Convulsión en Argentina por el tráfico de drogas en el aeropuerto de Buenos Aires
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La aparición de cuatro maletas en el aeropuerto de Barajas con unos 60 kilos de cocaína procedentes de Buenos Aires ha provocado un escándalo en Argentina cuyas consecuencias ya han sacudido los cimientos de la Fuerza Aérea -con la destitución de su jefe y otros 10 generales- y amenazan con proyectarse sobre el Gobierno de Néstor Kirchner. En el asunto se mezclan la corrupción administrativa y policial con el ocultamiento de hechos por parte de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles.
Lo que en principio era un golpe importante en la lucha contra la droga asestado el pasado 17 de septiembre por la Guardia Civil en Barajas, comenzó a complicarse cuando en octubre, al conocer los mandos de la Fuerza Aérea argentina que a la capital española habían llegado cuatro maletas con cocaína con la etiqueta "Embajada Argentina en España, Madrid", no informaron al ministro de Defensa argentino, José Pampuro. La Fuerza Aérea es la encargada de la seguridad en los aeropuertos internacionales argentinos y al frente de Ezeiza (aeropuerto de Buenos Aires), origen del envío, estaba el comodoro Alberto Beltrame.
El alijo había llegado en un vuelo de la compañía Southern Winds, que puso una denuncia y el juez argentino Carlos Liporace se hizo cargo de la investigación. El magistrado ordenó el 28 de diciembre la detención de tres empleados de la empresa, entre ellos, Walter Beltrame, hijo del militar de la Fuerza Aérea al mando en Ezeiza.
Y ahí se destapó el escándalo. Beltrame hijo estuvo prófugo hasta el pasado jueves cuando se entregó a la policía. Ya para entonces su padre había sido destituido por un presidente que, prácticamente, se enteró del asunto por la prensa y cuyo ministro de Defensa apenas pudo darle explicaciones sobre el caso porque a él mismo le habían sido ocultados datos por los militares. "Tenían la obligación de informar al ministro y al presidente", les recriminó Kirchner durante este fin de semana.
"No tiene sentido que yo salga a defender a mi hijo, cualquier padre lo haría, pero no me puedo creer lo que me están haciendo", se quejaba el comodoro destituido ayer a Clarín. Beltrome padre, que en principio no está imputado, se encuentra en el punto de mira de las investigaciones, ya que su hijo tenía permisos para circular por áreas del aeropuerto que, como empleado de una compañía aérea debería tener restringidas.
La clave del escándalo está en los controles ejercidos en el aeropuerto contra el tráfico de drogas y explosivos, que en parte son realizados por empresas privadas, y en la cantidad de personas de diferentes estamentos que debían estar al tanto de lo que estaba sucediendo. El juez Liporace ya ha declarado que no cree que se trate de un envío de droga esporádico, sino más bien de un auténtico puente aéreo de estupefacientes.
'Maletas voladoras'
Las autoridades argentinas intervinieron, sólo el año pasado, un total de 50 maletas voladoras, es decir, equipaje cargado de droga que no lleva ningún pasajero y que es recogido por alguien perteneciente a la red de traficantes en destino. En este caso el operativo policial normal, que fue el que siguió la Guardia Civil en Barajas, es esperar a que las maletas sean recogidas y seguir a los traficantes para detener al mayor número posible de implicados. Sin embargo, en el caso de Barajas nadie recogió las maletas.
La reacción del presidente argentino ha sido fulminante. Con una firma destituyó al jefe de la Fuerza Aérea y a otros 10 generales y todavía está estudiando la destitución de otros cinco, dato que se conocerá la semana entrante. Pero la clase política cree que no es suficiente y apunta directamente contra el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli. También se encuentra en una posición delicada el ministro de Defensa, a quien la oposición acusa de no saber lo que estaba pasando.
![Policías de aduanas conducen a Beltrame a las dependencias del cuerpo policial, donde permanece detenido.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RWNJS2GR3AXULCB47EX5HSME6Y.jpg?auth=6255cf100a4297325c7959adf84b50ddcc44d629cd6cb53d696d730dd75b5fd1&width=414)
Un rompecabezas
En el rompecabezas que trata de ordenar el juez Carlos Liporace aparece una pieza que, aunque no acaba de encajar, algo tiene que ver con la trama, según apuntan los investigadores. Se trata de un matrimonio de jubilados españoles, Ramón González y Elena Toimil -en la actualidad detenidos en Cádiz por otro caso de tráfico de cocaína-, quienes se desplazaban frecuentemente a Argentina en vuelos de la compañía Southern Winds.
El 5 de diciembre volaron de Buenos Aires a Madrid con un equipaje de 68 kilos y el 12 de diciembre eran detenidos en Cádiz con 16 kilos de cocaína. Su abogado en España asegura que los frecuentes viajes a Buenos Aires eran para atender los problemas odontológicos de la pareja. Liporace estudia la petición de extradición de ambos si comprueba su relación con la red descubierta en Ezeiza.
Respecto a la otra parte implicada en el escándalo, la compañía aérea, un portavoz de Southern Winds en España declaró que había sido la propia empresa la que presentó la denuncia que ha desencadenado los hechos.
Liporace ya ha interrogado al principal sospechoso, Walter Beltrame, jefe de base de la compañía en Ezeiza, a Claudio Baudino, supervisor de tráfico, y a Fernando Arriete, jefe de ventas internacionales.
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