El alcalde de Ponferrada archiva el caso del chalé del delegado de la Junta

El Ayuntamiento de Ponferrada, presidido por Carlos López Riesco, del Partido Popular, ha dado carpetazo a la investigación solicitada por el grupo de concejales socialistas sobre la construcción en la actualidad de un chalé ilegal por parte del delegado de la Junta de Castilla y León en esta provincia, Eduardo Fernández, también del PP, y a su vez, presidente de la Comisión provincial de Urbanismo.

La edificación, en la que hace unos dos meses se instalaba el tejado de pizarra, se encuentra en terreno rústico en las inmediaciones del pantano de Bárcena -en el municipio de Ponferrada-, del que ni el delegado ni su familia son propietarios.

El Ayuntamiento, tras un mes y medio sin llevar a cabo medida alguna, alega para el cierre de las diligencias previas que el promotor del inmueble fue el padre del político del PP, Magín Fernández, fallecido en febrero de 2004.

El PSOE estima que esta decisión es una "dejadez" del Ayuntamiento, "absoluta e interesada". Los socialistas pidieron desde el primer momento un informe del Colegio de Arquitectos para determinar la antigüedad de las obras del chalé.

El instructor del expediente llamó incluso a declarar al fallecido padre del delegado de la Junta autonómica, a sabiendas de que había muerto, pero en ningún momento se optó por una medida más fácil como es enviar a un policía municipal a comprobar el estado de las obras, tal y como es preceptivo en el caso de la denuncia de una infracción urbanística.

Para el PSOE de Ponferrada, es "escandalosa" la actuación en el caso de este Ayuntamiento y de otras instituciones gobernadas por del PP relacionadas con el urbanismo. El servicio territorial del Ministerio Fomento dio un tirón de orejas al consistorio por la "falta de iniciativa" demostrada en este asunto, a pesar de que el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León indica que el máximo responsable de frenar estos desmanes es el propio gobierno municipal. El Ayuntamiento tiene que ejecutar las inspecciones urbanísticas, imponer sanciones, adoptar medidas de protección -como decretar la paralización de las obras- y restaurar la legalidad.

El paraje natural no urbanizable donde levanta el chalé Fernández es un terreno rústico protegido en el que según las normas urbanísticas del vigente Plan de Ordenación Urbana no se puede edificar, salvo que se posea un millón de metros cuadrados. Muy por el contrario, Fernández sólo cuenta con un contrato privado de compra, fechado en 1979, de 2.800 de los 4.412 metros cuadrados de la parcela que ocupa, a nombre de su madre, María Flor García.

Un mes sin comparecer

El delegado del Gobierno regional castellano-leonés, responsable de la ilegalidad, ha vuelto a la actividad política tras más de un mes sin comparecer en actos públicos.

Los socialistas han interpuesto varias preguntas parlamentarias sobre la actuación de Eduardo Fernández, tanto en las Cortes regionales como en el Senado, y no descartan llevar el caso a los tribunales de justicia dado el silencio administrativo y político del Partido Popular de Castilla y León.

Colectivos sociales, asociaciones y comunidades de vecinos se preguntan cómo Eduardo Fernández podrá sancionar infracciones urbanísticas cuando él comete una ilegalidad y sus superiores no actúan.