Washington quiere inspeccionar los datos bancarios de transacciones internacionales

La ley de reforma de los servicios secretos aprobada a finales del pasado año contenía una cláusula que discretamente permite al Gobierno de EE UU la inspección de las transacciones bancarias internacionales para detectar supuestas actividades terroristas. Según desveló ayer The New York Times, el Departamento del Tesoro trabaja ya en un plan que pretende recopilar y analizar los nombres y las cantidades transferidas desde el extranjero a cuentas domiciliadas en EE UU para buscar "patrones de comportamiento" que puedan indicar actividades terroristas.

Varias entidades bancarias han comunicado al Gobierno su desconocimiento de la nueva legislación mientras otras han comenzado a facilitar más información de la que se les reclama. Según el diario neoyorquino, el plan del Gobierno de EE UU se encuentra todavía en su fase preliminar, pero pretende a medio plazo hacerse con las notificaciones de cientos de millones de transacciones bancarias internacionales. El grupo de trabajo creado en el Departamento del Tesoro cree que las recopilaciones de los nombres y las cantidades transferidas puede permitir la detección de actividades relacionadas con el terrorismo o con delitos financieros. Los responsables del proyecto prometen establecer salvaguardas que garanticen la privacidad de los datos.

El plan se corresponde con una iniciativa presentada hace tiempo por el presidente George W. Bush, para quien la investigación bancaria es uno de los pilares de la lucha antiterrorista. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La financiación del 11-S nunca levantó sospechas en las entidades implicadas y ni siquiera habría sido detectada con el nuevo plan.

La comisión independiente que investigó los atentados considera que la preparación de los terroristas en las academias de vuelo y los gastos de estancias y viajes en EE UU sumaron una cantidad situada entre 400.000 y 500.000 dólares. Ninguna de las transacciones bancarias de los implicados (que, horas antes de cometer los atentados suicidas, enviaron de vuelta el dinero que les había sobrado) ni las transferencias que recibían para sufragar su plan levantó sospechas, a pesar de que algunos de ellos estaban en listados de vigilancia federal por posibles vínculos con organizaciones terroristas.

Lavado de dinero

Esa discreción se consigue mediante una norma sencilla, muy conocida en el mundo del lavado de dinero. Las transacciones eran por cantidades pequeñas y siempre en cuentas abiertas en entidades distintas. Quienes critican la nueva iniciativa del Gobierno creen que es un esfuerzo inútil, dado que la envergadura de un atentado depende más del método, el material o el grado de imaginación que del dinero invertido.

Tras los atentados del 11-S, el Gobierno de EE UU estableció un banco de datos con organizaciones e individuos a los que ha prohibido cualquier transacción bancaria en EE UU. El texto de la Patriot Act establece también obligaciones para las entidades financieras del país, que deben comunicar al Gobierno cualquier actividad "sospechosa". Sin embargo, los bancos se han quejado repetidamente -la última vez, en una carta conjunta enviada al Departamento del Tesoro- de la "falta de claridad" sobre estas obligaciones. Algunos bancos han optado por comunicar la mayoría de las transacciones de sus clientes para evitar que alguien les acuse de falta de colaboración; ese comportamiento, con la avalancha de información que conlleva, puede llegar a bloquear el análisis de los datos realmente relevantes.

El plan depende de un nuevo organismo denominado Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), que apenas cuenta con 20 empleados. Sus propias cifras estiman que hay 500 millones de transacciones bancarias internacionales cada año.

Según The New Tork Times, los responsables del proyecto estudian la posibilidad de someter a una vigilancia especial a cualquier transacción procedente de individuos u organizaciones de Oriente Próximo, pero temen que esa decisión pueda provocar acusaciones de racismo. Charles Intrago, ex fiscal federal y responsable de una organización dedicada a la lucha contra el blanqueo de dinero, asegura en el diario que el plan "es un ejercicio inútil que corre el riesgo de sobrecargar aún más al sector bancario. Y es difícil anticipar que pueda producir datos útiles para el Gobierno en sus investigaciones sobre financiación terrorista".