Reforma educativa

El Gobierno presentó ayer las líneas de la futura Ley Orgánica de la Educación (LOE), que regulará la enseñanza no universitaria y reemplazará las dos anteriores, que datan de los Gobiernos de González y Aznar. El anteproyecto mantiene el esquema básico de organización de las enseñanzas infantil, primaria y secundaria, pero modifica algunos de los aspectos más discutibles introducidos por el anterior Ejecutivo. No es una reforma radical, como lo fue en 1990 la LOGSE, sino una adaptación exigida por los problemas registrados en la aplicación del reglamento vigente. Y es prudente, porque el sistema educativo necesita estabilidad para permitir que centros y profesores se adapten y programen su actividad sin sobresaltos.

Una de las novedades más importantes es el énfasis en el lenguaje hablado y escrito, el de una segunda lengua y el refuerzo de la lectura y las matemáticas. Para ello se prevén desdobles en la ESO en estas asignaturas cuando se estime necesario, así como profesorado de apoyo para los alumnos con dificultades, en lugar de los itinerarios previstos en la LOCE.

La nueva ley implanta dos pruebas de nivel a los alumnos de 9 y 13 años, que no tendrán peso en la nota final, pero servirán para evaluar sus conocimientos. Se suprime también el examen de reválida, que nunca llegó a realizarse, y se vuelve a una única prueba de selectividad para quienes sigan estudios universitarios, con el doble propósito de evaluar los conocimientos adquiridos en la enseñanza secundaria y facilitar la distribución de alumnos por carreras cuando exista más demanda que oferta. Se conserva la obligatoriedad de repetir curso en la ESO cuando se suspendan cuatro o más asignaturas, o con un número menor de suspensos a juicio de los profesores, atendiendo a cada caso, con el límite de dos repeticiones en esta etapa. Y se regula la participación de la Administración en la elección de los directores de los centros, junto con el consejo escolar y el claustro de profesores. En general, se observa en estos dos últimos puntos un cierto compromiso entre lo previsto en la LOGSE y las modificaciones introducidas por el anterior Gobierno.

Respecto a la religión, se mantiene el esquema previo a la LOCE de obligatoriedad de oferta por parte de los centros, pero voluntariedad de los alumnos. Quedan en el aire, sin embargo, los aspectos más polémicos, como son su condición de computable para las notas medias que influyen en el acceso a la Universidad o a becas, lo que no debería ocurrir en ningún caso. O la existencia de una materia alternativa. En caso de que ésta exista, se plantea una contradicción radical: si es importante por su formación ética, histórica o humanística, debería ser seguida por todos los alumnos, y si no lo es, entonces existe sólo como una especie de "penalización" para quienes no sigan la asignatura de religión.