La inseguridad social de George Bush

En La llegada del New Deal, uno de los títulos de su prolífica obra,el historiador Arthur Schlesinger Jr. cita ampliamente al presidente Franklin Delano Roosevelt, bajo cuya Administración se echaron las bases del sistema de protección social en Estados Unidos, tras los devastadores efectos de la Gran Depresión de los años treinta. He aquí una frase, que versa sobre los impuestos aplicados en las nóminas que percibían los trabajadores para nutrir el fondo de la Seguridad Social, y que remite al momento actual: "Estos impuestos nunca han sido un problema económico. Por donde se los mire son políticos. Hemos instaurado estos aportes contributivos con el fin de que los contribuyentes obtengan un derecho legal, moral, y político a gozar de sus pensiones y beneficios por desempleo. Con esos impuestos, ningún condenado político podrá alguna vez desguazar mi programa de seguridad social". Roosevelt, que quería un sistema autónomo del Gobierno, se equivocó. Porque hay un político que a estas horas está intentando empezar el desguace. Se trata de George W. Bush, el presidente de Estados Unidos.

Según los estudios de la Administración de Bush, el crecimiento anual medio de la economía pasará del 3% en 2005-2010 al 2,2% en 2010-2015

La supuesta reforma de la Seguridad Social, dirigida a reducir también el déficit fiscal, podría contribuir a su incremento

Bush quiere que el Congreso saque adelante el plan de reforma durante 2005 porque en noviembre de 2006 hay elecciones legislativas

El producto estrella es la privatización parcial mediante la apertura de cuentas corrientes privadas para aquellas personas menores de 55 años

Si las armas de destrucción masiva en posesión de Irak fueron usadas por la Administración de Bush para justificar la invasión, el presunto colapso financiero de la Seguridad Social es el argumento central para explicar la necesidad de aprobar, antes de fin de año, una reforma de privatización parcial.

Intensa campaña

El presidente Bush, bajo la recomendación de su principal asesor, Karl Rove, cuyo poder en la Casa Blanca se incrementó notablemente después de la victoria electoral del 2 de noviembre de 2004, lanzó a comienzos de marzo una campaña de dos meses para explicar a lo largo y ancho del país -60 paradas en 60 días- la bancarrota previsible del sistema de Seguridad Social y la imperiosa necesidad de actuar antes de que sea tarde. Es la otra guerra preventiva de Bush. La campaña a favor de una reforma cuyas líneas concretas aún son desconocidas se ha convertido en una cruzada gubernamental al punto que hace pocos días la minoría demócrata se dirigió a la Oficina de Rendición de Cuentas para preguntar no sólo los millones de dólares que están gastando, sino para indagar, según la carta enviada por el representante demócrata por California, Henry Waxman, "si la Administración de Bush ha cruzado la línea entre educación y propaganda". Waxman precisa: "Informar al público es responsabilidad del presidente; usar recursos de los contribuyentes para montar una sofisticada propaganda y una campaña de venta es un abuso de la oficina del presidente".

El presidente Bush explica, en la mayoría de sus comparecencias, que el sistema de Seguridad Social exhibe un déficit de 11 billones de dólares, cifra que surge de proyectar en el tiempo la diferencia estimada entre los ingresos que proporcionarán los impuestos aplicados a las nóminas de los afiliados y lo que costarán los beneficios a cubrir. Si se hace el cálculo a 75 años, la diferencia es de 4 billones de dólares; si, en cambio, se proyecta sin límite de tiempo, son 11 billones de dólares.

Las encuestas señalan que Bush tiene serias dificultades para que los norteamericanos acepten la idea de actuar ya a partir de este tipo de cálculos. Tampoco el Partido Republicano. Ni el público ni sus propios partidarios están dispuesto a seguir al presidente, como ocurrió con la guerra Irak, donde la sombra de los ataques del 11-S en la memoria colectiva jugó un papel esencial.

Sin duda, Bush ha conseguido apuntar un tanto al fijar el contenido del debate, a saber, la Seguridad Social es un asunto económico, un sistema al borde de la quiebra que necesita ser reformado y privatizado parcialmente. Sin embargo, establecer las reglas del juego del debate requiere, después, ganarlo. Y no parece, de momento, que resulte fácil.

La Administración de Bush sostiene que el fondo de la Seguridad Social no estará en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones comprometidas en el año 2042. Los ingresos, sigue el razonamiento, estarán un 25% por debajo de lo que el sistema habrá de deber a los beneficiarios en ese momento.

"El fondo de la Seguridad Social estará vacío en 2042, llegando a la insolvencia", explicó el profesor Gregory Mankiw hace algunas semanas, antes de abandonar la presidencia del Consejo de Asesores Económicos de Bush. Con todo, la misma Administración ha admitido que aún cuando no se hicieran cambios en el sistema, se podrían cumplir un 75% de los compromisos.

