El Gobierno creará un cuerpo especial de policía para combatir la piratería

La lucha antipiratería tendrá rango legal a partir del próximo viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe el Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual, más conocido como Plan Antipiratería. Consta de cinco medidas, y hay 11 ministerios implicados en el mismo. Aparte de la lucha policial, con la creación de un cuerpo especial de persecución para estos delitos en la Red, incluye medidas de prevención, diagnóstico del fenómeno, coordinación y campañas de concienciación que cuentan con el apoyo de los autores y la industria.

Será un gran esfuerzo colectivo que ha contado con la participación activa y comprometida de todos los sectores de la creación cultural y la industria. Ha sido difícil concienciar a los poderes públicos sobre un problema que ha provocado la destrucción de 1.500 empleos directos y pérdidas de 200 millones de euros anuales en toda la industria, pero las cinco medidas antipiratería que aprobará el Gobierno el viernes en Consejo de Ministros, que fueron comunicadas ayer a los representantes del sector por el Ministerio de Cultura, satisfacen a casi todos.

Es un proyecto que comprende medidas de lucha en la calle, con policías y mandatos judiciales -de hecho, la cooperación clave del plan se centra en Cultura, Interior y Justicia-, pero sobre el que el Gobierno quiere traspasar algunas barreras más: "Una de las claves del éxito del plan pasa por su aspecto social; es decir, porque la sociedad española sea plenamente consciente de las consecuencias funestas que para la creación y para la cultura tiene la permisividad, cuando no la simpatía", apunta el texto del proyecto.

- COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN. La primera medida, aparte de unas acciones urgentes que se harán públicas el próximo viernes, es "de cooperación y colaboración", es decir, contempla la coordinación de los 11 ministerios implicados: Presidencia, Cultura, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Interior, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad y Consumo, Administraciones Públicas y, por último, Asuntos Exteriores y Cooperación. Para ello se creará una comisión interadministrativa en la que estarán los mencionados y aquellas organizaciones de defensa de la propiedad intelectual, con un "papel relevante", se lee, de las entidades de gestión.

Por parte de éstas, Eduardo Bautista, presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), cree que esa colaboración interministerial "es lo más destacado del proyecto", dice, "aunque también puede ser lo más peligroso porque los trámites burocráticos entorpezcan las acciones". José Manuel Bravo, director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA y ex presidente de la Mesa Antipiratería, también destaca este aspecto: "La transversalidad y ese enfoque global ofrecen una oportunidad única en la lucha antipiratería", asegura.

- PREVENCIÓN. El segundo punto comprende las medidas preventivas y, según el texto, "están dirigidas a describir el problema en sus diferentes vertientes, tanto en su lucha callejera como en Internet". En las acciones preventivas deben incluirse la elaboración "del mapa de la piratería en España", con distintas clasificaciones y, sobre todo, algo que los representantes de la industria y los representantes de gestión aplauden especialmente, "la creación de unidades de policía especializadas en la detención y persecución de este tipo de delitos, en particular en el ámbito de Internet". Lo prioritario será la lucha en la calle, que incluirá la coordinación de todos los cuerpos, pero lo más crucial está en las redes. "Con este plan, espero que en pocos meses ya no veamos mantas por las calles", asegura Bautista. También lo contempla así el plan. "El resultado de esta acción preventiva es esencial para el desarrollo de las demás, especialmente en lo que se refiere a las de sensibilización".

- SENSIBILIZACIÓN. Eso último es lo que viene a continuación, en el tercer punto, De las medidas de sensibilización social: "Son medidas tributarias en buena parte de las preventivas, pues en ellas se incluyen las campañas de sensibilización social destinadas a concienciar". El motivo es claro: económico, en primer término, y el plan así lo reconoce: "Se considera importante difundir la incidencia y la aportación que la creación española aporta a la economía, máxime al tratarse de una nación con un importante patrimonio cultural y de gran proyección creadora".

También, en esa campaña de concienciación se incide en el valor cultural, por supuesto. "El beneficio no es sólo para el titular protegido, sino que éste, gracias a esa protección, puede seguir desarrollando su actividad creadora y de este modo contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad y a la pervivencia de la identidad cultural", se lee en este apartado. "Hay que explicar que esa actividad rompe el equilibrio del mercado", afirma Bautista. "Debemos romper la dinámica instalada que hace preguntarse a la gente: 'Si lo puedo bajar, ¿por qué comprar?", agrega Bravo. Las campañas se llevarán a cabo con el objetivo principal de los jóvenes, "destacando las de centros docentes", contempla el plan.

- NORMATIVA. El cuarto punto hace referencia a las medidas normativas: "El contenido de estas medidas se sustenta en dos aspectos de la normativa de la materia; por un lado, el derecho sustantivo -que se refiere a las normas estatales, autonómicas, locales y europeas y a la adecuación de la normativa española a la comunitaria-, y por otro, el procesal, que se centra en la perspectiva de jueces, magistrados y fiscales". El resultado se concretará. "Determinará las modificaciones que habrán de llevarse en el ordenamiento jurídico español para dotarle de mayor eficacia".

- FORMACIÓN. Por último, se incluyen unas medidas de formación: "Están dirigidas, con carácter inmediato, a capacitar a los agentes públicos encargados de velar por el fiel cumplimiento de la ley en estas materias; es decir, a formar de modo permanente a los miembros de las distintas policías que tienen encomendada la función de enfrentarse a la represión de estas conductas; y a los miembros de la fiscalía, en su tarea de velar para que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes".