retirada de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno del PP contra la Generalitat, ejecución de las políticas sociales pactadas en los Presupuestos del Estado para el 2005 y regulación de las lenguas cooficiales en el Congreso.

Valórese el esfuerzo político de un grupo parlamentario novel que desde el independentismo hace una apuesta estratégica firme y decidida por el modelo de Estado federal y remátese el de un Gobierno socialista que, sin precedentes, incluso en etapas en las que el denominado Grupo Catalán fue determinante para la orientación gubernamental, de una vez por todas, el Estado español pueda vencer sus propios miedos y sus innombrables presiones y dé un giro histórico en la gestión de la pluralidad lingüística y cultural que es, sin duda, su mayor riqueza. Todo ello en favor de la construcción de una sociedad cada vez más tolerante y abierta a su propia diversidad.

Confiamos que no se abocará a los no castellanohablantes a la insumisión lingüística en el Congreso de los Diputados.

Joan Tardà i Coma es portavoz del Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso.