Más de 40.000 inmigrantes han solicitado su regularización

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer en Castellón que la Comunidad Valencia recibe, diariamente, el 15% de las solicitudes de regularización de inmigrantes que se presentan en España. Así, sostuvo que, hasta el mes de marzo, casi dos meses después de iniciarse el proceso abierto por el Gobierno, en la Comunidad Valenciana se habían recibido más de 40.000 solicitudes, de las que Castellón acoge entre la séptima y la octava parte, con 5.511 solicitudes. 1.573 de esas solicitudes ya se han resuelto. Granado apuntó que las previsiones para el momento en el que finalice el proceso, el próximo jueves, elevan hasta un total de 70.000 el número de solicitudes que se presentarán, de ellas se calcula que en la provincia de Castellón se presenten entre 8.000 y 10.000.

Con estas cifras, el secretario de Estado de la Seguridad Social calificó de "impresionante" la manera en la que se está desarrollando el actual proceso de normalización de inmigrantes en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante donde, según dijo, está resultando "muy satisfactorio". Además de ensalzar las ventajas de la regularización de los sin papeles, Octavio Granado señaló que su finalidad "no es la estrictamente regulatoria de los flujos inmigratorios", sino que apuntó un objetivo más social como el de "conseguir que en este país sea imposible trabajar en negro y no haya trabajadores en la economía sumergida, ya que ésta contamina el trabajo y los controles".

El secretario de Estado de la Seguridad Social participó ayer en Castellón en una jornada sobre prevención de riesgos laborales durante la que afirmó que "se están cumpliendo los trámites" para crear 25 nuevas plazas de inspectores de Trabajo en España aunque quiso resaltar que éstos "no pueden ser los únicos en controlar las condiciones de trabajo, sino que se tienen que implicarse los empresarios y los trabajadores con un cambio cultural". El responsable de la Seguridad Social aseguró que el sistema de pensiones está garantizado pero insinuó la posibilidad de retrasar la edad de jubilación. Así, subrayó que el incremento de la esperanza de vida "hace aconsejable que la edad de jubilación real de la mayoría de trabajadores sea los 65 años" y argumentó su consideración al señalar que "no es muy fácil que el sistema pueda soportar económicamente, sin disminuir las prestaciones, el hecho de que crezca la esperanza de vida, se prolongue la entrada en el mercado de trabajo y los españoles queramos cada vez jubilarnos más pronto".