"Me planteé dimitir, pero antes tengo que arreglar el Carmel"

Joaquim Nadal (Girona, 1948), consejero de Política Territorial y portavoz del Gobierno catalán, lleva unos días concentrado en el caso Carmel, que estalló primero en el subsuelo, con el hundimiento de las obras de ampliación del metro, y luego en el Parlamento catalán, tras la alusión al "3%" por parte del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Fue alcalde de Girona y hay quien dice que desde su nuevo cargo actúa, en realidad, como "alcalde de Cataluña". Se ha visto obligado a aceptar dos dimisiones y se ha planteado, incluso, abandonar "por motivos egoístas".

Pregunta. Desde el hundimiento, el 27 de enero, hay gente fuera de su casa y la perspectiva es seguir así meses. ¿Cuándo volverán los vecinos a sus viviendas?

"El Gobierno se fija como objetivo la modificación de leyes, controles, inspecciones, auditorías, para evitar cualquier suspicacia"

"Vivimos sólo para que la gente tenga toda la información necesaria y la solución, y pueda volver con garantías a su casa cuanto antes"

Respuesta. Desde hace 10 o 12 días estamos ya dedicados a trabajar para el retorno. No es fácil, porque hay desconfianza, a veces razonable fruto de la primera marcha atrás. Al final, hemos encontrado la fórmula adecuada para abordar con cierta tranquilidad el retorno de los vecinos, distinguiendo en varios tipos de afectados, de peor a mejor. Primero, las 34 familias que se han quedado sin nada. 34 con los que acabamos de llegar a un acuerdo. Tendrán un piso nuevo y un conjunto de compensaciones que intentan valorar aspectos muy diversos. Segundo grupo: las 90 familias que viven en las 12 viviendas que deben ser objeto de trabajos complejos de recimentar, rehabilitar y restaurar. Tercero: los que están en la zona de más inmediata influencia del hundimiento, pero no tienen estos problemas de carácter estructural. Y finalmente, los de la zona más alejada.

P. Pero no han empezado las inspecciones de las viviendas.

R. El lunes empiezan las de la zona más alejada del hundimiento. La gente podrá empezar a volver a su casa. Volver no significa renunciar a nada que signifique la liquidación patrimonial objeto de reclamación que formularemos a las compañías de seguros, la constructora y la dirección de obras.

P. ¿Qué reclaman?

R. Daños patrimoniales a las casas, a la vía pública y a la propia obra. Ahora estamos en los certificados. Uno es el de los tres técnicos que firmaron la primera vez. A la fuerza, porque son los que tienen los contratos con GISA para hacer la obra y deben decir que como responsables responden de que la gente puede volver.

P. Estos días se han visto pancartas con el lema: "Soluciones sí, política no". ¿Le resulta duro?

R. Sí. Mil personas se pueden sentir informadas de modo insuficiente. Pero hemos hecho cosas. ¿La gente ha ido cobrando las dietas?: sí. ¿La gente ha ido cobrando los anticipos?: sí. ¿Los establecimientos comerciales están cobrando los anticipos por estar cerrados o haber perdido ingresos?: sí, están empezando. Creo que encontraríamos gente que dice: "A mí no me gusta vivir en un hotel y además paso días y días y días sin saber qué ocurre". Pero, yo y toda la gente que me rodea y el resto de miembros del Gobierno, vivimos sólo para que la gente tenga toda la información necesaria y la solución y que pueda volver con garantías a su casa cuanto antes mejor.

P. Están buscando responsabilidades en las empresas de la obra.

R. Es inevitable. Hay una querella de dos comerciantes. Una juez ha abierto diligencias e iniciado un proceso en el que además admite que hay daños y estragos. La Generalitat, que comparece como responsable civil subsidiaria, también lo hace como parte activa reclamante. En los términos de los contratos que tenemos firmados, del Gobierno con GISA, de GISA con la dirección de obras, y de GISA con la empresa contratista.

P. Ha dejado fuera a los autores del proyecto constructivo.

R. Creo que en algún momento, si se pasa de lo civil a lo penal, también se tendrá que requerir a los autores del proyecto.

P. ¿Cuándo se reanudarán las obras del metro?

R. Después, los trabajos para asegurar y adecentar y con todas las garantías de información pública, de control técnico, de auditoría del proyecto, de definición de los trazados, de las soluciones técnicas y del método constructivo reemprenderemos las obras.

P. ¿Con la misma empresa?

R. Previsiblemente, el coste del modificado nos obligará a licitar, y eso quiere decir que puede ganar otra empresa.

P. En el Parlamento dijo usted que el sistema de adjudicación de obras era perverso.

R. El punto de perversión deriva de que hay un momento en que GISA deja de controlar la calidad y la gestión de la obra y pasa a hacer únicamente supervisión. El concepto supervisión para una obra de tanta envergadura puede llegar a ser muy light.

