Nadal afirma que en las adjudicaciones de obras participaba un "responsable político"

"Una terna y el que más convenga", y de modo "discrecional". Ése era el método empleado por el Gobierno de CiU para decidir a quién se adjudicaba las obras públicas licitadas por la empresa autonómica GISA. Lo dijo ayer en el Parlamento catalán el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, en la primera sesión de la comisión que investiga el hundimiento de edificios en el Carmel y las adjudicaciones de las obras públicas en los últimos años de Gobierno de Jordi Pujol. Nadal explicó también que la dirección de obra le ha negado hasta tres veces la entrega de los libros de incidencias.

La primera vez en la que Nadal se refirió al sistema "discrecional" fue en respuesta a la diputada de ICV Dolors Clavell. "La decisión se situaba en un ámbito político", dijo, para precisar que la tomaban "el presidente de GISA y un responsable político", al que no identificó. No obstante, en una pregunta posterior de CiU, Nadal precisó que el presidente de la empresa pública lo nombra el Gobierno y depende orgánicamente de su departamento. Su antecesor en el cargo era el actual portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, que declarará mañana en la misma comisión.

La acusación de Nadal fue pasada por alto por el portavoz de CiU en la comisión, Josep Rull, pero no por uno de los diputados socialistas, Jordi Terrades, que se interesó por el asunto. Nadal explicó entonces: "La adjudicación la hacía siempre el consejo de administración, a propuesta de la mesa de contratación. Entre la mesa de contratación y el consejo, el sistema permitía una elección discrecional. Se forma una terna y se elige al que más conviene". No obstante, Nadal precisó que no tenía ningún tipo de constancia sobre pagos de comisiones y exoneró a los empleados de GISA de cualquier práctica fraudulenta.

Nadal aseguró que parte de los problemas ocurridos en el Carmel, donde se produjo el hundimiento de un túnel de maniobras en construcción, derivan de un sistema inaceptable con el que se realizaban las obras y se modificaban los proyectos sobre la marcha.

Responsabilidades

Sugirió que el actual Ejecutivo ya ha pagado con dos dimisiones el error de haber aprobado un proyecto heredado pero que alguien más tiene responsabilidades y, por primera vez, puso nombres: Joan Ignasi Puigdollers, consejero de Medio Ambiente con Jordi Pujol y presidente de GISA cuando se aprobó la modificación del proyecto; y Enric Ticó, ex director de Transportes y actualmente funcionario en el departamento de Nadal.

Nadal explicó también que la dirección de obras, cuyo titular es Javier Gete-Alonso, en nombre de las empresas Geocontrol y Tec 4, ha negado al Gobierno catalán repetidamente los libros de obra. Ha entregado las actas de las reuniones pero no los libros donde se recogen todas las incidencias. El motivo aducido, dijo, es la querella que sigue su trámite en el juzgado.

El presidente de la comisión de investigación, Joan Boada, afirmó que se pondrá en contacto con la judicatura para que los diputados de la comisión puedan acceder a esta información.

La empresa Geocontrol no salió ayer bien parada. Nadal dejó clara su desconfianza. Es la misma empresa que tras el primer hundimiento permitió que él mismo, con el alcalde de Barcelona, inspeccionara el túnel y que dijo que no iba a pasar nada más. "Yo no entiendo de algunas cosas, pero si alguien me dice que no va a pasar nada repetidamente y pasa, dudo. Ojalá se hubieran cumplido las previsiones de Geocontrol". Finalmente, Nadal explicó que ha paralizado hasta 11 obras que estaban en marcha y que consideró que necesitaban modificaciones. Algunas de ellas son asuntos menores, como las carreteras C-63 o GI-633, pero otras son casi emblemáticas, como los cambios introducidos en el túnel de Bracons.