Inmigrantes y padrón
El próximo 7 de mayo termina el proceso de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno en febrero. Se trata de una apuesta para aflorar el mapa de la inmigración ilegal y la economía sumergida en España, evitando tanto la tentación de un cerrojazo socialmente injusto y económicamente dañino como la de un reparto de papeles para todos, igualmente insostenible. Un actor imprescindible del proceso es el empresario que ha contratado irregularmente y que tiene la oportunidad de legalizar su conducta sin temor a una represalia administrativa. Hasta el momento se han despachado algo más de 300.000 expedientes, una cifra inferior a la esperada. Una explicación radicaría en que muchos empresarios confían en que la impunidad persistirá tras la fecha límite y que será posible para quien no se haya puesto al día esquivar las inspecciones de Trabajo.
Pero, una vez abierto el proceso, se han detectado problemas de trámite que el ministro de Trabajo ha propuesto corregir. El más claro es la obligación por parte del inmigrante de documentar su residencia en España antes de agosto de 2004. Para ello, sólo se admite como documento probatorio el empadronamiento. Parece serio el argumento de que muchos inmigrantes no acudieron al empadronamiento por temor a hacerse visibles ante la policía. Tanto PP como PSOE apoyaron en su día que la policía tuviera acceso a los datos del padrón. Ello provoca que haya inmigrantes que ahora carezcan de este papel salvífico.
El ministro Caldera ha propuesto a la patronal y los sindicatos estudiar la posibilidad de admitir otro tipo de papeles que puedan considerarse una documentación probatoria razonable. La primera reacción ha sido de rechazo, primando un incomprensible acartonamiento del procedimiento por encima del objetivo final. El Defensor del Pueblo y otras organizaciones, por el contrario, lo han defendido. Seguramente entre los centenares de inmigrantes encerrados estos días en parroquias de Barcelona muchos se han movilizado más para que les salven de este obstáculo que por el poco razonable objetivo de dar papeles a todos.
Hay aspectos del proceso menos manejables. Una sospecha, por ejemplo, de que pueda eternizarse frenaría todavía más el paso imprescindible que ha de dar el empleador del inmigrante en el trámite. Pero dar una alternativa al padrón es una corrección sensata a un problema heredado. La política del PP en este delicado frente no fue precisamente un acierto.
