Luces y sombras de Justicia

Hace menos de una semana que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desautorizó al consejero del ramo, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna, al anular las ayudas ofrecidas por su departamento a los familiares de presos encarcelados fuera de la comunidad (600.000 euros desde 2003). Y hace aún menos tiempo, tres días, que se situó a sí mismo en el centro de otra polémica al asegurar que el Gobierno socialista no intenta la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) por puro "cálculo electoral".

No hace falta rebuscar demasiado en las hemerotecas para encontrar ejemplos como éstos, que sirven para ilustrar que la gestión de la consejería en el áreade Justicia ha quedado esta legislatura a la sombra de disputas, desencuentros y cruces de acusaciones con distintas instancias políticas y judiciales. Básicamente, porque el debate político se ha trasladado a las salas de los tribunales a lo largo de la legislatura y sus decisiones se han convertido en armas arrojadizas.

En esta legislatura se ha consolidado la modernización de la Justicia en Euskadi, según el departamento

Nada más arrancar la legislatura, en 2001, ETA asesinaba al magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón y dinamitaba el centro de menores de Zumarraga, reabriendo así un debate sobre las medidas de protección de magistrados, fiscales y sedes judiciales. Pero duró lo que la actualidad tardó en servir nuevos argumentos para la confrontación: en 2002, el escándalo por la excarcelación y posterior suicidio del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, tras cumplir sólo trece de los 298 años de prisión, a los que fue condenado por seis asesinatos; en 2003, la clausura judicial del diario Euskaldunon Egunkaria, la ilegalización de Batasuna y la negativa del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (recientemente se reabrió la causa contra Atutxa); en 2004, la petición de la transferencia de prisiones; en 2005, la decisión de la consejería de enviar observadores al juicio contra miembros del colectivo Segi o la reciente anulación de Aukera Guztiak...

Sobre éstas y otras cuestiones se ha pronunciado el Departamento de Justicia durante estos años marcados por la aprobación de la Ley de Partidos y por el debate y posterior aprobación en el Parlamento vasco del plan Ibarretxe. La viceconsejera Esther Larrañaga lo explica así: "Esta legislatura ha coincidido con dos temas que son preocupantes. Por una parte, constantes modificaciones de la legislación penal, cada vez más restrictivas, y, por otra, un proceso de politización de la Justicia. Es cierto que la gestión judicial puede quedar difuminada, pero nuestra obligación es posicionarnos".

Con todo, Justicia, que gestiona anualmente en torno a los cien millones de euros (88 en 2001; 93 en 2002; 105 en 2003 y 107 en 2004), ha hecho de esta legislatura, "la de la consolidación de la modernización de la Justicia", según resume Larrañaga. Porque con la rehabilitación de los Palacios de Justicia de Eibar y San Sebastián, apunta, se ha culminado la reforma de las sedes judiciales, que ha costado alrededor de 33 millones de euros -la Audiencia guipuzcoana está aún en obras-; se han mejorado los servicios de atención al público en todas las sedes; se ha completado el tercer plan de informatización, y se ha avanzado en la euskaldunización del personal al servicio de la administración (de los 1.900 funcionarios, 500 se encuentran en proceso de aprendizaje de esta lengua).

Así, mientras Azkarraga lanzaba críticas sobre la independencia del poder judicial -"el CGPJ se parece más al comité ejecutivo del PP que a un órgano independiente", dijo una vez, cuando gobernaba José María Aznar-, mientras los trabajadores de la administración de Justicia pedían su equiparación salarial con el resto de funcionarios vascos -aún continúan con esa batalla-, el equipo de Justicia daba pasos para mejorar un sistema que en otros países se toma como modelo. Durante los pasados cuatro años, el departamento se ha esforzado por mejorar la calidad de la asistencia jurídica gratuita al ciudadano (sólo en 2003 invirtió 5.262.392,64 euros), que ha supuesto la implantación , por ejemplo, de un servicio específico para la violencia doméstica. También se han puesto en marcha ni las campañas a favor de la Paz y los Derechos Humanos (en 2004 se invirtieron dos millones de euros) y se aprobó el Plan de Justicia Juvenil 2004-2007, que potencia la mediación, la conciliación y la reparación extrajudicial de víctima y delincuente; busca que los infractores cumplan preferentemente sus penas en régimen abierto y establece una red de centros de acogida que priorizan la educación de los jóvenes.

Pero hay asignaturas pendientes, como la transferencia de las cárceles, que se encuentran en un estado ruinoso -el Ejecutivo vasco presentó a última hora un plan penitenciario para la construcción de seis centros-, o la instauración de una relación aceptable entre la consejería y las distintas instancias judiciales y políticas. Pero eso queda para después del 17 de abril.