Recomendaciones

El PP, tal como estaba previsto, se desmarcó ayer de las recomendaciones aprobadas en la comisión del 11-M por todos los demás grupos. Es una decisión arriesgada para su capital político y de comprensión bastante difícil, incluso para su electorado. Sus propios dirigentes admiten no oponerse al conjunto del largo centenar de medidas destinadas a una mejor prevención del terrorismo islamista y a la asistencia a las víctimas del múltiple atentado que causó 191 muertos (a los que se suma el geo que murió tres semanas después en Leganés). Resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por los populares sobre la necesidad de seguir investigando en sede parlamentaria cuando, sin duda, es mucho más importante centrarse en el desarrollo de las pesquisas judiciales y policiales.

Las medidas no tienen en realidad valor legal, pero prácticamente en su totalidad las hará suyas el próximo viernes el Consejo de Ministros, que las enviará al Congreso para su futuro refrendo. Son fruto de lo que emergió en los debates de la comisión y que quedó meridianamente patente antes de que este órgano se constituyera el pasado julio a instancias sobre todo del PP; es decir, las enormes lagunas que puso en evidencia el atentado. Son recomendaciones para una mayor coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado, el refuerzo de especialistas y traductores árabes, la dispersión de presos, el control de explosivos, la cooperación con terceros países, así como la integración de la comunidad musulmana en España. Pero también para acelerar indemnizaciones a las víctimas, facilitar su reinserción social y preservar su intimidad.

Rajoy intentó ayer en Sevilla justificar la falta de apoyo de su partido a estas recomendaciones. Calificó de "fraudulento" y "partidista" el documento aprobado. Son declaraciones gruesas, difícilmente sostenibles por muy legítima que pudiera ser la tesis del PP en contra de trocear las conclusiones sobre el 11-M. La comisión espera tenerlas en mayo. Lógicamente, sería deseable que contaran con un apoyo unánime, pero, a la luz de los hechos, parece casi imposible.

Es difícil sustraerse, en vísperas del aniversario de la tragedia, a una cierta sensación de amargura que rezuma todo lo que gira en torno al 11-M, a excepción de la labor del juez instructor y de los éxitos policiales en la captura de los presuntos culpables. Las asociaciones de víctimas -a su vez, divididas- se niegan a participar en ningún acto conmemorativo oficial. Y no pocos han cuestionado la utilidad de la comisión, en donde los enfrentamientos entre PSOE y PP y las obsesiones del anterior Gobierno en buscar otros orígenes en la acción distintos al islamista han servido para envenenar sin propósito un clima ya de por sí crispado.