Otro plan Bush... esta vez para las pensiones

Tengo escrito en más de un sitio, desde hace tiempo, que la idea de permitir que los trabajadores desvíen, si lo desean, una parte de sus cotizaciones a la seguridad social para la adquisición de cuentas personales de jubilación (obligatorias) es una gran idea y debería ponerse en práctica cuanto antes en muchos países, entre ellos el nuestro, pero dudo acerca de si es la mejor idea para Estados Unidos.

Durante la campaña para las elecciones del año 2000, George W. Bush anunció un plan para reformar la seguridad social americana que nunca llevó a cabo en esa legislatura. Ahora, tras ser reelegido, vuelve a la carga con una propuesta consistente en permitir que hasta cuatro puntos porcentuales, de los 6,2 que sobre sus salarios pagan los trabajadores americanos a la seguridad social, puedan destinarse a la adquisición de una cuenta personal de jubilación.

"Subsiste la duda de si la reducción del sistema de pensiones públicas no llevará a muchos futuros pensionistas a la pobreza"

Este plan ha puesto en pie de guerra al club progresista, uno de cuyos líderes es el influyente catedrático de economía del MIT Paul Krugman (http://web.mit.edu/krugman/www/), quien a través del New York Times y otros medios más académicos insiste en que la seguridad social americana no está en crisis, que el plan Bush carece de sentido si no es como una estratagema más para favorecer a sus amigos de Wall Street y que empobrecerá a los trabajadores cuando se jubilen.

El plan Bush también tiene defensores, sin embargo. Desde el igualmente influyente CATO Institute (http://www.socialsecurity.org/) se argumenta que el citado plan para reformar la seguridad social constituye una oportunidad para estimular el ahorro, el crecimiento y el dinamismo general de la economía americana, además de una solución eficiente para los futuros pensionistas y una solución a largo plazo para los problemas de la seguridad social americana.

La seguridad social americana el la mayor del mundo y cubre a todos los asalariados y trabajadores autónomos americanos. Pero sus pensiones son una más de las diversas fuentes de renta de los jubilados, excepto en el caso de los más pobres, ya que las pensiones privadas (de empresa o personales) y otras rentas de inversiones son igualmente importantes, y a veces más importantes que las pensiones.

Los problemas financieros de la seguridad social americana no se presentarán hasta dentro de tres décadas, cuando los baby-boomers ya se hayan jubilado completamente, y mientras tanto las apreciables reservas acumuladas en el Trust Fund servirán para paliar los desequilibrios corrientes, que tampoco serán excesivos. El plan de Bush haría que la seguridad social americana dejase de ingresar inmediatamente importantes flujos de cotizaciones adelantando sus problemas financieros, aunque más tarde los gastos por pensiones disminuirían también de manera apreciable contribuyendo todo ello a reducir el déficit esperado.

Pero subsiste la duda de si la reducción del ya ajustado tamaño del sistema de pensiones públicas no llevará a muchos futuros pensionistas a la pobreza. La alternativa de las cuentas personales de pensión es muy buena, pero debería generalizarse haciendo que tanto las pensiones públicas como las privadas coexistan en pie de igualdad (sistema mixto), no como complementarias, sino como sustitutivas dentro de límites razonables. En España, la financiación de las pensiones exige el 28,3% del salario de los trabajadores, frente al 12,4% en EE UU. Aquí sí que hay margen para permitir a los trabajadores opten por dedicar unos cuantos puntos porcentuales de esos 28,3 a adquirir cuentas personales de jubilación.

El que las pensiones públicas y privadas estén en estricto pie de igualdad significa, por cierto, que así como las cotizaciones a la seguridad social están íntegramente exentas del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, y las pensiones públicas sometidas al primero, las aportaciones a los planes privados de pensiones deberían estar igualmente exentas y las prestaciones sometidas, por más que ello les duela a la OCDE y a los ministros de economía.

José A. Herce es profesor de FEDEA y de la Universidad Complutense de Madrid.