La fiscalía investiga las cuentas de la escuela de pilotos de Reus
La UE indaga el destino de una subvención de un millón de euros
El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra, añadió ayer más dudas sobre el Centro de Estudios Superiores de la Aviación (Cesda) de Reus (Baix Camp) al anunciar que ha abierto una investigación para determinar si hubo fraude en la gestión de fondos de la Unión Europea. Esta gestión la investiga también desde hace dos meses la Oficina Antifraude de la Unión, que indaga el destino de casi un millón de euros provinentes de los fondos de cohesión que la Fundación Rego, organismo que gestiona el Cesda, recibió en 2001.
Ambas investigaciones apuntan a que la Fundación Rego- integrada por el Ayuntamiento de Reus, la Generalitat, el colegio de pilotos (Copac) y hasta el año pasado por la sociedad Daerm- adquirió bienes y servicios con dinero procedente de la UE sin concurso previo, lo que representaría una gestión fraudulenta, ya que, por ley, los bienes financiados con dinero público tienen que salir a concurso.
El fiscal jefe de Tarragona abrió ayer mismo diligencias, solicitó a la Oficina Antifraude de la Unión Europea sus informes y aseguró que nombrará un fiscal del área de Reus para que se encarge del caso. Este proceso abierto por el fiscal se suma a las varias denuncias que acumula el Cesda. Varias escuelas de aviación españolas reclaman al Parlamento Europeo que exija la devolución de los seis millones de euros que Generalitat y Ayuntamiento de Reus se comprometieron a aportar a la Fundación Rego en 2001, cuando echó a andar el Cesda. Argumentan que la situación de la escuela es excepcional, ya que vulnera la libre competencia de un sector tradicionalmente privado. Fuentes de la Fundación Rego aseguran que esta denuncia y otra de un particular ante el tribunal de Defensa de la Competencia responden a una guerra empresarial entre escuelas de pilotos, porque han aparecido en periodo de preinscripción de alumnos, y argumentan que el centro de Reus, en el que participa la Universidad Rovira i Virgili, es el único que, hoy por hoy, tiende a "socializar" unos estudios reservados casi únicamente para la clase alta y a los militares.
José María Parra no mencionó ayer como objeto de su investigación la relación entre la Fundación Rego y la sociedad Daerm, creada el año 2001 en paralelo a la puesta de largo de la escuela de pilotos. Esta empresa, promovida por personas que han ocupado cargos en la fundación, ha sido la única suministradora de avionetas y materiales sin el preceptivo concurso público y son varias las voces que hablan también de un posible fraude por este proceder.
Sin embargo, los accionistas de esta sociedad tenían limitada su aportación a un máximo de 30.000 euros y debían ceder el 5% de sus acciones a la fundación para que esta tuviera siempre la mayoría. Fuentes de la fundación explican que Daerm fue un instrumento clave en los primeros años de la escuela, ya que asumió pagos que debería haber afrontado una Fundación Rego que no tenía recursos. Los seis millones de euros de la Generalitat y el Ayuntamiento debían llegar en ocho años, y el mayor gasto de la escuela tuvo lugar el primer y segundo año con la compra de aviones y la construcción del centro.
El Ayuntamiento de Reus emitió ayer un comunicado felicitándose por la apertura de un proceso destinado a "establecer si se tiene que reclamar algún tipo de responsabilidad", algo que no habrían conseguido las dos auditorías sobre la gestión de la Fundación Rego encargadas por el consistorio desde el año 2003.
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