Ambicioso e irregular

Era ya hora de que el Gobierno de Zapatero mostrara abiertamente sus cartas en materia de política económica. El llamado Plan de Dinamización, presentado ayer por el vicepresidente Pedro Solbes, es un intento ambicioso de ordenar la acción económica de todo el Gobierno -y no sólo de Economía o Industria- para mejorar la productividad de la economía, liberalizar la competencia de los mercados de servicios y aclarar a los agentes económicos, sobre todo a las empresas, las líneas de acción en los próximos años. Al menos no podrá decirse en adelante que el Ejecutivo alimenta la incertidumbre económica o incurre en una gestión económica poco transparente.

Como expresión de voluntad legisladora, el plan es un proyecto con virtudes y defectos. De las primeras, una de las más notables es el esfuerzo de coordinación interministerial necesario para poner en pie 90 medidas, con distintos grados de precisión y rango normativo. Se cuentan proyectos de ley y reales decretos, pero también mandatos que instan a la actuación de distintos ministerios. Además de esta intención explícita de implicar a todos los departamentos económicos, los coordinadores del plan han tenido el buen gusto de incluir plazos máximos de realización y proponer indicadores para comprobar el grado de cumplimiento. Como no se trata de medidas de choque, puesto que la buena evolución inmediata de la economía no las requiere, se espera que sus efectos se advertirán a medio y largo plazo, lo que justifica más si cabe la necesidad de seguimiento de la elaboración, aplicación y efectos de las propuestas.

Ahora bien, la precisión y eficacia esperable es irregular. Por ejemplo, una nueva Ley de Capital Riesgo es necesaria para impulsar la inversión en investigación y nuevas tecnologías; algunas decisiones tienen carácter inobjetable, como la liberalización total de la distribución del tabaco, la aprobación prevista de operadores virtuales en telefonía o la congelación del pago de los CTC (Costes de Transición a la Competencia) a las eléctricas. Otras revelan un arrojo menor. La creación de una Agencia Nacional del Alquiler zanja un compromiso electoral y la bonificación del 85% en el impuesto de sociedades a las empresas que se dediquen al alquiler ativa el mercado, pero quizá sería más eficaz promover reformas legislativas que aporten más seguridad jurídica a los propietarios de pisos.

Por encima de la eficacia prevista de las medidas y de la escasa concreción de algunas, todas ellas se orientan en la dirección correcta. El debate parlamentario modificará o reforzará algunas. De lo que no hay duda es de que se presentan con objetivos claros -productividad y liberalización de los mercados- y procedimientos transparentes; que es más de lo que se puede decir de otros paquetes económicos anteriores.