El consejero de Sanidad afirma que actuó en "interés de los ciudadanos"

El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, dijo ayer que la denuncia sobre mala praxis médica en las Urgencias del Severo Ochoa de Leganés tenía envergadura como para tomarla en serio. Tras subrayar la "obligación" de su departamento de "preservar los intereses de los ciudadanos", el consejero aconsejó "tranquilidad" y pidió que, desde la "prudencia", se deje trabajar "exhaustivamente" a los cinco inspectores que desde el pasado día 9 investigan en el centro hospitalario.

Lamela, que se ratificó en que fue correcto abrir una investigación, relevar temporalmente al coordinador de Urgencias y remitir los datos a la fiscalía, subrayó que si del resultado de las investigaciones se derivan indicios de irregularidades "actuaremos en vía administrativa o por cualquier otra; pero si no se deriva irregularidad, actuaremos igual contra los denunciantes falsos y los que han participado en una denuncia falsa". El consejero no explicó cómo iba a identificar a los demandantes, ya que, según dijo el viernes pasado, las dos denuncias que había recibido y que trasladó al fiscal eran anónimas.

La actuación de Lamela ha suscitado divisiones entre los médicos. Frente a las críticas de la Organización Médica Colegial, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) también hizo un llamamiento a la sensatez y estimó correcta la actuación de la Comunidad de Madrid al poner las denuncias en conocimiento de la fiscalía.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), María Antonia Moral, se felicitó por la "rápida" actuación del consejero, y le recordó que, además de pacientes onco-lógicos, la supuesta mala praxis también se había aplicado a "enfermos psíquicos y afectados con demencias".

Moral anunció su apoyo a la investigación y se mostró dispuesta a entregar los datos de enfermos que constan en su poder.

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, afirmó por su parte que las malas prácticas ya habían sido denunciadas en 2003, pero que se hizo "caso omiso" al considerarlas "una burda mentira".