Una investigación sobre el hospital de Leganés apoyó a los médicos

El 1 de julio de 2003, dos médicos inspectores recibieron la orden de investigar supuestas irregularidades en "pautas de sedación administradas a pacientes en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés" debido al alto porcentaje de fallecimientos. Los dos médicos concluyeron su inspección y tras entrevistas a familiares de fallecidos y médicos no hallaron motivos de malas prácticas en la actuación llevada a cabo.

Aquella inspección fue similar a la encargada hace una semana por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, (PP), ante unas denuncias anónimas sobre idéntica supuesta irregularidad que han costado el puesto de manera provisional al coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa.

Los dos médicos encargados de la investigación en 2003 concluyeron su trabajo el 18 de septiembre de 2003: "No se han encontrado razones subjetivas inequívocas que hagan pensar en actuaciones médicas, que puedan ser tributarias de tipificación disciplinaria por mala praxis". El informe señala que en 2001 se reestructuró el servicio de Urgencias para crear una unidad de preingreso con 16 camas junto a dos habitaciones independientes, una para la asistencia a enfermos terminales y otra para pacientes que precisaban aislamiento.

La demanda asistencial en el hospital creció un 20% en sólo cuatro años (1999-2002). El número de fallecimientos en Urgencias aumentó porcentualmente por "la existencia de habitaciones dedicadas a pacientes terminales, por la ausencia de equipos de apoyo domiciliario en el área y por factores culturales y de estructura social y familiar en la zona", según la investigación.

"En ocasionas existen dificultades para el ingreso de los pacientes por el limitado número de camas y la 'elevada cifra de población tributaria' del área sanitaria [...] Lógicamente esta circunstancia tiene que repercutir en el número de fallecimientos en Urgencias y es posible que varíe cuando se ponga en marcha el hospital de Fuenlabrada", señalan los médicos inspectores. El número de muertes en urgencias bajó en 2004, tras la apertura del centro de Fuenlabrada.

Luego recuerda que el Comité de Ética de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos definió sedación terminal como "la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la consciencia en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima y con su consentimiento explícito, implícito o delegado". Los inspectores aclaran que "las consideraciones éticas tienen gran importancia en estas terapias" a enfermos terminales.

Principio ético

"En el caso de la sedación puede aplicarse el principio ético del doble efecto, entendiendo que lo deseado es el alivio del sufrimiento y lo indeseable, la privación de la conciencia. La muerte no sería considerada como efecto indeseable pues el paciente se encuentra en una situación en la que por la evolución de su enfermedad y/o sus complicaciones, fallecerá inexorablemente. Es importante la consideración del hecho de que la sedación terminal es una maniobra dirigida a mitigar el sufrimiento del paciente y no el dolor, pena o aflicción de la familia", señalan los dos investigadores médicos.

Los inspectores se entrevistaron con médicos del servicio de urgencias y con familiares de los fallecidos, además de analizar todas las prácticas que se llevaban a cabo. Tras hacerlo, destacaron en sus conclusiones que los tratamientos seguían "un consenso interno no escrito, orientado en su farmacología y pauta por la experiencia de uso de facultativos del Servicio y especialmente del Coordinador de la Unidad". Los tratamientos obedecieron "a razones de percepción clínica y llevaban al menos dos años practicándose".

En todos los casos analizados, parte de la familia del enfermo conoció y consintió la sedación. Los familiares no expresaron quejas lo que, según los inspectores "constituye un cierto aval de su aplicación". El personal de enfermería y auxiliar entrevistado declaró que la labor era necesaria y que se hacía "dignamente, tanto para los enfermos como para los familiares". Y "el control de dispensación y registro de estupefacientes hacía muy improbable un uso ajeno a lo clínico".