La Generalitat democratiza e inyecta capital en el Instituto Catalán de Finanzas

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) inicia una nueva etapa. La entidad de crédito público de la Generalitat duplicará su capital y dará entrada a su consejo de gobierno a sindicatos y empresarios, una vieja reivindicación de los agentes sociales. Así lo anunció ayer el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, quien explicó que el capital del organismo alcanzará 406 millones de euros en 2007. Esta ampliación se llevará a cabo con recursos del propio organismo, procedentes de sus beneficios, así como de los presupuestos de la Administración autonómica. Con ello, el Gobierno catalán pretende "reforzar el papel del ICF para que pueda financiar proyectos viables" y, desde un punto de vista económico, "estratégicos para Cataluña".

Tanto la ampliación de capital, que será progresiva, como la integración de agentes sociales en los órganos de gobierno -al ser una entidad de derecho público carece de Consejo de Administración- forman parte del plan estratégico del ICF, que permitirá a la entidad pública llegar a 2007 con unos activos totales de 3.347 millones de euros, el 73% más que en 2004.

Uno de los puntos clave del plan se centra en mejorar la solvencia de la entidad pública, tras un periodo de frenética actividad crediticia mantenida por el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) en los seis meses anteriores a las últimas elecciones al Parlament. En ese periodo, el ICF enterró dinero en empresas en crisis, como la textil Tybor o Lauren, entre otras. El banco público catalán cerró 2004 con unas pérdidas de 5,4 millones de euros debido al incremento de las previsiones para sanear la cartera de créditos.

La entidad pública "proseguirá con el saneamiento patrimonial iniciado en 2004", explicó el consejero delegado del ICF, José María Ayala, que procede del BBVA. Según el nuevo plan estratégico, en estos tres años la compañía alcanzará unas provisiones de más de 158 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 76,7%.

En cuanto a la capitalización de la entidad, los 406 millones anunciados por el consejero Castells representan un aumento del 86,9% de sus propios fondos. En este sentido, durante su primer año de gobierno del tripartito y para recuperar la calidad de los créditos del ICF, la Generalitat duplicó el importe de sus aportaciones pasando de 32,56 a 60 millones de euros.

El plan también prevé mejorar el índice de morosidad (el porcentaje de créditos de dudoso cobro), que está previsto que pase del 4,5% de 2003 al 2,9% en 2007. La media del sector bancario está ligeramente por encima del 1%, aunque los gestores del ICF consideran que la cifra óptima para una entidad de crédito público se sitúa en torno al 3%. Los planes del ICF pasan por participar en proyectos de mayor dimensión y aumentar el importe medio de las operaciones.

En paralelo con las actuaciones en los departamentos de Trabajo e Industria y Comercio, Turismo y Consumo, el objetivo del ICF es "participar en proyectos de expansión o reconversión en colaboración con otros operadores financieros públicos y privados, cuando estas operaciones se consideren viables y estratégicos para la economía catalana". Las recientes operaciones de Ercros e Izasa, anunciadas el pasado martes, responden a estos objetivos.

Línea para 'pymes'

En este sentido, Ayala explicó que en estos tres años, el ICF prevé incrementar su actividad crediticia con préstamos y avales por un importe de 1.400 millones de euros, así como potenciar la concesión de créditos participativos -que no exigen garantías reales- a través de su sociedad filial ICF Holding, con una cartera de 65 millones de euros hasta 2007. Con esta medida se pretende facilitar la internacionalización y competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en proyectos de investigación y desarrollo (I+D).La entrada de los agentes sociales en el consejo de gobierno vendrá precedida por la redacción de la nueva ley del ICF. El presidente de la entidad, Andreu Morillas, explicó que el objetivo es regularizar la actual situación organizativa y reagrupar sus filiales (Instituto Catalán del Crédito Agrario, ICF Holding e ICF Equipamientos) para actuar como un solo grupo, que se llamará Instituto Catalán de Finanzas Corporación. Con la nueva ley, que se aprobará antes de finales de junio, también se reforzarán sus órganos de decisión, tanto los corporativos como a nivel de filiales. Así, la función de sindicatos y patronales, que no tendrá carácter ejecutivo, será la de orientar la planificación estratégica y política del ICF. Sindicatos y patronales podrán proponer reformas y recibirán información sobre el presupuesto, algo que el Gobierno catalán prometió el pasado febrero.