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La UE castiga a Croacia por su escasa colaboración con La Haya

Carlos Yárnoz

Las relaciones entre la UE y los Balcanes occidentales iniciarán hoy una nueva fase de imprevisibles consecuencias si los ministros europeos de Exteriores siguen, como es lógico, las conclusiones alcanzadas por sus embajadores en Bruselas y optan por cerrar la puerta a Croacia hasta que este país colabore plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Éstos constataron ayer, por segunda vez en dos semanas, que una mayoría se opone a que las negociaciones de adhesión entre Croacia y la UE comiencen mañana, como estaba previsto. La UE sostiene que los últimos pasos de Zagreb para demostrar su colaboración con el TPIY "son una tomadura de pelo".

En los últimos días, las autoridades croatas han desplegado una ofensiva para convencer a la UE de que colaboran con el Tribunal Internacional. El lunes anunciaron que el fiscal general de Croacia había ordenado la congelación de los bienes del ex general Ante Gotovina, héroe nacional reclamado desde 2001 por el TPIY por su implicación en la muerte de 150 serbios en la ofensiva sobre Krajina en 1995. "Creíamos que lo había hecho en noviembre, porque así se habían comprometido a hacerlo" en un documento firmado el 17 de noviembre, señalaron fuentes diplomáticas europeas en Bruselas.

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Por ese documento, Zagreb se comprometió a congelar los bienes de los reclamados por el TPIY, iniciativa ya adoptada entonces por los 25 países de la Unión. El 22 de noviembre, además, los ministros de Exteriores de la UE se reunieron con sus homólogos de los Balcanes y, en una declaración conjunta, la UE invitaba a Croacia y sus vecinos a "proporcionar toda la asistencia necesaria al TPIY...".

La duda a resolver por los ministros se centra en qué fórmula se utilizará para decir no a Zagreb: fijarán fecha para abrir negociaciones o, más probablemente, dirán que arrancarán cuando se demuestre la colaboración con el TPIY, concretada en la entrega de Gotovina.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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