La fiscalía pedirá a Sanidad su informe por las muertes en las urgencias de Leganés

La Fiscalía de Madrid va a requerir al consejero de Sanidad de la Comunidad, Manuel Lamela, para que le remita el informe que han elaborado sus inspectores sobre la supuesta alta tasa de mortalidad registrada en los últimos dos años en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Ésta es la primera medida que va a adoptar la fiscalía en el marco de las diligencias que ha abierto tras recibir una denuncia anónima en la que se da cuenta de una supuesta "mala praxis" en la administración de calmantes a enfermos terminales.

La denuncia que ya investiga la fiscalía ha llegado al ministerio público por dos vías diferentes: a través del consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela -"para que la fiscalía valore su contenido y actúe en consecuencia"-, y por la Asociación de Defensa del Paciente, cuya portavoz es Carmen Flores. Ambas denuncias, con el mismo contenido, se van a acumular en unas mismas diligencias. Lamela recibió la citada denuncia anónima el pasado día 8 y en ella se indicaba que unos 400 pacientes del hospital -muchos de ellos enfermos de cáncer en fase terminal- pudieron haber sido víctimas de dosis excesivas de morfina, Dormicum y Tranxilium en los dos últimos años.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, ha encargado la investigación del caso al decano del destacamento que posee la fiscalía madrileña en los municipios de Gatafe y Leganés, Pedro Martínez.

Según fuentes cercanas a la investigación, lo primero que hará la fiscalía será requerir al propio consejero de Sanidad para que le remita los informes y toda la documentación que han recabado los inspectores de Sanidad en las urgencias de este hospital durante la visita que efectuaron al centro, por orden de Lamela, el pasado día 9. El propio Lamela informó al fiscal jefe de que su departamento había efectuado una investigación interna. En la denuncia anónima origen de las pesquisas hay un anexo en el que figuran los nombres de ocho pacientes y una larga relación de números supuestamente correspondientes a los historiales médicos de otros enfermos. Fuentes sanitarias creen que el autor de la misma es "alguien del hospital".

Precisamente, en las conclusiones provisionales de esa investigación se ha basado el consejero Lamela para relevar temporalmente de su cargo al coordinador del servicio de urgencias de Leganés, Luis Montes.

Entre otros extremos, Sanidad ha comprobado que el índice de mortalidad en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés es "tres o cuatro" veces superior al de otros hospitales de sus mismas características, sin que aparentemente haya nada que lo explique, según fuentes sanitarias. Aunque en las urgencias la tasa de mortalidad es muy elevada, no ocurre igual en las plantas del hospital, con parámetros inferiores a otros centros sanitarios. Es más, comparados los datos totales (urgencias y planta) con otros hospitales, la mortalidad en el Severo Ocho es inferior.

Tras analizar el informe, y en función de su contenido, fuentes cercanas a la fiscalía madrileña no descartan la posibilidad de que también se pidan historiales clínicos de pacientes con patologías terminales que hayan pasado por las urgencias. El objetivo sería comprobar si, como se deja entrever en la denuncia anónima, se les administró dosis excesivas de fármacos -básicamente, calmantes y tranquilizantes- que pudieron acortar sus vidas sin que los familiares de los pacientes hubiesen sido informados de ello.

Derecho del paciente

La Fiscalía de Madrid tiene ahora dos opciones: analizar el informe que le remita Sanidad y, si entiende que hay indicios delictivos, remitirlo a un juzgado para que prosigan allí las pesquisas, o bien desarrollar una investigación propia que podría terminar con el archivo de las diligencias o bien con la presentación de una denuncia o querella ante los juzgados de instrucción de Leganés.

"Primero hay que determinar qué es lo que ha pasado realmente en el centro y luego tomar una decisión. Pero no debemos perder de vista que los enfermos terminales tienen derecho a una buena muerte, a una muerte con el menor sufrimiento y dolor posibles", señalan fuentes jurídicas, que añaden: "Y tampoco debemos olvidar que casi siempre son los propios pacientes o sus familiares quienes urgen a los médicos para que hagan desaparecer el dolor del familiar moribundo. Éste es un tema de extraordinaria sensibilidad y con el que hay que ser muy cautelosos: llevarlo a la sinrazón puede ocasionar que los médicos se anden con papel de fumar a la hora de administrar calmantes a petición de enfermos o familiares si no es con autorización de un juez", advierten estos medios.