"Muchas empresas siguen teniendo miedo a regularizar a sus inmigrantes"

Las ONG que trabajan en inmigración en Euskadi se muestran muy críticas con el proceso de regularización de inmigrantes abierto el pasado 7 de febrero. Una de las principales de estas entidades es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que el abogado Javier Galparsoro (Valladolid, 1956) preside en Euskadi desde su creación en julio de 1989.

Pregunta. Dicen que se están incumpliendo las expectativas del proceso de regularización. ¿A qué cifra se puede llegar en Euskadi el 7 de mayo?

Respuesta. No decimos que el proceso vaya mal de forma arbitraria. Estamos trabajando sobre las expectativas que el propio Gobierno dio, augurando que podría haber hasta 800.000 personas regularizables. Sólo en Vizcaya, el subdelegado del Gobierno dijo que la previsión era de 18.000 personas y, a día de ayer [el pasado miércoles], había 1.700 expedientes registrados. Llevamos un mes y si multiplicamos por tres llegaríamos a poco más de 5.000 expedientes. La expectativa no se corresponde con la realidad. No se dónde vamos a llegar, pero 18.000, al ritmo que vamos me parece imposible.

"Es inaudito que un país haya consentido tener un millón de irregulares, de los que buena parte estaba trabajando, y no haya hecho nada"

"Hay muchas más personas en la economía sumergida de las que se van a legalizar definitivamente en este proceso"

P. ¿Son cifras extrapolables al conjunto de Euskadi?

R. Y al conjunto de España. Caldera acaba de cifrar las peticiones en casi 130.000 y eso por tres son casi 400.000. No tengo confianza en que se cumplan estas expectativas, aunque es verdad que hay una tendencia al alza.

P. Culpan especialmente a la rigidez y falta de información de la Administración.

R. Eso está clarísimo. Es incomprensible que si se pretende que aflore la economía sumergida, y se exige como requisito estar empadronado antes de una fecha, sea ése el único documento admitido. Otros muchos documentos públicos fehacientes pueden demostrarlo; por qué no aceptar, por ejemplo, un acta notarial o un contrato de suministro o, y eso es aún más incomprensible, un expediente de expulsión iniciado por la propia policía. Está muy bien el padrón, pero que se amplíe. Hay muchas más personas en la economía sumergida de las que se van a legalizar definitivamente en este proceso. Otra razón para ello es que los empresarios no están respondiendo.

P. Las ONG y los sindicatos han destacado los casos de empresarios que están despidiendo a sus trabajadores en situación irregular o negándose a regularizarlos. ¿Qué cifras tienen?

R. Una asociación que agrupa a 3.000 directores de recursos humanos de toda España realizó un sondeo tras los primeros 15 días, cuando había 48.000 expedientes admitidos, y dijo que había constatado más de 58.000 despidos. Mucha gente nos cuenta que cuando ha ido a su empleador o a su empresa para decirle que es el momento, le han dicho "¿sí? A la calle". Muchas empresas siguen teniendo miedo, aunque no haya ahora ninguna sanción prevista para empresarios, ya veremos qué pasa después con quien no regularice. Ese miedo se ha extendido y muchas personas han despedido a sus trabajadores.

P. ¿Piensa, como ha planteado CCOO, que la Fiscalía debería actuar de oficio contra estos empleadores?

R. Sinceramente, creo que sí. Hay mucha hipocresía. Ahora se dice que va a haber inspecciones de Trabajo, que hay que actuar; ¿por qué no se ha hecho anteriormente? Es inaudito que un país haya consentido tener un millón de irregulares, de los que buena parte estaba trabajando, y no haya hecho nada. Soy muy escéptico en cuanto a la efectividad de esas inspecciones. La Fiscalía General del Estado va a tener que actuar porque los que van a tener dificultades para hacerlo son los propios inmigrantes. Hay mucho miedo a denunciar a los empresarios. Es incalificable que se pueda persistir en la explotación, rompe por completo con el objetivo de que aflore la economía sumergida.

P. El Gobierno recalca que ésta es la última oportunidad para empresarios e inmigrantes.

R. Todos los gobiernos dijeron lo mismo en las regularizaciones anteriores, que ésa era la última. Se siguen haciendo regularizaciones porque sigue habiendo gente ilegal. No creo que haya capacidad económica ni voluntad política para decidir una expulsión masiva de, por ejemplo, quienes vayan a quedar ahora ilegales, que pueden ser, pongamos, medio millón. Y el propio reglamento está previendo mecanismos por los que acepta que se va a seguir generando una bolsa de irregulares. Eso que se llama arraigo social o laboral yo he dicho siempre que es un premio al zulo. El que una persona pueda trabajar dos o tres años en la ilegalidad y al final tenga premio es aceptar que va a seguir habiendo irregulares y recompensarles el que puedan permanecer en la ilegalidad. Lo que decimos es que tendría que flexibilizarse mucho más el mecanismo de la contratación.

P. ¿Sigue defendiendo que debería legalizarse a todo extranjero que llevase un tiempo en España y pudiera trabajar?

R. Eso es lo que dice el Gobierno, exactamente el arraigo. Dicho así puede ser una especie de invitación al fraude, a decir "tú aguanta, ven aunque sea ilegalmente que al cabo de un tiempo habrá papeles para tí". Los mecanismos legales deberían ser mucho más flexibles. No se puede aceptar hoy que un extranjero sólo pueda trabajar en las actividades en que no haya un solo español en paro. Por otro lado, y se ve detrás de la regularización, hay un interés económico del Estado. Han calculado, sobre los 800.000 potenciales regularizables, un ingreso adicional para la Seguridad Social de 2.000 millones de euros. Estudios del Banco de España o del BBVA dejan claro que la inmigración es un beneficio para este país. Si es así, ¿por qué tenemos unas leyes tan estrictas?

P. Es evidente que la inmigración es un beneficio, pero ninguna sociedad ni economía pueden soportar una llegada ilimitada de inmigrantes.

R. ¿Y dónde están los límites? No lo sé. En 2000, el Gobierno decía que había unos 675.000 inmigrantes en España. A fines de 2004, el INE los cifra en 3,5 millones, el 8% de la población. Si hace cinco años, nos hubieran preguntado a cualquiera por la posibilidad de que se quintuplicase la población extranjera, todos nos hubiéramos estremecido. ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está el límite? Podemos seguir avanzando.

P. ¿Qué balance hace de la actuación del Gobierno vasco en materia de extranjería?

R. La Dirección de Inmigración finalmente aprobó el plan vasco de inmigración, que es bueno, sin duda, pero adolece de aceptar que las competencias legislativas son limitadas. El plan está funcionando bien y se han logrado muchas cosas.