El Ararteko censura a Madrazo por el trato dado a las víctimas del franquismo
Rechaza el criterio sobre los batallones forzosos y pide más colaboración a la consejería
El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ha recibido un varapalo del Ararteko por el trato que ha dispensado su departamento a las víctimas del franquismo. El informe de ocho folios, al que ha tenido acceso este periódico, fue remitido a la consejería el pasado 9 de marzo. El texto del Defensor del Pueblo vasco admite varias de las quejas elevadas por una de las asociaciones que se ha enfrentado estos años con el Ejecutivo por el "maltrato" a los afectados. El ararteko, Iñigo Lamarca, reconoce en su análisis la "polémica aplicación" del decreto que fijó las indemnizaciones a las víctimas y lo "complejo" del conflicto.
En el documento, elaborado tras la queja formulada por la asociación Geureak-1936, el ararteko considera "comprensible" que las personas afectadas por el decreto consideren "negativamente" que la consejería no haya tenido "una implicación y colaboración directa" en la búsqueda de documentación. Lamarca admite la queja de Geureak por lo "verdaderamente difícil" que resulta obtener la documentación que acredite la condición de víctima del franquismo. Exige a la Administración que "adopte una postura activa" para localizar dicha documentación, ya que lo contrario abona la interpretación negativa sobre la "verdadera voluntad indemnizatoria" del decreto, aprobado en 2002.
Otra crítica de Geureak está relacionada con el criterio sobre los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, auténticos "campos de trabajos forzados" para "la represión política", según prestigiosos historiadores como Paul Preston.
El informe recuerda que la "legislación franquista no se puede entender, ni menos tomar como normal", dado que, en gran medida, supuso un "intento de justificar legalmente" el golpe de Estado. Lamarca hace suya la interpretación de que estos batallones fueron un "castigo político en cautividad donde se realizaron trabajos forzados" y le pide a Madrazo que revise sus criterios para que las víctimas puedan computar su estancia en ellos para percibir una compensación.
El Ararteko rechaza los argumentos y sentencias que le remitió la consejería para justificar la denegación de buena parte de las peticiones de indemnización porque responden a casos a los que se ha aplicado una normativa diferente al decreto vasco. Pone el ejemplo de Andalucía y Castilla-La Mancha, que, "con decretos similares" han "incluido en su ámbito" los batallones.
El Ararteko reconoce el "esfuerzo institucional que ha supuesto poner en marcha un proceso" para indemnizar las "penalidades" de las víctimas, pero entiende el sentimiento de "malestar" e "indignación" entre quienes se han sentido "tratados injustamente".
Casi 300 recursos
La tramitación de un nuevo decreto, anunciado por Javier Madrazo para el primer trimestre de este año, para las solicitudes presentadas fuera de plazo (219 de las 8.718) ha sido bien acogido por Lamarca. De los 2.320 recursos, la Administración denegó 1.784. El 41,3% corresponde a los batallones. El ararteko censura que el Gobierno no haya motivado muchas de ellas. 300 de estos casos están en el Contencioso. Lamarca parece haber entendido la "indignación" de las víctimas de la dictadura por la gestión de Madrazo al apuntar que lo que buscaban era "algo más que un mero proceso de concesión económica". Lo que exigían era un "reconocimiento moral".
El ararteko pide "disociar" el decreto del "ejercicio de memoria histórica que no se debería haber demorado tanto". Para agilizar los trámites pide "máxima celeridad" a la consejería para buscar la documentación y le insta a utilizar la revocación de las denegaciones en vez de que los afectados -de avanzada edad y desanimados por las denegaciones, recuerda- tengan que usar el recurso extraordinario de revisión, mucho más lento.
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