Cada municipio decidirá qué documentos exige a los inmigrantes para su proceso de regularización

Cada ayuntamiento podrá decidir qué tipo de documentos se consideran "fehacientes" para demostrar que un trabajador inmigrante reside en España desde antes del 8 de agosto de 2004 y se pueda empadronar ahora con una fecha anterior, requisito imprescindible para acogerse al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno. El reglamento de Extranjería exige el certificado de empadronamiento para que los sin papeles puedan acogerse al proceso.

Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo de Empadronamiento se reunirá el próximo 21 de abril (dos semanas antes de que acabe el proceso) para analizar la aplicación de este mecanismo, en el que, por ejemplo, serán documentos válidos solicitudes de empadronamiento anteriores no atendidas, cartillas sanitarias, solicitudes de escolarización y trámites en el Ministerio de Interior o en otros organismos oficiales.

Empadronamiento por omisión

Con estos certificados, el extranjero podrá solicitar el empadronamiento por omisión, fórmula que consensuaron ayer el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para facilitar que participen en el proceso de regularización los inmigrantes que carecen del certificado de empadronamiento, requisito imprescindible exigido por el reglamento de extranjería. La presidenta del INE, Carmen Alcaide, que también preside el Consejo de Empadronamiento, ha remitido una circular urgente a todos los ayuntamientos para informarles sobre cómo utilizar la figura del "empadronamiento por omisión", aunque "dada la heterogeneidad de los distintos documentos públicos" cada municipio podrá decidir cuáles considera "fehacientes".

El "alta por omisión" fue la fórmula acordada ayer por Trabajo y los agentes sociales para facilitar que los inmigrantes que residen en España desde antes de agosto y carecen de certificado de empadronamiento que lo acredite puedan acogerse a la regularización. Según la circular, cuando el extranjero no esté inscrito en el padrón se le podrá dar de alta, mediante resolución expresa y motivada del alcalde, desde la fecha en que acredite su residencia continuada en el municipio con "documentos públicos fehacientes". Cuando el extranjero ya figure en el padrón pero antes del 7 de agosto de 2004, se permite a los ayuntamientos revisar esa fecha de alta e inscribirlo con carácter retroactivo en una fecha anterior, de acuerdo con la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento de régimen administrativo común.

"Los ayuntamientos serán muy diligentes"

Alcaide, tras consultar a los miembros del Consejo de Empadronamiento, ha remitido la circular de forma inmediata debido a "la urgencia de plazos". Según explica en su carta, el proceso de normalización que se está llevando a cabo ha puesto de manifiesto que algunos "afirman residir con anterioridad a su fecha de empadronamiento y que otros no figuran inscritos por no haberlo solicitado en su momento". La mesa de diálogo social consideró ayer que el empadronamiento por omisión permitiría solucionar ese problema sin modificar los requisitos del proceso fijados en el reglamento de la Ley de Extranjería.

En la disposición transitoria tercera del reglamento se exige que el extranjero que quiera beneficiarse del proceso de regularización cuente con un contrato de trabajo -por regla general de seis meses-, empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004 y certificado de antecedentes penales. Con esta decisión se da respuesta a peticiones de asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía que reclamaban que se pudieran aportar documentos alternativos al padrón para acreditar la estancia en España. Alegaban que había muchos inmigrantes que no se habían empadronado por miedo a ser expulsados del país al tener acceso la policía al padrón, debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos o bien porque en determinadas provincias no era necesario para tener acceso a la tarjeta sanitaria.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha declarado hoy en París que "los ayuntamientos serán muy diligentes en la expedición de los nuevos certificados de residencia", al tiempo que ha negado que este cambio sea "un invento de este ministro o una decisión del Gobierno", sino "un acuerdo del Ejecutivo con empresarios y sindicatos". El ministro también ha negado que se vaya a ampliar el plazo de regularización ya que los "meses que hemos dado son suficientes". Caldera ha añadido que las solicitudes presentadas "superan las 340.000" y que habrá "cientos de miles más" antes de la culminación del proceso.