La fiscalía pide los datos de Penín

La fiscalía de Barcelona solicitó ayer por escrito a la empresa pública catalana Adigsa que "con la mayor brevedad posible" le especifique y concrete la relación laboral que mantenía con Josep Maria Penín, el presunto cobrador de comisiones por trabajos realizados para esta sociedad. Penín trabajó 12 años en diversos departamentos del Gobierno catalán y entre marzo y noviembre de 2003 cobró de Adigsa una media de 4.000 euros mensuales por trabajos de tasación y valoración de inmuebles.

Penín, que tiene un lejano parentesco con el ex consejero de CiU y actual portavoz parlamentario Felip Puig, realizó estos trabajos en aplicación del llamado Pla jove (Plan joven), que puso en marcha la Generalitat en aquella época y que consistió en la compra de 129 viviendas de segunda mano que fueron rehabilitadas y reformadas para ofrecerlas a los jóvenes en régimen de alquiler.

El supuesto cobro de comisiones por Penín fue denunciado por el constructor Juan Antonio Salguero, quien declaró en la fiscalía que ese intermediario le exigió que incrementase el 20% las facturas de rehabilitación de esas viviendas, esgrimiendo su relación familiar con Puig. Ese encargo se realizaba sin contrato previo, pero Salguero siempre cobraba. Hasta que en 2004, cuando el Gobierno tripartito ya gobernaba la Generalitat, Adigsa declinó abonarle una factura por la rehabilitación de un edifico industrial en Artesa de Segre (Lleida) argumentando que no existía un contrato por escrito y que, además, el inmueble no era de la Administración autonómica, sino de un empresario.

El Gobierno catalán, en su reunión de hoy, dará luz verde a la creación de una oficina antifraude encaminada a velar por la transparencia en la gestión administrativa de la Generalitat. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en una entrevista a Antena 3 Televisión.