Defensa en el siglo XXI

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de nueva Ley de Defensa Nacional. El mandato constitucional de elaborar una norma que regulara "las bases de la organización militar conforme a los principios" de la Constitución tuvo su primera plasmación en una ley de 1980, reformada parcialmente cuatro años más tarde. Sólo entonces se estableció claramente que la dirección de la política militar corresponde al presidente del Gobierno y, por delegación, al ministro de Defensa, limitándose la función de la Junta de Jefes de Estado Mayor al asesoramiento.

Fue un paso decisivo para la adecuación de los ejércitos a la lógica democrática. Pero es una norma de hace más de dos décadas. Con posterioridad a su aprobación se ha producido la integración de España en la OTAN (y en la UE), la supresión del servicio militar obligatorio y la creciente participación en misiones en el exterior. Todavía hace dos años la intervención en la guerra de Irak planteó la cuestión de si una decisión de esa importancia podría tomarse sin una consulta al Parlamento. El proyecto aprobado ayer por el Gobierno aspira a adecuar la estructura de las Fuerzas Armadas (FAS) a esas realidades.

El artículo 8-1 de la Constitución atribuye a las FAS la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial de España, así como su ordenamiento constitucional, pero es el Gobierno quien define ese criterio. El mando supremo corresponde al Rey, pero no existe una subordinación directa de los ejércitos al Monarca. Es el presidente del Gobierno quien dirige la política de Defensa. Las Cortes controlan la acción del Gobierno, y concretamente el Congreso deberá ser consultado sobre cualquier operación en el exterior. Esa consulta será obligatoria y deberá contar con un requisito para la aprobación de la misión: que esté autorizada por la ONU o por las organizaciones internacionales a las que España pertenece.

Ésa es la principal novedad, pero también es significativa la creación del Consejo de Defensa Nacional, órgano asesor y consultivo del jefe del Gobierno, al que asiste en la gestión de conflictos bélicos y de crisis que afecten a la Defensa, y sustituye a la antigua Junta de Defensa Nacional, que presidía el Rey.