Satisfacción en las ONG y críticas del PP a la medida

Hasta tres veces fue preguntada el jueves pasado la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, por la intención del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de buscar fórmulas alternativas al certificado de empadronamiento para ampliar el número de sin papeles que pueden acogerse al proceso de normalización. Y las tres veces eludió la respuesta. Sólo ayer, una vez que Caldera hubo cerrado el acuerdo de abrir nuevas vías para que los extranjeros puedan acceder al censo, expresó su opinión la responsable del PP.

"Una grave irresponsabilidad". Con estas palabras calificó Pastor la medida, cuatro días después de ser anunciada. En declaraciones a Europa Press, acusó al Gobierno de "variar las reglas del juego, engañar a los ciudadanos y no dar nuevas esperanzas a los ciudadanos [sic] inmigrantes".

Las declaraciones de Pastor chocan frontalmente con las expresadas reiteradamente por Ana Botella, secretaria de Acción Social del PP de Madrid y concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de la capital, quien pidió al Gobierno que prorrogara el proceso de regularización y lamentó que éste afectara sólo a los extranjeros empadronados en España y no incluyera otras situaciones, como el arraigo, que sí se tuvieron en cuenta, recordó, en anteriores procesos de regularización realizados por los Gobiernos del PP. Las opiniones de Botella son relevantes porque Madrid es la provincia con mayor número de inmigrantes en situación irregular.

Las declaraciones de Pastor también colisionan con las del Gobierno de Murcia, en manos del PP, cuya consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio, solicitó al Ministerio de Trabajo la ampliación del proceso de normalización.

"Demanda social"

El Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, aseguró que la decisión del Ministerio de Trabajo "responde a las demandas de la sociedad civil y supone un nuevo esfuerzo del Gobierno para racionalizar, con suficientes garantías, la situación irregular en la que el PP dejó a cientos de miles de inmigrantes", informa Efe.

Para la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), la nueva alternativa ofrece más legitimidad al proceso de regularización. El presidente de la Asociación, Mustafa El Mirabet, aseguró que ésta era una "petición de justicia" que da la razón a quienes la solicitaron. No obstante, expresó su inquietud porque queda poco tiempo para el cierre del proceso, por lo que pidió que los Ayuntamientos colaboren para gestionar de forma rápida las peticiones del documento acreditativo, según Europa Press.

El mismo temor expresó la asociación Andalucía Acoge, que considera lógica una ampliación del periodo para que tanto inmigrantes como empresarios tengan tiempo para aprovechar que se acepten estas otras pruebas alternativas.