Hechos y ficciones

La reciente visita de Bush a Europa indica un cambio fundamental en la campaña propagandística del Gobierno estadounidense. El objetivo es convencer a Europa de que la "guerra contra el terrorismo" ha tenido éxito. Mientras que los políticos europeos están en su mayoría dispuestos a escuchar el capítulo más reciente del cuento de Bush sobre el terrorismo, los mercados financieros permanecen tan escépticos como siempre respecto de las nuevas políticas del Gobierno estadounidense. En todo el mundo, los agentes económicos consideran infructuosa la lucha contra la financiación del terrorismo y se resienten ante la confusión que provocan las normas impuestas para dicha lucha.

Tomemos el caso de las listas de personas y empresas que financian el terrorismo. Hay al menos 12 disponibles: la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), un organismo dependiente del Tesoro estadounidense; la lista de la ONU; la lista de la Unión Europea; la de Reino Unido, elaborada por el Banco de Inglaterra; etcétera. Para empezar, no son idénticas. La decisión de incluir o excluir a individuos o empresas descansa en distintas autoridades. Este poder discrecional también es aplicable a la retirada de entidades de la lista.

Al Barakat, por ejemplo, una institución financiera somalí que prestaba servicio a miles de emigrantes africanos en todo el mundo, fue incluida en la lista del Tesoro estadounidense en noviembre de 2001y retirada hace poco por falta de pruebas. Pero sigue apareciendo en varias listas contra el terrorismo. Por ello, a menudo las instituciones financieras no saben qué lista seguir. "¿Qué se supone que debemos hacer?", pregunta un banquero europeo, "¿lanzar una moneda?". Irónicamente, mientras que en los centros bancarios establecidos, como Suiza, los bancos están plenamente equipados para realizar sus propios controles y exámenes, los bancos del mundo musulmán, como los de Líbano, se ven obligados a adivinar.

Las instituciones financieras están también cansadas de gastar dinero en actualizar su sistema electrónico de conformidad y de volver a formar al personal de acuerdo con la modificación más reciente de la Ley Patriótica, promulgada en noviembre de 2001. Entre otras cosas, la legislación antiterrorista estadounidense exige que los bancos estadounidenses y los extranjeros registrados en Estados Unidos informen a las autoridades monetarias de cualquier transacción sospechosa en dólares que se produzca en cualquier lugar del mundo. El no hacerlo se considera delito. Pero no se ha establecido un mecanismo de cumplimiento aceptado en todo el mundo, y a los bancos de los países en vías de desarrollo no se les ha ofrecido ayuda técnica y económica para actualizar su sistema de control. No sorprende que la Ley Patriótica no haya sido bien recibida por la comunidad bancaria internacional, que se ha apresurado a aconsejar a sus clientes que dejen de invertir en dólares. Muchos economistas han relacionado la fuerte depreciación del dólar, que empezó a finales de 2001, y la correspondiente apreciación del euro, con esta legislación. Tienen razón: la Ley Patriótica ha provocado una retirada masiva de negocios legales de la zona dólar. Por último, los expertos en blanqueo de dinero concuerdan en que la Ley Patriótica, lejos de reducir esta actividad, ha cambiado su epicentro mundial a Europa, con todas las consecuencias negativas que esto representa para el Viejo Continente.

El escepticismo de los mercados financieros se reduce a la respuesta a una pregunta sencilla: ¿han servido estas normativas contra la financiación del terrorismo para disminuir esa financiación? Los hechos parecen apoyar una respuesta rotunda: ni mucho menos. De acuerdo con Naciones Unidas, en todo el mundo sólo se han bloqueado hasta la fecha 75 millones de dólares dedicados al terrorismo islamista, el 75% en Occidente. El grueso del dinero se confiscó en los meses siguientes a los atentados del 11-S; en 2003 y 2004 no se congeló prácticamente nada. Más aún, ni las personas ni las empresas incluidas en la lista de financiación del terrorismo han sido llevadas ante la justicia; nadie ha sido arrastrado ante un tribunal y considerado culpable. ¿Por qué? Porque las autoridades estadounidenses no han conseguido reunir pruebas suficientes. Su práctica ha consistido en añadir gente a la lista del Tesoro estadounidense y de Naciones Unidas basándose en sospechas, sin pruebas y pendiente de investigación. Esta medida "preventiva" ha hecho que algunos países, como Francia, no incluyan nombres en la lista de Naciones Unidas, sino que lleven a cabo su propia investigación, en pleno respeto a las libertades humanas. Otros países, como Suecia, se han visto obligados a suspender el cumplimiento de las listas de Estados Unidos y la ONU cuando se han enfrentado a los financieros del terrorismo en un tribunal nacional, como ocurrió con dos somalíes implicados en la causa de Al Barakat. El resultado ha sido que Estados Unidos ha acabado por monopolizar la lista de Naciones Unidas.

