La xenofobia se multiplica en Rusia

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, ha recomendado al presidente Vladímir Putin y su Gobierno que "intensifiquen la lucha contra la xenofobia, el antisemitismo y todas las otras formas de racismo", en auge en Rusia, y que combatan "con firmeza la violencia policial" y "los delitos de desaparición" en Chechenia. Estos consejos culminan un informe sobre los derechos humanos que se presenta hoy en Estrasburgo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El informe de Gil-Robles es fruto de un viaje de más de 20.000 kilómetros por territorio ruso, durante el cual se entrevistó con centenares de representantes oficiales y de ONG y visitó 11 instituciones penitenciarias, incluido un calabozo en Grozni (Chechenia).

La profanación de cementerios musulmanes en el Cáucaso ha aumentado

A los presos que trabajan se les confisca parte del salario, en ocasiones el 75%

Se calcula que en toda Rusia hay más de 600.000 niños vagabundos

Tras constatar la existencia de un "nacionalismo cada vez más virulento", el comisario ha pedido a los dirigentes rusos que actúen para "castigar enérgicamente a los responsables políticos y a los medios que difunden declaraciones racistas, antisemitas y xenófobas".

Gil-Robles también les insta a tomar medidas contra las administraciones locales que discriminan a ciudadanos de origen caucásico y emigrantes. El comisario expresa "vergüenza y cólera" por la situación "catastrófica" que afecta a varios miles de turcos meshjetinos en la región de Krasnodar, al norte del Cáucaso. Los miembros de esta comunidad, que en 1989 se refugiaron en Krasnodar huyendo de la violencia en Asia Central, no han conseguido hasta hoy convertirse en ciudadanos legales de Rusia, porque los dirigentes locales los mantienen en la condición de parias.

El informe de Gil-Robles incluye desde el sistema de justicia a la situación de minorías nacionales y sexuales, pasando por los menores, los jubilados, los cuarteles, los medios de comunicación y la religión. El documento, que evita las condenas lapidarias y se centra en la raíz de los males y las recomendaciones concretas, dibuja sin embargo una realidad desoladora.

"El auge generalizado de la xenofobia" en Rusia tiene un "carácter alarmante", señala el comisario, para quien "el nacionalismo exacerbado y las ideologías expresadas por partidos y organizaciones ligados a la extrema derecha son los principales responsables de esta situación".

A la hora de respetar los derechos humanos, uno de los más graves problemas de Rusia es la mentalidad misma de los responsables de velar por el cumplimiento de la ley, que tienen dificultades para comprender las bases del sistema democrático, tales como la división de poderes o los derechos de los detenidos, y actúan con la mentalidad represiva heredada del periodo soviético. Rusia ha hecho grandes progresos para adoptar una legislación de corte occidental, pero las últimas reformas en este campo provocan "inquietud" e "incertidumbre" sobre el "mantenimiento de los logros democráticos", señala Gil-Robles.

El comisario manifiesta inquietud ante las voces que, desde el Parlamento ruso, piden la aplicación de la pena capital. En 1996, Rusia ingresó en el Consejo de Europa y adoptó una moratoria sobre la pena de muerte, un castigo que, sin embargo, sigue fijado en la legislación.

Los tribunales en Rusia tienden a castigar y absuelven menos que antes. En el primer semestre de 2004 casi 390.000 personas fueron condenadas y sólo unas 3.800 fueron absueltas. En época soviética, policías y fiscales estaban privilegiados en relación a los jueces. Éstos han mejorado algo su situación material, pero no tienen suficientes garantías de inmunidad e independencia y son presa fácil de la corrupción.

La Fiscalía del Estado, por tradición, abusa de la prisión preventiva. El abogado de oficio, por otra parte, no existe como un servicio generalizado y gratuito al detenido, y puede ser sancionado por comisiones, en las que participan representantes de los jueces y del Ministerio de Justicia.

Activistas de derechos humanos, detenidos y abogados acusan masivamente a la policía de corrupción y malos tratos a los detenidos. Las condiciones materiales de las cárceles del Ministerio del Interior varían, pero son malas en su conjunto, señala el comisario. En su viaje, Gil-Robles vio a reclusos privados de colchón, ropa de cama y falta de objetos de primera necesidad, confinados en celdas minúsculas, sucias y asfixiantes por las emanaciones del retrete. A los presos que trabajan se les confisca parte del salario, en ocasiones el 75%.