P. Criticó también la subcontratación.

R. Lo que ocurre es que la subcontratación es inherente al sistema y en cierta manera se escapa al control de la propia Administración. Pero produce distorsión.

P. ¿Debe modificarse?

R. Como parte del proceso que habíamos iniciado para cambiar las reglas del juego y diseñar un sistema más competitivo, más transparente, más abierto, más discrecional.

P. Control, transparencia, ¿no es un merodeo en torno al denominado "problema del 3%"?

R. No, no. Lo del 3% es un episodio concreto. Primero tiene un efecto sorpresa y luego provoca una reacción sorpresa tras una reiteradísima provocación, que en algún momento fue ofensiva, por parte del presidente del grupo parlamentario de CiU [Artur Mas]. Dicho lo que se dijo, la desproporción de la reacción llevaría a una interpretación de lo dicho más allá del espíritu de literalidad semántica de la frase. Lo que yo estaba haciendo, lo que quería hacer y lo que continuaré queriendo hacer es definir un marco y unas reglas del juego para la gestión y adjudicación de la obra pública.

P. El conseller en cap [Josep Bargalló] dijo el martes que "a partir de ahora, la transparencia será del 100%". ¿Hasta la fecha no lo era, era del 97% o del 95%?

R. Quiero pensar, y pienso que el "de ahora en adelante" se refiere a desde el cambio de Gobierno. Porque así lo acordamos en el Pacte del Tinell y porque yo me comprometí a hacerlo. Es evidente que desde que el 23 de diciembre entra un nuevo Gobierno y se fija como objetivo la modificación de leyes, controles, inspecciones, auditorías, para evitar cualquier suspicacia, y por lo tanto situemos las cosas en el terreno de las certezas no en el incierto terreno de las suspicacias. Disipémoslas

P. Están también los susurros de los constructores. Algunos no lograban adjudicaciones en Cataluña. Y cuando se les pregunta por qué no lo denuncian en voz alta dicen que no han renunciado a trabajar algún día.

R. Esto lo dicen los constructores y no lo digo yo ni lo dice el presidente de la Generalitat. Situemos las cosas en un punto en el que quede claro, porque estamos inmersos en un procedimiento judicial, en un intento de judicialización radical de la política catalana hasta el extremo de plantearlo en términos de querella. La frontera en la que nosotros situamos las cosas es la que debe permitir que si alguna vez hubiera ocurrido, como hay quien dice que ha ocurrido, el marco general de la adjudicación de obra pública de Cataluña lo impida.

P. ¿A usted no se lo han dicho?

R. Yo no tengo ninguna evidencia de carácter documental, desde el primer día en el cargo, que me permita acudir con una acusación de este tipo a la fiscalía. Y si la hubiera tenido ya lo habría hecho.

P. Usted ha aceptado la dimisión de Jordi Julià, director general, y Ramon Serra, presidente de GISA, con el añadido de que "no eran responsables". Entonces, ¿por qué les admite la dimisión?

R. Se ha llegado a pedir la dimisión al presidente de la Generalitat; la mía; la del conseller en cap y la de dos o tres consejeros más. Es el momento de los excesos verbales. En las resoluciones no. El túnel se adjudica en 2002, pero se nos cae a nosotros. Y asumimos una responsabilidad política que situamos en el presidente de la empresa pública que contrata la dirección de obras y que es un cargo político; nombramiento directo a propuesta mía, y el director general que firma la autorización para el inicio de las obras de un modificado que había autorizado a redactar aquel mismo día.

P. Usted, ¿ha pensado en irse?

R. Me lo he planteado. Me he preguntado: "¿Cuál es tu grado de responsabilidad política para decidir si debes dimitir?" En primer lugar, tentaciones de dimitir, a montones. Para leer, escribir, pasear, tomar el sol, ver el mar, descubrir que hay vida más allá de los problemas de la vida cotidiana de mucha gente, ver a mis hijos, ser abuelo un día de estos... Pero son motivos egoístas para dimitir. En cambio dimitir por el hecho de aceptar que tienes una responsabilidad política sobre el derrumbe, para mí, sería como dimitir de las responsabilidades políticas que quiero asumir para resolver los problemas que esto ha originado.

P. Había un sistema de contratación que era perverso. ¿Cuántas más obras hay en esta situación?

R. Acabadas, muchas.

P. ¿Hay muchas obras acabadas que podrían tener problemas?

R. No. Me refiero a la situación administrativa.

P. Estas irregularidades que en una empresa privada tendrían consecuencias, ¿no las tienen en la Administración pública?

R. En mi caso han tenido unas. Ahora las deberán tener en la aceleración de la reforma que las haga totalmente imposibles. Pero la atribución de responsabilidades retrospectivas es un juego dialéctico, en la medida en que quien ha perdido el poder ya lo ha perdido.