Por último, la renuencia estadounidense a entregar a los organismos investigadores de la ONU y del sector financiero información confidencial sobre financiación de terrorismo ha permitido incluso que empresas que supuestamente financian Al Qaeda liquiden sus activos sin dejar rastro. Esto ocurrió con Al Tawqa, un banco fantasma registrado en Nassau, Bahamas, con sucursales en Suiza y Liechtenstein. Entre sus accionistas figuran dos hermanas de Osama Bin Laden. Pero la lista completa de accionistas nunca se ha hecho pública, ni tampoco se ha compartido con los Gobiernos de Suiza, Liechtenstein -donde Al Tawqa fue investigado durante años-, y las autoridades pertinentes de Oriente Próximo (Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, podría haber echado un vistazo a las cuentas de accionistas a las que nadie más habría tenido acceso). Las autoridades estadounidenses ni siquiera interrogaron a los accionistas, y sólo acabaron incluyendo en la lista negra a cinco, entre ellos Yusef Nada, uno de los fundadores del banco. Mientras las autoridades estadounidenses investigaban Al Tawqa, o dejaban de hacerlo, Nada, de nacionalidad suiza y residente en Egipto, consiguió eludir una prohibición de viajar impuesta por Naciones Unidas, se fue a Vaduz y liquidó. ¿Cómo pudo ocurrir? Sencillo, la información confidencial no circuló por el sistema financiero, no se estableció una disposición para compartir datos; por el contrario, la tendencia es mantener en secreto la información. Para cuando las autoridades suizas descubrieron lo que Nada había hecho, Al Tawqa era una cáscara vacía.

La situación es incluso más deprimente en el mundo musulmán, donde se ha congelado el 25% de los 75 millones de dólares de fondos del terrorismo islamista desde el 11-S. Arabia Saudí, donde nacieron 15 de los 19 secuestradores del 11-S, ha confiscado menos de 10 millones de dólares. Pero hace sólo unas semanas, la delegación estadounidense en la conferencia de Riad sobre terrorismo elogió a los saudíes por sus medidas antiterroristas. La delegación pasó cuidadosamente por alto el hecho de que Arabia Saudí haya firmado, pero no ratificado, el Tratado de Naciones Unidas de 1999 sobre Supresión de la Financiación Terrorista. Y tampoco mencionó que las autoridades saudíes no nombraron para la lista de Naciones Unidas a un solo miembro de la "lista de los 26 terroristas más buscados", la lista propia de terroristas confeccionada por el reino después de los atentados de Jobar. Al menos siete de esas personas mantenían relaciones económicas con Al Qaeda y Osama Bin Laden cuando éste estaba en Afganistán. Es interesante asimismo que la lista saudí no incluya a Yassin al Qadi, un conocido empresario de Yeda que en octubre de 2001 fue incluido por Estados Unidos en la lista de la OFAC, en la lista de Naciones Unidas y en todas las demás listas contra el terrorismo. Al Qadi está acusado de haber dirigido la Fundación Muwafaq (Ayuda Bendita), con sede en Arabia Saudí, y uno de los frentes de Al Qaeda, que transfirió millones de dólares de ricos empresarios saudíes a Bin Laden. Ahora mismo, Al Qadi dirige su negocio desde Yeda y Malaisia.

Puede que el elogio de la delegación estadounidense se refiriera a la inclusión en la lista de Naciones Unidas de un disidente saudí residente en Londres, Saad al Fagih. Esta acción la tomaron conjuntamente el pasado diciembre Riad y Washington con apoyo del Gobierno británico. De esa forma, el nombre de Al Fagih se ha incluido en la lista de terroristas de todos estos países. Al Fagih dirige el Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (MIRA). Desde su fundación, en 1996, MIRA se ha dedicado a intentar derrocar al régimen saudí por medios pacíficos, como la organización de manifestaciones pacíficas en dicho país y la retransmisión de noticias desde Londres. Naturalmente, no se aportaron pruebas concluyentes sobre la implicación de Al Fagih con Al Qaeda o con Osama Bin Laden. Pero en la guerra ficticia contra la financiación del terrorismo no hacen falta pruebas. El verdadero peligro de usar medidas "preventivas" para luchar contra la financiación del terrorismo no es sólo que haya impedido el desarrollo de una estrategia creíble de prevención, con normas y normativas bien definidas; es que erosiona los principios democráticos y amenaza con transformar en instrumento de represión política la inclusión de personas y empresas en listas negras.

Para nosotros, los europeos, el fantasma de la persecución está a la vuelta de la esquina; no dejemos de escuchar los gritos de las viejas víctimas que todavía resuenan en el Viejo Continente. Mientras Bush y sus homólogos europeos se disponen a interpretar el acto más reciente de la saga ficticia contra el terrorismo, el mensaje codificado en el escepticismo de los mercados financieros es "dejad de fingir que lucháis contra la financiación del terrorismo y dadnos hechos y legislaciones sólidas". La mayoría de los occidentales y de los musulmanes, atrapados en la zona crepuscular donde los hechos ya no se distinguen de la ficción, ciertamente se mostrarían de acuerdo con ese mensaje.