La comisión del 11-M inicia la fase de conclusiones con el rechazo total del PP

La comisión del Congreso que investiga el 11-M acordó ayer, con el ya habitual choque entre el PP y el resto, pasar a la fase de conclusiones, que cada partido tendrá que presentar antes del 19 de abril. La decisión contó con la exclusiva oposición del PP, que, tras ver rechazadas todas las comparecencias que pedía (incluidas las de los confidentes), calificó la comisión de "tomadura de pelo" y acusó al resto de grupos de querer "tapar" lo que ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo. Los socialistas contestaron sugiriendo que el PP actúa en connivencia con los confidentes acusados de delitos de terrorismo.

El PP quiere interrogar a un socialista de Gijón que ayudó en prisión a un islamista del GIA

Los comisionados del 11-M acordaron, siempre con la negativa del PP, iniciar la fase de conclusiones para intentar que éstas puedan ser llevadas a pleno a finales de mayo o primeros de junio. Los partidos tendrán que presentar sus conclusiones antes del 19 de abril, aunque el calendario podría verse alterado tras una reunión convocada para el día 5 a fin de revisar nueva documentación que se ha requerido por insistencia del PP. Los populares han pedido que se desclasifiquen y se envíen al Congreso 41 documentos ya vistos en sesión secreta, otros 74 informes incluidos en la parte aún secreta del sumario judicial del 11-M y 16 más sobre investigaciones de 2001 de la Guardia Civil de Asturias.

Paulino Rivero, el diputado de Coalición Canaria que preside la comisión, explicó que si del estudio de la documentación se desprende "alguna situación excepcional o novedosa", podrían admitirse nuevas comparecencias. Si no es así, se formará una ponencia para elaborar el dictamen final de conclusiones, en el que se incluiría un voto particular del PP si hay desacuerdo. Lo que no se ha admitido es ni una de las 19 nuevas comparecencias pedidas por el PP, entre las que se incluía la de Olga Sánchez, fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el 11-M, solicitada tras las declaraciones de ésta en las que negaba cualquier relación entre la matanza y ETA.

Una vez más, el PP había pedido la comparecencia de los confidentes vinculados a la trama asturiana de los explosivos (el número ya lo eleva a seis) y una vez más todos los demás se negaron a admitirlas. Ya por la tarde, reclamó otra comparecencia: la del dirigente socialista de Gijón y presidente de la Asociación Nacional Amigos del Pueblo Palestino Aifa-Taha, Fernando Huarte Santamaría.

Huarte agilizó la salida de la prisión de Villabona (Asturias) para ir al dentista del islamista Abdelkrim Bensmail, mano derecha de Allekema Lamari (muerto en el suicidio de Leganés) hasta que ambos fueron detenidos en 1997. Bensmail es el preso en cuya celda fueron halladas anotaciones con los nombres de etarras presos durante la Operación Nova. El socialista se ha carteado y telefoneado desde 2001 con el islamista y lo ha visitado en presidio, dos veces en 2002 y el 9 de octubre último.

El paso a la fase de conclusiones mereció una durísima reacción del PP y una aún más dura contrarréplica del PSOE. "Esto se acabó", arrancó Eduardo Zaplana, portavoz del PP: "Querían cerrar la comisión desde el principio y lo han conseguido. El mayor atentado en la historia de España y no se quiere investigar en el Parlamento. No se quiere llegar hasta el final y se ha tomado el pelo a los ciudadanos". Zaplana subrayó que aún quedan "infinitas incógnitas" en el caso y aseguró que de los hechos ocurridos entre el 11 y el 14 de marzo "no se ha investigado nada" porque "no le interesa ni al PSOE ni a sus socios". "Como lo que se hizo esos días benefició a los que hoy gobiernan es mejor taparlo", sentenció.

El portavoz popular insistió en que el único partido que ha querido conocer "la verdad desde el principio", el único "que no ha tenido miedo" a profundizar en el asunto, ha sido el PP que, incluso con la comisión cerrada, "seguirá trabajando en la vía parlamentaria" para investigar el 11-M y los día sucesivos.

La intervención de Zaplana fue inmediatamente contestada por Álvaro Cuesta, portavoz socialista en la comisión. "Hay un solo disidente en la comisión", dijo sobre el PP, "que está llevando una estrategia temeraria de desprestigio de las instituciones". Cuesta calificó de "desleal con la democracia e irresponsable" la postura de los populares, de quienes dijo que "siguen instalados en el engaño masivo", alimentado con "acusaciones temerarias y falsas".

Cuesta llegó a decir que la insistencia del PP en solicitar la comparecencia de los confidentes en la comisión (dos procesados por delitos de terrorismo, uno huido de la justicia, dos vinculados al 11-M cuyo papel de confidente se niega y un sexto conocido de todos los demás) hace a ese partido "colega de las estrategias de defensa de personas acusadas y procesadas por terrorismo".

"¿Qué pactos existen entre el PP y los confidentes?", preguntó el socialista, "¿por qué le hacen el juego a los intereses de la defensa de estos acusados por terrorismo?, ¿qué ligazón, vínculos y simpatías objetivas tienen con ellos para que tengan una comunicación tan fluida con ellos, como se ha demostrado durante los trabajos de investigación?". Fuentes del PP explicaron que fueron estas acusaciones las que le han llevado a solicitar la comparecencia del dirigente del PSOE de Gijón que tenía contactos con el islamista Bensmail.

Cuesta, además, afirmó que la petición de que comparezca la fiscal Olga Sánchez obedece a "una vendetta" contra ella "porque públicamente tranquilizó a los ciudadanos y dejó claro que el atentado fue obra sólo de islamistas. Por ello, quieren ejercer presión sobre la fiscal y su trabajo". La advertencia del PP de que utilizará vías distintas a la comisión, cuando ésta se cierre, para seguir investigando fue calificada por Cuesta de "filibusterismo parlamentario" y de "desleal con la democracia".