Durante la prisión preventiva, los detenidos pueden quedar en manos de la policía y, si sufren malos tratos, no pueden demostrarlo, porque no se prevén revisiones médicas al inicio y final de la detención. La arbitrariedad policial contra los ciudadanos alcanzó cotas escandalosas el pasado diciembre en la ciudad de Blagovechensk (Bashkiria), donde cerca de 1.000 personas fueron detenidas y 300 tuvieron que ser hospitalizadas por los golpes recibidos durante una operación indiscriminada.Las investigaciones sobre el caso, constata el comisario, no han dado "resultado tangible". Por otra parte, los musulmanes del Cáucaso son víctimas de campañas discriminatorias, con participación o tolerancia de los responsables políticos, que los tratan como cómplices de los terroristas. La profanación de cementerios musulmanes ha aumentado y "los ataques de connotaciones racistas se han multiplicado en lugares públicos como el metro, los mercados y los parques". "La difícil situación socioeconómica y el auge del nacionalismo ruso alimentan el rencor y el odio hacia los emigrantes y los extranjeros", señala el comisario. Éste pide "una respuesta urgente" a la situación de los antiguos ciudadanos soviéticos que aún no han podido legalizarse como ciudadanos rusos.

Africanos y asiáticos son víctimas preferentes de "la intimidación, el hostigamiento y la violencia" que afectan a los extranjeros. Ejemplos de ello son el incendio de una residencia en Moscú (36 estudiantes muertos) y la fatal paliza propinada por los cabezas rapadas a un estudiante vietnamita en San Petersburgo.

En Moscú y otros municipios se mantiene el empadronamiento obligatorio, pese a ser anticonstitucional. La práctica se aplica arbitrariamente a diferentes grupos étnicos y es fuente de corrupción policial. Algunos representantes de la Iglesia ortodoxa "incitan a la intolerancia y a la violencia contra las otras religiones y los grupos étnicos no eslavos", señala el documento.

En Chechenia, la situación sigue "difícil y precaria", aunque ha mejorado algo. Aparentemente, los federales practican menos "operaciones de limpieza" (redadas), pero no siempre las realizan de acuerdo con los requisitos legales. Las ONG siguen denunciando frecuentes desapariciones de ciudadanos, que pueden haber sido víctimas de las fuerzas federales y la policía chechena, de los separatistas o de las bandas delictivas. El Consejo de Europa quiere ayudar en la identificación de cadáveres de desaparecidos y en la financiación de un laboratorio forense a ese efecto en Chechenia, señala Gil-Robles, que considera "inadmisible" el escaso número de investigaciones (sobre 2.400 desaparecidos) iniciadas por la Fiscalía.

Por otra parte, en el Ejército los mandos cierran los ojos ante las novatadas, que a veces acaban en deserción y suicidio, un fenómeno, este último, en auge en los cuarteles. Además de la mala comida y la falta de medicamentos, los soldados pueden ser utilizados como "esclavos" y obligados a trabajar gratis para sus superiores. Gil-Robles cita el caso de un oficial encarcelado en el Lejano Oriente ruso por denunciar estas prácticas. El servicio civil alternativo ha tardado nueve años en entrar en vigor y ha sido organizado de modo que "no representa una alternativa, sino más bien una sanción".

Gil-Robles considera crucial mantener el espíritu de la Ley de Prensa de 1991 y la protección de los periodistas y se opone a los partidarios de limitar la libertad de prensa para luchar contra el terrorismo. La televisión oficial ejerce la censura, como el mismo comisario constató directamente en Krasnodar.

En la reforma del sistema de prestaciones sociales, el documento constata graves problemas en el sistema de salud, incluidos los precios de los medicamentos. El Estado, además, no respeta las obligaciones contraídas con las víctimas del accidente de la central nuclear Chernóbil. En Briansk, viviendas contaminadas que deberían haber sido destruidas son ocupadas ahora por refugiados. La violencia doméstica, que no está tipificada por la legislación, es una realidad que no suele denunciarse en Rusia. Las víctimas están aisladas, puesto que no hay estructuras de acogida para las mujeres golpeadas, y la policía tiende a ver el fenómeno como un problema privado. Por otra parte, los niños vagabundos, que se calculan en más de 600.000 en toda Rusia, no se han beneficiado aún de un plan especial de protección previsto para ellos.