Las previsiones

Pero aun con esta contradicción de alcance propagandístico, ¿cómo se llega a tan negras previsiones? Aquí está el punto relevante. Según los estudios de la Administración de Bush, el crecimiento anual medio de la economía pasará del 3% en 2005-2010 al 2,2% en el periodo 2010-2015 y al 1,8% en 2015-80. Estas previsiones son de por sí preocupantes. Porque si se analizan las series estadísticas históricas, Estados Unidos estaría al 1,8%, creciendo menos que durante los años 1920-39 (2,1), periodo en el que tuvo lugar la Gran Depresión.

Con tasas de crecimiento como las apuntadas o ligeramente más elevadas, la pregunta es: ¿por qué razón va a estar en peligro de quiebra la Seguridad Social y va a carecer de los fondos para cubrir los compromisos? Habida cuenta de que las tasas de crecimiento reales van resultando ser más elevadas que las proyectadas en su día, la Administración de Bush ha aplazado a menudo, cada vez más hacia delante, el día de la apocalipsis del sistema.

Aunque el plan no está elaborado al detalle, el producto estrella que ha provocado ríos de tinta es la privatización parcial mediante la apertura de cuentas corrientes privadas para aquellas personas menores de 55 años. La Administración de Bush ha lanzado la idea de que hasta un 4% de los impuestos retenidos en nómina para el fondo de Seguridad Social -dos tercios aproximadamente de la contribución de un trabajador- podrá ser ingresado -es una opción voluntaria- en cuentas privadas. El dinero, a su vez, podrá ser invertido en Bolsa y otros productos financieros.

Según los asesores de Bush, mientras la economía crecerá a un 2, 5% o 3% anual, la rentabilidad de las inversiones será del 7% anual, lo que permitiría elevar varias veces los beneficios a las personas que se acojan al sistema de cuentas corrientes privadas. Esas personas, a su vez, deberán renunciar a cobertura de la Seguridad Social proporcionalmente a lo que han extraído. En cifras: por cada dólar procedente del impuesto en nómina que el titular ingresa en su cuenta corriente, renuncia a un dólar de cobertura.

Toda una incógnita

Los expertos, empero, se preguntan por qué razón si la economía crecerá a tasas del 2,5% o 3%, la Bolsa habrá de hacerlo a más del doble. Nadie ha logrado despejar esta incógnita. "Si la economía se desacelera lo suficiente como para que EE UU tenga un problema con la Seguridad Social, también habrá un problema con la Bolsa. Es obvio", sostiene Douglas Fore, experto de un grupo de inversiones. El representante demócrata Peter DeFazio apunta: "Los que proponen la privatización parcial no han sido capaces de mostrar cómo la Bolsa será capaz de remunerar un 7% en el futuro cuando el crecimiento de la economía que proyectan está en la mitad de lo que hemos conocido en el pasado".

Pero, al mismo tiempo, el desvío de una parte de fondos hacia las cuentas corrientes privadas supondrá una merma de ingresos para el fondo de la Seguridad Social al tiempo que tendrá que cubrir los compromisos con los beneficiarios que se han mantenido dentro del sistema como siempre. ¿Qué propone Bush? El fondo de la Seguridad Social tendrá que tomar préstamos por valor de 4 billones de dólares en los próximos veinte años. Esto quiere decir que una supuesta reforma dirigida a reducir, también, el déficit fiscal contribuirá a su incremento. "No", dicen los asesores del presidente. El razonamiento: el Gobierno terminará recuperando todo el dinero, ya que los costes de los beneficiarios a cubrir conocerán una fuerte reducción como resultado de que los jubilados dependerán más de sus cuentas corrientes privadas.

Entre la gran mayoría de expertos conservadores, el plan de Bush tampoco ha logrado ganar adeptos, porque en lugar de resolver los problemas que dice detectar sólo servirá para agravar la situación fiscal. En realidad, es la iniciativa la que parece poner en peligro la Seguridad Social y amenaza con sumirla en una crisis sin precedentes.

Bush quiere que el Congreso saque adelante el plan de reforma durante 2005. Es evidente por qué. En noviembre de 2006 tendrán lugar las elecciones legislativas de mitad de su segundo y último mandato. Será, por tanto, un pésimo momento para vender la reforma. Si el programa no sale adelante a finales de 2005 existen serias dudas de que el plan sea una realidad.

Pero Bush cree esta guerra puede ganarse y está empeñado en mostrar que la profecía de Roosevelt ("ningún condenado político podrá alguna vez desguazar mi programa de seguridad social") estaba errada.